Dos de dos. Las decenas activistas y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Sabadell (PAHC) que comparecieron ante el juez la semana pasada, en dos causas diferentes, han quedado absueltos. Tanto las 28 personas que ocuparon una sucursal de Unnim durante casi 72 horas para pedir una dación en pago, como los dos miembros de la PAHC y su abogada, que mediaron con la policía durante la ocupación de un edificio para a realojar a familias víctimas de desahucios, han sido considerados inocentes.
A la espera de hacer una primera valoración tras haber analizado en profundidad las dos sentencias, desde la PAH local se muestran satisfechos por el desenlace de los dos juicios celebrados en el juzgado de instrucción número 6 de Sabadell. Días antes, los activistas pusieron en marcha una campaña de denuncia contra lo que consideraban un intento de “criminalización” de su tarea. “¿A quién se ha de perseguir, a nosotros o a ellos?”, se titulaba la campaña.
Una solución para Ahmed y un techo para 11 familias
En el caso de la ocupación de la sucursal de Unnim, la acción tenía como objetivo conseguir la dación en pago y un alquiler social para una familia vecina de la localidad, la de Ahmed. La protesta forzó la negociación y al final la petición fue finalmente atendida por la entidad financiera. Durante 72 h los activistas ocuparon la sede bancaria, hasta que los desalojaron los Mossos d'Esquadra. Por ocupar aquellas dependencias fuera del horario de atención al público se imputó a 28 personas, entre ellas el diputado de la CUP Quim Arrufat.
En el caso de los dos activistas y la abogada imputados, se les acusaba de desobediencia a la autoridad, por unos hechos que los propios acusados ​​definieron como una mediación con la policía. Durante la ocupación de un edificio de 40 viviendas en Sabadell, con la intención de alojar a familias víctimas de desahucios, el pasado 13 de abril, la policía se presentó para identificar a los ocupantes. Los acusados, según su relato, reclamaron la autorización a los agentes en primera instancia, pero luego accedieron a dejarles entrar sin resistirse.
Actualmente, en el bloque en cuestión, propiedad de la Sareb -el denominado banco malo-, viven una decena familias. El banco intentó desalojar el inmueble de forma cautelar, pero la juez lo desestimó al considerar que la Sareb no hacía efectiva la función social que condiciona el derecho a la propiedad privada.