El Parlament está a medio gas desde el 14 de febrero pasado, cuando se celebraron las elecciones. A la espera de que se logre una investidura, la Cámara catalana no ha celebrado hasta ahora ningún pleno ni ha constituido ninguna de sus comisiones, pese a las peticiones de varios grupos de la oposición, y las sesiones ordinarias comenzarán la semana que viene, tras dos meses en parálisis. Lo que sí que ha hecho en cambio el Legislativo catalán es comenzar a contratar a los asesores de los grupos parlamentarios. Hasta el momento son 51 personas, según se han publicado en los últimos días en el Diario Oficial del Parlament, aunque podrían acabar siendo algunas más, y que en esta legislatura contarán como personal eventual junto a otros 24 cargos dependientes de la Mesa y la presidencia.
Durante las legislaturas anteriores el sistema para nombrar asesores era diferente. Este personal era contratado directamente por los grupos o por los partidos políticos, utilizando la subvención proporcional a sus resultados destinada para ello. Sin embargo, esta fórmula generaba controversia, pues la Cámara no tenía herramientas para controlar que efectivamente los fondos se destinaran a la contratación de personal de trabajo parlamentario ni había forma de fiscalizar cómo se les contrataba.
El pasado mes de diciembre, en una de las últimas reuniones de la Mesa presidida por Roger Torrent, el Parlament optó por cambiar el sistema y contratar a todos los asesores de los grupos desde la propia Cámara. Para ello establecieron un sistema de módulos proporcionales a los resultados de cada partido, asignando un presupuestos a cada uno de los grupos y permitiéndoles decidir si quieren tener más asesores con sueldos básicos, de 29.032 euros anuales como mínimo, o prefieren subir estos salarios a costa de tener menos personal.
Hasta el momento, todos los grupos han designado a sus coordinadores, los eventuales con más asignación económica y que en la pasada legislatura ya corrían a cargo del Parlament. Además de estos, los tres partidos más grandes, PSC, ERC y Junts, que quedaron empatados los dos primeros y un escaño por detrás los segundos, son quienes se reparten más asesores. Los republicanos han designado hasta el momento 13, aunque solo uno en los máximos escalafones. Mientras, PSC y Junts han nombrado ambos a 11 eventuales. En el caso de los socialistas, uno de ellos del tipo 5, el máximo, mientras que el grupo de JxCat ha optado por colocar dos como tipo 4.
Entre los grupos pequeños también hay quien ha preferido nombrar a más trabajadores con sueldos más modestos, como la CUP o los 'comuns, que han contratado ambos a cuatro asesores, siempre sin contar los respectivos coordinadores. En cambio, Vox se han decantado por colocar únicamente a dos eventuales, pero en su caso son de tipo 4, por lo que cobrarían más de 50.000 euros anuales cada uno. Finalmente, Ciudadanos coloca a tres eventuales que van desde el salario mínimo hasta el penúltimo más alto, y el PP, que elige quedarse con uno de la máxima categoría, un sueldo que en su caso llega a los 58.064 euros totales.
En total, le presupuesto de la Cámara para estos trabajadores de los grupos asciende a algo más de 2,6 millones de euros anuales. Aunque actualmente el total de contratados que ha aparecido en el Diario Oficial son 51 asesores, esta cifra podría ascender, ya que varios partidos no han agotado sus módulos.
14 puestos para la Presidencia y la Mesa
A los trabajadores eventuales a disposición de los grupos hay que añadir otros catorce cargos que por el momento han nombrado los miembros que forman parte de la dirección de la Cámara, de los 15 disponibles. La presidenta Laura Borràs ya ha elegido a los siete miembros de su equipo, que son un jefe de gabinete, un adjunto y dos técnicos, además de un responsable de la secretaría y otros dos técnicos para ese área. Las vicepresidentas también disponen de dos asesores, que ya han nombrado, y los secretarios de mesa tienen la potestad de colocar a un asesor cada una. Por el momento, únicamente la secretaría segunda, vacante tras la destitución de Jaume Alonso Cuevillas, está a la espera de nombrar a su técnico.
Restan otros dos puestos eventuales que corresponden, si los acepta, al jefe de la oposición. Un cargo, dotado con despacho, coche oficial y plus salarial, que no siempre ha sido ocupado por el diputado que ha ejercido como tal. En el año 2015, Inés Arrimadas renunció a todo ello, considerándolo un “gasto extra” para los contribuyentes catalanes. Sin embargo, en 2019, el líder de Ciudadanos Carlos Carrizosa sí reclamó el despacho y los dos asesores que le correspondían. En este momento, a falta que se forme un Govern, tampoco existe aún líder de la oposición, por lo que esos dos cargos están sin nombrar.
Cuatro meses sin comisiones ni sesiones de control
El Parlament se disolvió automáticamente el 21 de diciembre, al llevar tres meses sin haber elegido a un nuevo president de la Generalitat. Como es habitual, desde entonces hasta la constitución de la nueva Cámara, el Parlament se quedó en periodo de hibernación mediante su Diputación Permanente. El 12 de marzo se eligieron a los órganos de dirección del nuevo legislativo, con Borràs como presidenta y, tal y como marca la ley, a los 10 días se intentó la primera investidura de Pere Aragonès, que resultó fallida. Desde entonces los partidos independentistas negocian.
Estas circunstancias han supuesto que el Parlament lleve cuatro meses sin comisiones activas y sin someter al Govern en funciones a una sesión de control. Dos cuestiones que la Cámara podía haber evitado, tal como le han reclamado grupos como el PSC, que en las últimas semanas han insistido en la necesidad de que Borràs activase todas las comisiones no legislativas y que convocase un pleno ordinario, que comienza con la sesión de control. De hecho, todos los grupos menos los dos que forman el Govern han registrado preguntas y solicitudes de comparecencia, ante comisiones pero también ante el pleno, a las que la Cámara debe dar traslado.
En la última sesión de la Mesa, celebrado el pasado jueves, se acordó que la semana que viene comenzara la actividad parlamentaria mediante un primer pleno no dedicado a la investidura. Una sesión en la que, además de resolver las peticiones de los grupos, deberán también elegir al sustituto del secretario tercero, Jaume Alonso Cuevillas, y en el que se podría celebrar también una sesión de control al Govern saliente, en plena fase de desescalada de las restricciones por la pandemia.