Catalunya está a punto de superar la barrera de los 100.000 apartamentos turísicos, una cifra que ha crecido vertiginosamente en la última década y a la que no ha puesto freno ni siquiera la pandemia. Así lo evidencian los datos de los balances anuales de turismo del Departamento de Empresa de la Generalitat, que han recogido desde En Comú Podem en un informe con el que quieren exigir una regulación más estricta.
Desde que el Govern de Artur Mas reguló en 2011 esta actividad turística, con el objetivo de hacerla aflorar y de facilitar su proliferación, el número de apartamentos no ha dejado de aumentar. Primero, de poco más de 5.000 en 2012 a 24.000 en 2013. Desde entonces fueron creciendo aproximadamente a razón de 10.000 al año hasta alcanzar los 83.802 en 2019. A partir de ese ejercicio, el aumento se ha ido ralentizando aunque no se ha detenido, hasta llegar a los 95.688 registrados en el último informe, de 2022.
El documento de los Comuns añade incluso datos de 2023, que han obtenido de la base de datos del Registro de Turismo de Catalunya, y que haría ascender la cifra a 97.696.
El documento de En Comú Podem permite comparar el crecimiento “exponencial” de viviendas de uso turístico en Catalunya con el de Barcelona. En la capital catalana pasaron de 4.730 en 2012 a 9.606 en 2014, solo en dos años, tras lo que se aprobó una moratoria para frenar su proliferación. La normativa la sacó adelante el alcalde Xavier Trias, durante cuyo mandato se dispararon las licencias, y el siguiente ejecutivo municipal, el de Ada Colau, consolidó la prohibición de concesiones de permisos a estos pisos.
Desde entonces, Barcelona en Comú ha sacado pecho de haber mantenido a raya las viviendas de uso turístico e incluso de haber cerrado miles de apartamentos ilegales en la ciudad. Pero en las últimas semanas han sufrido su mayor revés en este ámbito: un juez ha les ha obligado a admitir 120 pisos turísticos en un solo bloque porque su propietario hizo la solicitud justo cuando la Justicia tumbó el primer plan de alojamientos turísticos del Gobierno de Colau (y antes de que se elaborara el segundo y definitivo).
Desde el Ayuntamiento y los Comuns han redoblado en los últimos días su presión a la Generalitat para que regule de forma más estricta las licencias de estos pisos y se ponga límite a su crecimiento. Hasta ahora han sido solo algunos consistorios quienes han ido aprobando ordenanzas y moratorias para contener su proliferación, desde Lloret de Mar en 2019 hasta el caso más reciente de Girona. Esta última ha establecido que en un solo barrio no pueda haber más del 15% de viviendas de uso turístico sobre el total al al comprobar que su casco antiguo lo supera.
En Comú Podem ha convocado una rueda de prensa en el Parlament este martes en la que participarán la diputada Jéssica Albiach y la teniente de alcaldía de Urbanismo de la capital catalana, Janet Sanz. Entre sus demandas se prevé la de pedir que también se puedan revocar licencias. Así lo manifestó de hecho la propia alcaldesa, Ada Colau, en una reciente entrevista con elDiario.es. “Lo que hay que hacer es cambiar la ley catalana. No puede ser que alguien se forre de forma desmedida con una vivienda y con licencias a perpetuidad”, aseguró la edil.
El informe de En Comú analiza también el incremento de los pisos turísticos en Catalunya descontando los de Barcelona. Al congelar la concesión de licencias, la capital catalana ha pasado de aportar el 25% de estos apartamentos sobre el total de la comunidad, en 2014, a solo el 10% hoy. Sin tener en cuenta los pisos turísticos de la ciudad, y al margen del boom inicial de 2012, el crecimiento ha sido del 108% en Catalunya entre 2015 y 2019 y del 19% desde ese año hasta la actualidad.