Laia Lop y su madre, Alicia Condal, comenzaron a mentalizarse de que ella se iba a independizar hace exactamente tres años. A pesar de padecer una atrofia muscular que le condiciona los movimientos más básicos, Laia, de 32 años, quiere vivir en un hogar residencia, con autonomía y algo de apoyo por parte de educadores sociales. El problema es que lleva dos años en una lista de espera. Y no solo eso: el centro al que podría ir está acabado desde hace año y medio. Listo para entrar. Pero vacío y acumulando polvo.
“¡Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende!”. Este lema, que se popularizó durante la crisis de las hipotecas en España, es rescatado hoy por algunas entidades que gestionan este tipo de hogares asistidos para personas con discapacidad intelectual. En Catalunya hay actualmente más de 3.000 personas que esperan, como Laia, una adjudicación para entrar a vivir en una residencia. El sistema bordea el colapso. Pero lo más sangrante es que, pese a todo, hay plazas infrautilizadas. Habitaciones por estrenar, con sus camas articuladas, armarios por llenar y sábanas planchadas. Y sin nadie que las ocupe.
“Nosotros lo llevamos fatal porque el tiempo pasa y siempre existe el miedo de que puedas faltar”, admite la madre de Laia. Es un pensamiento recurrente entre las familias de personas con discapacidad. Uno se hace mayor y teme no poder hacerse cargo de su hijo.
¿Cómo es posible que existan plazas vacías a la vez que hay una media de dos años de espera para un recurso de este tipo? ¿Y cuántas de estas habitaciones en desuso hay en Catalunya? La primera pregunta tiene que ver con el hecho de que las entidades, debido a la demanda, construyen y abren nuevas residencias. Pero no siempre logran que la Administración concierte todas sus plazas, con lo que algunas acaban sin ocupar, puesto que por lo privado tendrían un coste por encima de los 2.000 euros al mes que sería inasumible para la mayoría.
Decenas de habitaciones vacías confirmadas
“Es un problema de planificación, pero también de presupuesto”, señala Víctor Galmés, director general de Dincat, la federación de aglutina a 300 entidades del sector, muchas de las cuales gestionan residencias y hogares residencia (estos últimos son abiertos y con mayor autonomía para sus usuarios). “Es un problema que siempre ha existido, aunque si nos vamos más atrás en el tiempo no era tan grave porque no había listas de espera”, describe.
La federación Dincat lleva años denunciando esta situación, abanderada contra las listas de espera y la falta de financiación suficiente tanto en residencias como en centros de día o centros especiales de trabajo. Curiosamente, se da el caso de que hasta hace menos de un año, el responsable de esta federación y responsable de elevar esta queja a las administraciones era Carles Campuzano, el exdiputado de CiU y que hoy dirige la conselleria de Derechos Sociales en el gobierno de ERC.
Otro de los escollos añadidos que denuncian desde la Dincat es la dificultad de acceso a los datos. El alcance de la infrautilización es difícil contabilizar. Para este reportaje, elDiario.es ha obtenido de la Generalitat el total de plazas registradas en estos centros (7.925) y el total de las financiadas con dinero público —vía concierto u subvención—, que son 7.156. Esto significa que existen 769 camas (el 7,9%) disponibles, pero sin financiar y, por lo tanto, aparentemente vacías.
Pero la fotografía no es exacta. Muchas de las entidades que tienen alguna de estas plazas explica a este diario que las tienen destinadas a otros usos: algunas accesibles por la vía privada; otras para menores tutelados o para contagiados de covid. También se da el caso de que algunas de ellas corresponden a plazas demasiado desfasadas y que la Generalitat dejó de pagar de común acuerdo con la entidad.
Pero, aún así, elDiario.es ha podido confirmar, una por una, más de un centenar. Y fuentes del sector señalan que seguro la cifra será mayor.
Nosotros lo llevamos fatal, porque el tiempo pasa y siempre existe el miedo de que puedas faltar
Esclat Joan Bertran: un año esperando apertura
Una de ellas es la Llar Residencia Esclat Joan Bertran, en la Zona Franca de Barcelona. Jordi González, director general de Esclat Grup Social, levanta la persiana y desactiva la alarma de un recinto vacío, en el que podrían entrar a vivir desde hoy doce personas con discapacidad intelectual. Una de ellas, a la espera que le den el visto bueno definitivo, es precisamente Laia Lop. La obra está acabada desde finales de 2021 y, para más inri, fue visitada por la antigua consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, pero la financiación todavía no ha llegado.
“Cuando vino la consellera nos elogió porque dijo que residencias como esta hacían mucha falta. También dijo que se podría financiar con fondos Next Generation. Pero luego no nos han dado el concierto”, lamenta González. El pasado mes de mayo se presentaron a la convocatoria de este año, en la que la Generalitat abrió 300 plazas para toda Catalunya. “Nos pusieron una nota de nueve sobre diez”, dice el director general. Pero no hubo suerte al publicarse la lista de centros agraciados.
Esclat Joan Bertran es un hogar residencia a pie de calle con doce plazas. Las camas, articuladas y de madera, traídas desde Alemania, están hechas. El salón ya tiene los ordenadores y la televisión a punto. Y lo preside una mesa enorme, junto a la cocina, para que puedan acudir amigos y familiares a comer siempre que quieran. Las obras han costado un millón de euros. Y para tenerlo a punto para cuando lleguen los usuarios, la entidad paga religiosamente la luz, Internet, alarma, limpieza cada quince días… “Todo de nuestro bolsillo”, aclara González.
Con otra residencia al lado de 54 plazas y más de 70 solicitudes, el de Esclat Joan Bertran es un ejemplo de residencia que nació para satisfacer una demanda real, alentada incluso por la Administración. Pero que luego no vio correspondido su esfuerzo. Y no es la única. “Es complicado hacer nuevas inversiones, es un esfuerzo muy grande para entidades como nosotras”, expone Marina Molina, portavoz de la Fundació Ramon Noguera de Girona, que tiene en marcha actualmente las obras de una residencia con 30 plazas. “Tenemos que hacerla, pero nadie nos garantiza que vayan a concertarse”, lamenta.
“No hay que mirar la realidad de hoy, sino pensar en las personas que deberás atender dentro de unos años. Es así como se debe planificar, pero no se ponen las facilidades para que lo hagamos”, reflexiona. De hecho, lo más probable, añade Molina, es que se acaben concertando poco a poco. Convocatoria a convocatoria, como les ha ocurrido a otras.
Le pasó algo parecido a la Granja Escuela l’Auró, en la provincia de Lleida, que decidió abrir un hogar residencial tras consolidar con éxito un albergue vacacional para personas con discapacidad. Las familias se lo pedían y lo hicieron. Abrieron en 2021, pero se han pasado los últimos dos años con el espacio de diez plazas cerrado a cal y canto. En la primera convocatoria pública a la que optaron, a finales de 2022, no constaron por un error. En la segunda, en mayo pasado, les concertaron cinco plazas, la mitad. De las otras, de momento tienen dos ocupadas por lo privado y las otras tres en desuso.
“Es un desastre. Con toda la problemática social que hay ahí afuera y nosotros con recursos que no se usan”, expone su directora, Leila Ribes. “A veces incluso hay Ayuntamientos que quieren usarlas y no pueden por culpa de la descoordinación entre departamentos y por la lentitud burocrática”, añade.
Es un desastre. Viendo toda la problemática social que hay ahí afuera y tener recursos que no se usan
Como a los demás, a Ribes le ocurre que las familias aspirantes le sacan a colación el tema a menudo. “Llaman para saber qué pueden hacer, si hay ayudas, si algún Ayuntamiento financiará la plaza…”, relata.
Preguntados por todo ello, en el Departamento de Derechos Sociales aseguran que proveen las plazas de acuerdo con el decreto vigente, de 2020, y que se trata de una planificación que “responde a las personas usuarias, a la distribución territorial y a la disponibilidad presupuestaria”. Y recuerdan esas mismas fuentes que el año pasado se hizo una convocatoria de “más de 300 plazas”. “Quedaron algunas vacantes que se están adjudicando de forma directa”, apostillan en un breve comunicado.
Para algunas entidades, sobre todo las que reúnen más veteranía, el problema de las plazas vacías tiene que ver también con la que llaman la década de la desinversión. Los años posteriores a la crisis en que se congelaron las tarifas (el precio que se paga por cada módulo de concierto) y se ralentizó la apertura de nuevas residencias. Si desde 2001 a 2011 las plazas se doblaron hasta las 4.270, desde entonces el aumento fue menor y se ha pasado a 5.209. En cuanto a hogares residencia, la evolución fue parecida.
“Las adjudicaciones deberían estar máximo en 60 días”
Rosa Cadenas, hoy directora de Arc de Sant Martí, en Martorell, lo recuerda porque fue presidenta de Dincat durante la crisis económica. En su centro tienen 11 plazas sin ocupar por falta de concierto.
“En 2002 levantabas el teléfono o enviabas un fax y prácticamente al día siguiente te daban el ok para otorgar una plaza”, arranca Cadenas. “Pero luego vino la congelación del presupuesto de Bienestar Social y no entraba nadie. Fue durísimo”, añade. Ahora, el diagnóstico de Cadenas es que vuelve a ser un momento “dulce” para el sector. Se están concertando plazas a un ritmo que hacía tiempo que no se veía. Algo en lo que coinciden y celebran desde Dincat.
Cadenas asegura que recuerda residencias cerradas durante décadas y que eso en principio ahora ya no ocurre. Pero se sigue arrastrando el problema de la planificación. Galmés, de Dincat, lamenta también que, a pesar de subir el ritmo de financiación de plazas, no exista un compromiso de la Generalitat para acabar con las listas de espera en un plazo determinado. Ellos proponen hacerlo en cuatro años a base de crear unas 700 nuevas plazas al año.
En 2002 levantabas el teléfono o enviabas un fax y al día siguiente te daban el ok para abrir una plaza. Pero luego vino la congelación del presupuesto y no entraba nadie. Fue durísimo,
Según Cadenas, “el sistema debería funcionar de tal manera que pidas una plaza, se haga un estudio del caso y la adjudiquen en un período máximo de 60 días”. Pero esto no ocurre y, como suele pasar, solo se aceleran aquellas solicitudes que se califican de urgentes. “Al final casi que uno no puede independizarse si no está prácticamente sangrando o tiene padres fallecidos o enfermos”, lamenta.
Y este es precisamente el escenario que quieren evitar en casa de Laia Lop. Por ahora, su madre se ve todavía joven para ayudarla, y lo facilita el hecho de que Laia pesa muy poco, 35 kilos, lo que la hace más fácil de manejar para tareas en las que tiene que ser asistida, desde ducharse hasta cortarse las uñas.
Laia se desempeña sola en algunas cuestiones, pero no en las que requieren fuerza o destreza físicas. Cada día acude a un centro de día de la misma entidad, Esclat, que está en el barrio del Guinardó, en Barcelona. Lo hace en un bus que les pone la misma entidad y que la deja cerca de casa por la tarde, justo a la hora de la merienda. Algunos de sus compañeros del centro de día son los que, como ella, esperan poder entrar en el hogar residencia pronto. “Algunos son más mayores, tienen 40 o 50 años”, dice Laia.
Una de las ventajas añadidas que Laia le ve a su futura casa es que está bien provista de ordenadores. Con su escasa movilidad, una de sus aficiones y refugio es Internet. A través de Facebook, cuenta, se mantiene en contacto con sus amigos.
A diferencia de la suya, algunas familias de los compañeros de Laia, que están en su misma situación, han optado por aceptar una plaza en alguna residencia, renunciando así a la autonomía de vivir en un hogar residencia. “Lo que nos une a la mayoría es que hay mucha angustia siempre en estos casos”, dice Alicia. Ellos, por ahora, seguirán esperando a que abra el Esclat de Zona Franca.