La oposición fuerza a Colau a debatir una apertura parcial de nuevas licencias turísticas
Si el lunes fueron los manteros, este martes ha sido el turismo. Por segundo día consecutivo la oposición ha forzado una comisión extraordinaria para poner palos en las ruedas a unas de las medidas estrella de los primeros días de mandato de Ada Colau, la suspensión de licencias de alojamientos turísticos durante un año. En concreto, el gobierno municipal deberá presentar en un mes una propuesta de levantamiento parcial de la suspensión vigente “en aquellos barrios y para aquellos epígrafes de actividad que no generen conflicto”. Al igual que el lunes, CiU, C's, ERC, PSC y PP han unido sus votos para sacar adelante la propuesta, y sólo la CUP ha votado con Barcelona en Comú para rechazar la proposicin presentada conjuntamente por C 's y PSC. El debate sobre la apertura parcial a nuevas licencias de alojamiento turístico en algunos barrios de la ciudad está servido.
Según los grupos que han dado luz verde a la proposición, el objetivo de la propuesta de levantamiento parcial es “no detener innecesariamente la actividad económica en la ciudad y la generación de empleo” en aquellos barrios donde los alojamientos turísticos “no generen conflicto”. La suspensión de licencias fue decretada el pasado mes de julio, con el objetivo de preparar una regulación nueva para el primer trimestre de 2016. Pocos días después de ser aprobada la suspensión, los promotores del hotel en la torre Agbar ya encontraron la manera de saltársela.
La oposición ha sacado la artillería contra el gobierno municipal acusándolo de tomar decisiones sin evaluar las consecuencias. Las concejalas de CiU y Ciutadans, Sònia Recasens y Carina Mejías, han coincidido al tildar la suspensión de “alcaldada”. El jefe de filas del PSC, Jaume Collboni, ha considerado que Colau sólo buscaba “el impacto del titular”, mientras que desde ERC, Jordi Coronas ha acusado al gobierno de generar “una situación de inseguridad jurídica”. “Me pregunto si se han evaluado consecuencias de la moratoria como la pérdida de puestos de trabajo”, ha agregado Coronas. Por parte del PP, Javier Mulleras ha asegurado que el gobierno municipal ha querido “matar moscas a cañonazos” con la suspensión.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del ayuntamiento, Janet Sanz, ha recordado que el gobierno ya presentó informes a la oposición antes del plenario extraordinario sobre turismo que se celebró a finales de julio. También ha defendido el carácter temporal de la suspensión de licencias de alojamiento turístico, y ha razonado que si afecta al conjunto de barrios de la ciudad es para poder tener una “foto global” y encontrar una solución a la concentración turística de barrios como Ciutat Vella. “No hay implicaciones jurídicas, el sector lo ha entendido”, ha añadido Sanz. Por su parte, el concejal de la CUP Josep Garganté ha reprochado a los grupos que han votado a favor de la proposición ser los “representantes” de los lobbies turísticos y buscar el “desgaste” del gobierno, ya sea utilizando los manteros o el vecindario que sufre las consecuencias del turismo.
Un plan en un mes para “justificar” la suspensión
Pero Colau no sólo deberá presentar dentro de un mes una propuesta de levantamiento parcial de la suspensión de licencias de alojamientos turísticos. El gobierno municipal también deberá entregar a la comisión de Economía y Hacienda los informes que “analizan” el impacto económico de la medida y “justifican” la aplicación de la misma a todos los barrios de la ciudad. Los grupos que han votado a favor de la propuesta consideran que hay barrios donde los alojamientos turísticos “no conllevan ningún tipo de problema, y por el contrario podrían servir para reactivar la economía”. Colau también deberá presentar una estimación de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que pueda causar la suspensión.
Asimismo, entre los informes que deberá realizar el gobierno municipal, se deberá incluir un estudio técnico actualizado que muestre la distribución por barrios de los alojamientos turísticos según su tipología, y un análisis del grado de saturación turística de cada barrio, que según el texto aprobado deberá basarse en la relación entre población turística respecto a la población total.
