El plan de la Generalitat de alquilar pisos vacíos o a punto de desahucio arranca lejos de sus expectativas

El plan se anunció a finales de 2020 bajo el nombre de Reallotgem. Con una partida de 21 millones de euros, la Generalitat lanzó un programa para captar pisos vacíos y destinarlos a la abultada mesa de emergencia para familias vulnerables. La previsión era sumar entre 1.300 y 1.500 viviendas este año. Luego, a finales de julio, se amplió la estrategia para pagar el alquiler de aquellos afectados por un desahucio inminente. Pero entre una y otra fase por ahora las cifras están lejos de las expectativas generadas y algunos ayuntamientos lamentan que el proceso es lento y deja a muchas personas fuera. 

A fecha de 15 de noviembre de 2021, a un mes y medio de cerrar el curso, la Agencia de la Vivienda de Catalunya había logrado firmar 74 contratos de arrendamiento de pisos que estaban vacíos en toda Catalunya –121 si se suman los que están en trámite–. No llega al 10% de las cifras de más de 1.000 viviendas a las que esperaba llegar el Govern. Con la ampliación del programa, a partir de julio, se han cerrado otros 16 contratos de alquiler –56 si se cuentan los que están en proceso– con propietarios que estaban a punto de ejecutar un desahucio, para que el inquilino pueda permanecer en su casa.

Por municipios, destaca Cornellà de Llobregat, que ha logrado sumar 18 pisos a su cartera de vivienda social gracias a este programa. Lloret de Mar, por su parte, ha captado 13. En cuanto a los contratos de alquiler firmados para evitar desahucios inminentes, choca el hecho de que 15 de los 16 que constaban a fecha de 15 de noviembre correspondían a Manresa. En cuanto a los 40 que están en trámite, las cifras se reparten de forma testimonial entre 22 municipios.

Los problemas en la puesta en marcha de este programa se dieron a conocer por las quejas del Ayuntamiento de Barcelona, que alertó de que la segunda fase de esta estrategia dejaba fuera de las ayudas a la gran mayoría de afectados por desahucios de la ciudad. Advertían a principios de noviembre que de los 400 procesos de desahucio de los que tenían constancia, solo 68 cumplían con los requisitos para beneficiarse del plan. En la capital catalana, según los datos de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, solo se estaban tramitando dos contratos de este tipo y 10 de los que se refieren a la cesión de viviendas deshabitadas.

“La primera versión del programa Reallotgem no nos ha funcionado”, valora Toni Suárez, concejal de Vivienda de Santa Coloma de Gramenet, que apenas ha captado un piso vacío para su mesa de emergencia (a día de hoy está en trámite). “Con los pequeños propietarios sucede que quieren tener control sobre quién será el inquilino, y esto en la mesa de emergencia no se puede, y muchos grandes tenedores lo que quieren hacer es vaciar su stock y colocarlo”, expone. 

Este edil es crítico con la utilidad de la primera fase del Reallotgem, pero no con la segunda, que dicen que sí les está funcionando razonablemente bien. Aunque según datos oficiales constan cuatro contratos en trámite en esta localidad, Suárez asegura que han alcanzado 23 acuerdos con propietarios para que no desahucien a sus inquilinos. El contenido del pacto, de acuerdo con lo que estipula el programa, es un contrato a precio de mercado y conforme a la ley vigente, es decir, de entre cinco y siete años. “Esto nos está sirviendo más, porque algunas entidades financieras nos pasan casos de desahucios que pueden evitarse por esta vía, pero sigue siendo muy insuficiente”, añade este concejal.

Algo parecido ocurre en Cornellà, donde según datos de la Generalitat constaban en noviembre dos alquileres firmados para evitar desahucios bajo el programa Reallotgem 2, pero en realidad serían ocho si se cuentan los acuerdos alcanzados con los propietarios a la espera de que se traduzca en un contrato.

A la hora de aplicar este programa, el presupuesto y los contratos van a cargo de la Agencia de la Vivienda de Catalunya –es decir, la Generalitat–, pero los encargados de localizar los pisos vacíos o de negociar con los propietarios las suspensiones de desahucios a cambio de alquiler corresponden a los ayuntamientos. Lo primero que se firma es un acuerdo entre el titular y el consistorio, conforme el propietario se adhiere al programa Reallotgem, y posteriormente se debe formalizar el contrato de arrendamiento. 

Según los distintos consistorios consultados, el volumen de estos acuerdos iniciales firmados es muy superior a la cifra de contratos formalizados finalmente. Entre otras razones, porque la tramitación es muy lenta. Así lo expone Daniel Broto, jefe de la Oficina de la Vivienda de Cornellà. “Uno de los problemas es que tú convences al propietario de esta solución, él se adhiere al programa en noviembre, y a día de hoy no ha recibido todavía la visita de la Agencia, y esto les pone nerviosos”, relata. Según el Ayuntamiento de Barcelona, algunos de los que firman el acuerdo inicial luego se desdicen. 

ElDiario.es se ha puesto en contacto con el Departamento de Derechos Sociales, responsable ahora de la cartera de Vivienda, para valorar estos primeros meses de programa, pero fuentes de la conselleria lo han declinado alegando que pronto harán un balance público. La consellera, Violant Cervera, sí tuvo que dar explicaciones sin embargo en el Parlament de Catalunya, a preguntas de En Comú Podem, que se quejaban del mal funcionamiento del programa. “Estamos contentos con Reallotgem, porque ha encontrado buena acogida de bancos, abogados… Y todas las personas con las que estamos hablando creen que puede ser una buena herramienta”, defendió, en referencia específica a la segunda fase del plan, la de evitar desahucios. 

Cervera aseguró en sede parlamentaria, a mediados de noviembre, que contaban con 78 adhesiones de propietarios al programa, pero que a la vez este había servido para evitar 328 de los 570 desahucios previstos para septiembre.

Para Broto, de Cornellà, “las cifras no son espectaculares”, pero a la vez reconoce que sí les está resultando una herramienta “útil” para evitar lanzamientos. La ley catalana antidesahucios, la 24/2015, ya prevé que los grandes tenedores deban ofrecer un alquiler social antes de desahuciar a una familia vulnerable, con lo que buen parte de los casos que llegan al programa son de pequeños propietarios, más difíciles de convencer. “Tú le estás ofreciendo un alquiler de cinco años y, si quiere además, seis meses de indemnización de la deuda de alquiler de su inquilino. Sí es atractivo”, concluye.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Barcelona alertaban de que es muy complicado negociar con un pequeño propietario que está a punto de desahuciar a su inquilino, porque el proceso en ese punto ya suele estar demasiado enquistado. En este sentido, la principal queja de la concejal de Vivienda barcelonesa, Lucía Martín, era el diseño de los requisitos para acogerse al programa. En el caso de su segunda fase, solo se pueden beneficiar aquellas familias que tengan la fecha de desahucio en los siguientes 30 días. Esto deja fuera quienes se han acogido a la moratoria estatal y quienes han logrado aplazar el lanzamiento en los juzgados, aunque su situación esté lejos de estar solucionada. 

Por este motivo, precisamente la interpelación de los ‘comuns’ a Cervera en el Parlament iba en la línea de introducir cambios en los requisitos. Para que también estos últimos supuestos puedan beneficiarse del programa Reallotgem y ganar un contrato de siete años que les aleje de la exclusión residencial.

Desde la Agencia de la Vivienda siempre han defendido que esta herramienta es una más de las distintas que hay para combatir el problema de la emergencia habitacional, junto con la del tanteo y retracto –con el que se han sumado más de 3.000 pisos sociales– o las leyes aprobadas para evitar desahucios por parte de grandes tenedores. En los presupuestos de 2022, las ayudas al alquiler han aumentado en 100 millones de euros. 

En cuanto a los movimientos por el derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH, explican que sí les constan casos puntuales solucionados gracias a Reallotgem, pero rechazan de plano esta estrategia. El modelo que defienden estas entidades es que sea el propietario el que asuma el coste del alquiler social de los inquilinos vulnerables, y no que sean las administraciones públicas quienes acaben abonando mensualmente el alquiler a pequeños y grandes propietarios. De hecho, en uno de los pocos casos conocidos del Sindicato de Inquilinos solventado con Reallotgem, el de Yaritza y su hija de nueve años, el propietario era Blackstone.

“La Administración paga precios de mercado a fondos de inversión como Blackstone, con lo cual a ellos les sale a cuenta iniciar un desahucio y luego pactar un precio de alquiler con la Generalitat”, critica Carme Alcarazo, del Sindicato de Inquilinos. “El modelo es negativo, porque los niveles de vivienda pública son ínfimos, de menos del 2%, y hacen falta políticas que miren a medio y largo plazo y no se gasten el presupuesto público para los bolsillos de los privados”.