Barcelona debe ser la capital de los Derechos Humanos. Una capital internacional que desde el sur de Europa pueda interpelar al resto del mundo. Barcelona debe recuperar su larga memoria de resistencia y afirmación de la libertad. Y levantarse contra las injusticias sufridas en nuestro país o más allá. Ya sea en el CIE de la Zona Franca, en las playas de Lesbos o en la propia frontera sur.
El Gobierno de la capital catalana ha movido ficha. Y todavía tiene que mover muchas más. No hemos venido para figurar en las fotos. Ni a que la maquinaria institucional nos haga un lavado de memoria y se nos olvide de dónde venimos. Hemos venido a transformar la sociedad. Ayer, por ejemplo, presentamos dos mociones en el pleno del Ayuntamiento. Una para acabar con la derogación de la Ley Mordaza. La otra destinada a frenar el ingreso en prisión de los ocho condenados por su presencia en la concentración de Aturem el Parlament del 2011. Y hoy, volveremos a estar en la enésima gran movilización ciudadana para reclamar el cierre definitivo del CIE de la Zona franca. El 24 de mayo del año pasado dijimos que llevaríamos los anhelos de la calle a las instituciones. Y este es nuestro compromiso.
Barcelona no es una ciudad sumisa. Es la ciudad heredada, exigente y desafiante. La que no baja la cabeza y dice “no” a la guerra. La que exige “papeles para todos” y clama indignada en las plazas. La que tiene un gobierno que quiere instaurar un “nunca más” para evitar espacios de barbarie en la ciudad. El Gobierno del Estado debe escuchar, y respetar, este clamor que viene de las instituciones. Del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlament. Que viene de los vecinos y vecinas, de expertos y asociaciones de Derechos Humanos. De todos aquellos que salen a la calle, año tras año, a expresar la vergüenza de convivir con unos muros indignos de exclusión social y construidos contra la voluntad de los ciudadanos.
En realidad, esta apelación no es una llamada a la buena voluntad del Ejecutivo español. Es una exigencia de respeto. De respeto a los derechos humanos. Pero también de respeto a nuestra propia soberanía. Lo decimos con humildad, pero también con la rotundidad que nos da gobernar la capital de Catalunya. No podemos tolerar -después de 10 años de casos de extrema gravedad- la persistente vulneración de derechos fundamentales. No nos podemos quedar de brazos cruzados, impacientes. Por eso hemos movido ficha. A raíz de la presión ciudadana, organizada en torno a la plataforma Tanquem el CIE, hemos dado pasos decisivos para garantizar que ninguna persona sea identificada y detenida por cuestiones raciales. O privada de libertad por el solo hecho de encontrarse en situación administrativa irregular. Por este motivo, hemos dado indicaciones a la Guardia Urbana y a todos los cuerpos policiales que actúan en Barcelona para evitar cualquier identificación basada en el perfil racial. Ni los prejuicios ni los estigmas nos ayudan a construir una ciudad igualitaria, diversa y mestiza como es Barcelona.
Por último, cabe recordar que Barcelona tampoco es una ciudad desmemoriada. A la luz de este relato tiene más sentido que nunca mantener los ojos abiertos y viva la memoria de todas las víctimas de la barbarie. Las víctimas del presente. Como las privadas de libertad en condiciones indignas por una simple falta administrativa. Como las deportadas a 30 grados bajo cero. O las que pierden la vida en las costas del Mediterráneo. Pero también, las víctimas del pasado. Como las que descansan en las fosas de la represión franquista. O las que se redujeron a ceniza hace más de 70 años en los crematorios de la banalidad. Como decía este jueves la alcaldesa Ada Colau en el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, su recuerdo es el mejor antídoto contra el resurgimiento de los viejos fantasmas del pasado. Debe ser una señal de alarma que nos advierten del riesgo de naufragio del mejor legado europeo de justicia y fraternidad.
Precisamente, un 30 de enero de hace 78 años vivimos uno de los episodios más negros de nuestra historia. En uno de sus rincones más íntimos de Barcelona, en la plaza de San Felip Neri, la aviación de Mussolini bombardeó sin escrúpulos una guardería infantil. También el eco de aquellos niños asesinados por el fascismo resuena hoy por las calles de nuestra ciudad. Nos exigen dignidad, verdad y memoria. Que llegamos hasta el final en la investigación criminal en la que el Ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada. Y nos recuerdan, como decía Marcuse, que “olvidar el sufrimiento del pasado es olvidar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar estas fuerzas”. Contra la rendición del tiempo, exigimos la restauración de un imperativo ético que proviene de todos estos lugares de memoria herida. Nunca más Auschwitz. Nunca más bozales ni chivos expiatorios. Nunca más bombas. Nunca más CIEs.
Barcelona debe ser la capital de los Derechos Humanos. Una capital internacional que desde el sur de Europa pueda interpelar al resto del mundo. Barcelona debe recuperar su larga memoria de resistencia y afirmación de la libertad. Y levantarse contra las injusticias sufridas en nuestro país o más allá. Ya sea en el CIE de la Zona Franca, en las playas de Lesbos o en la propia frontera sur.
El Gobierno de la capital catalana ha movido ficha. Y todavía tiene que mover muchas más. No hemos venido para figurar en las fotos. Ni a que la maquinaria institucional nos haga un lavado de memoria y se nos olvide de dónde venimos. Hemos venido a transformar la sociedad. Ayer, por ejemplo, presentamos dos mociones en el pleno del Ayuntamiento. Una para acabar con la derogación de la Ley Mordaza. La otra destinada a frenar el ingreso en prisión de los ocho condenados por su presencia en la concentración de Aturem el Parlament del 2011. Y hoy, volveremos a estar en la enésima gran movilización ciudadana para reclamar el cierre definitivo del CIE de la Zona franca. El 24 de mayo del año pasado dijimos que llevaríamos los anhelos de la calle a las instituciones. Y este es nuestro compromiso.