Podemos y las alianzas que ha articulado en Catalunya (En Comú Podem), Galicia (En Marea) y Valencia (Compromís-Podem-Ara és el Moment), no son partidos políticos al uso, ni siquiera un proyecto político unívoco, sino más bien la expresión política más acabada de una corriente profunda de cambio, que eclosionó en el ciclo de movilización 2010–2014 y el 15M como respuesta a la gestión de la crisis en favor de la oligarquía financiera. Esta gestión, con recortes en derechos básicos de la mayoría y con un blindaje de las políticas de austeridad y centralizadoras con el artículo 135 de la Constitución Española, ha derivado en una crisis de régimen político muy profunda. Mirar hacia otro lado y hacer como si no hubiera sucedido no es una opción. El bipartidismo ha quebrado y se abre una brecha constituyente.
Las cinco garantías constitucionales que propone Podemos –blindaje de los derechos sociales, garantías contra la corrupción, independencia de la justicia, plurinacionalidad y derecho a decidir (con realización de referéndum en Catalunya), así como democracia real con posibilidad de revocatoria y proporcionalidad en la ley electoral– son una concreción de mínimos de ese deseo de cambio. No representan una propuesta de partido sino una propuesta de país, un acuerdo de convivencia que da salida política a la actual crisis de régimen y supera la escisión social a la que nos aboca el inmovilismo.
La altura de miras y el sentido de Estado del que presumen las fuerzas del régimen del '78 debería llevarles a buscar una salida política en el sentido que reclama la ciudadanía. Prolongar las políticas de negación de los deseos populares sólo lleva al estancamiento doloroso de la crisis de régimen. Romper con la austeridad, democratizar la democracia y garantizar la prioridad de los derechos y las vidas de las personas por encima de los intereses de la gran banca son imperativos.
Los cambios menores, cosméticos o reactivos en la Constitución que no den respuesta a estas demandas no van a servir. La investidura de un gobierno continuista que gestione lo mismo con un cambio de sensibilidad tampoco. Es irresponsable no abordar los debates de fondo planteados e intentar trampear con grandilocuentes palabras y pobres concreciones. Las fuerzas del cambio no van a ser cómplices de operaciones en ese sentido.
Una amplia alianza que permita una mayoría para entrar al fondo de los debates constituyentes que se están dando en los hogares y en las calles de nuestro país sería razonable y deseable. Un gobierno expresión de la nueva mayoría social con el objetivo de convocar unas verdaderas elecciones constituyentes en un plazo de uno o dos años, periodo en el cual se reformaría la ley electoral, se reclamaría la devolución de los 60.000 millones del rescate bancario derogándose también el artículo 135 y se pondría fecha y condiciones para el referéndum en Catalunya. Un gobierno presidido por una personalidad de reconocido prestigio y amplia aceptación, sensible al momento constituyente que vivimos y con amplio respaldo parlamentario sería la única salida sería a la actual situación política. Si no hay la altura de miras ni la responsabilidad de leer en los acontecimientos y los resultados electorales la voluntad política de la ciudadanía más allá de la aritmética parlamentaria, quedará en evidencia la incapacidad de las fuerzas del viejo régimen del '78, especialmente la del PSOE, para formar parte del nuevo país que está naciendo.
Óscar Guardingo es senador de En Comú Podem, Luis Juberías y Marc Llaó son miembros de Podem Catalunya
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