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El Parlament pide la dimisión de Margarita Robles por el caso Pegasus con la abstención de los comuns

Pleno del Parlament de Catalunya durante la votación de las mociones de este miércoles

Arturo Puente

12 de mayo de 2022 13:59 h

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El Parlament de Catalunya ha reclamado la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el caso de espionaje a líderes y activistas del movimiento independentista a través del 'software' Pegasus. Junts y la CUP han apoyado una moción registrada por ERC, que reclamaba tanto la salida de Robles como una comisión de investigación en el Congreso. El grupo de Catalunya en Comú ha optado por la abstención en el punto de la dimisión, mientras que han apoyado buena parte del resto del texto en lo relativo a obtener explicaciones.

La Cámara catalana ha puesto de esta forma más presión sobre el Gobierno después de que este miércoles se hiciera oficial el cese de la directora del CNI, Paz Esteban. El propio Aragonès ya advirtió esta semana que la media era a su parecer insuficiente, por lo que no podían darse por normalizadas las relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con todo, en los últimos desde el Govern habían evitado señalar a Robles. El texto debatido por el Parlament este miércoles fue registrado hace dos semanas cuando la polémica estaba en uno de sus momentos más candentes.

En concreto, el texto aprobado afea las palabras de Robles en la comisión de control del Congreso. “Las declaraciones de la ministra de Defensa reconociendo y justificando el espionaje masivo a disidentes políticos, abogados y sociedad civil son impropias de una democracia plena y comprometida con los derechos humanos”, afirma la moción.

La moción además vuelve a poner sobre la mesa las exigencias que tanto los grupos independentistas como los comuns han hecho al Gobierno, en la línea de abrir una comisión de investigación y ofrecer toda la información disponible, así como dar garantías de que no se vuelva a entrar en teléfonos de dirigentes políticos, activistas o abogados. Considera por ello que el Gobierno debe “esclarecer los hechos delante la ciudadanía, y, especialmente, asumir las responsabilidades políticas necesarias”.

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