La victoria de En Comú Podem el 20 de diciembre cerró en Catalunya el ciclo corto que se inició un año antes, el 9 de noviembre de 2014, cuando Artur Mas, en un acto de funambulismo monumental, salió indemne de lo que muchos calificaban ya de su muerte política. Su supervivencia se saldó con la quiebra de esa mayoría social que apostaba por el derecho a decidir iniciándose una dinámica de bloqueo entre bloques antagónicos pero debidamente retroalimentados que tuvo su principal expresión en las elecciones del 27S. El procés como expresión social de una corriente de fondo eminentemente democrática mutaba en un supuesto institucional de huida hacia adelante donde el objetivo era mantener a Artur Mas como gran timonel al tiempo de poder refundar con garantías una CDC corroída por la corrupción. Se reproducía la identificación país-partido como herencia viva del pujolismo.
Pese a imponerse el marco plebiscitario en las elecciones catalanas, lo relevante no fue tanto que el 'sí' a la independencia no obtuviera la mayoría de votos de una sociedad catalana lo suficientemente plural y compleja, sino que Artur Mas obtuvo el 'no' para formar gobierno. Entonces el sainete se adueñó de la política catalana. Pero el 20 de diciembre, los y las catalanas mandaron un mensaje: el referéndum para que el pueblo de Catalunya pueda resolver democráticamente la cuestión de su encaje en España se demuestra a la postre cómo la única vía que puede dar salida a la realidad social y política de Catalunya.
Este marco acelera un proceso de recomposición del espacio de ruptura en Catalunya que se ha ido vislumbrando a medida que avanzaba el ciclo electoral; se trata pues del reordenamiento y avance de diferentes actores políticos, unos nuevos y otros no tanto, hacia un espacio común, con el claro objetivo de consolidar una mayoría social y política en Catalunya que, sobre la base de los derechos humanos, la democracia real y el derecho a decidir, esté en condiciones de abrir brecha hegemónica y redefinir la centralidad política en Catalunya para así disputar el gobierno de la Generalitat.
Porque la vuelta al dret a decidir i sant tonrem-hi respalda las tesis en favor de ampliar el espectro social de esta apuesta de altura, partiendo de que el espacio rupturista en Catalunya es plural y de una gran complejidad. Si bien las clases medias (en especial la barcelonesa, de donde proceden gran parte de los activistas y militantes políticos de la izquierda) que quedaron en buena medida capturadas por el proceso soberanista se han visto seducidas por la posibilidad de recomponer en torno al liderazgo de Ada Colau, los barrios y pueblos de cultura popular y trabajadora, sobre todo de las distintas coronas del área metropolitana donde el PSC había sido mayoritario, se sienten fuertemente interpelados por Podemos.
Por ello, Podem está llamado a jugar un papel fundamental en este proceso, en el que por lógica tendrá que gravitar con personalidad propia, pues garantiza la inclusión de amplios sectores populares tradicionalmente excluidos de la política catalana que no se sentirían referenciados sin el estilo y la actitud plebeya de la formación morada. Porque en el fondo, de lo que trata este proceso de confluencia es de redefinir y actualizar el catalanismo popular como apuesta de mayorías en clave de ruptura democrática, que hoy por hoy no puede pasar ni por la continuidad del marco autonómico, que es baluarte y a la vez, entre otros, elemento detonador de la crisis de régimen que vive nuestro país, ni por la desvinculación de un proyecto común para España.
Asimismo, Podem tendrá que intervenir como fuerza eminentemente catalana, con entidad jurídica propia, que además de emanar de la realidad nacional en que interviene, conecta con lógicas de descentralización y autonomía territorial iniciadas una vez acabado el ciclo electoral en el marco de construcción de la organización por abajo. Avanzar en esta apuesta ha de permitir generar las condiciones para definir una propuesta para Catalunya desde Catalunya, que, sin duda, conecta con una vocación plurinacional basada en el reconocimiento de España como un país de países donde las naciones que lo integran son sujetos soberanos capaces de decidir su futuro político a todos los niveles.
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