Leyes de la república y “gestos simbólicos”: los planes post 1-O del Govern que la Guardia Civil encontró en una papelera

La Guardia Civil sigue analizando toda la documentación y material informático incautado en la conselleria de Economía. De unos trozos hallados en la papelera del cuarto de la fotocopiadora, los agentes han reconstruido un documento de ocho páginas por los que el Govern trazó su propio “desarrollo de escenarios” tras el 1-O. El objetivo final era proclamar la independencia de manera unilateral. Antes, se establecían cuatro fases: noche electoral del referéndum; “gestos simbólicos” que acompañasen la proclamación de la independencia; aprobar todos los decretos–ley de la futura república, entre ellos la entrada en vigor de un Poder Judicial catalán; y la apertura de un “proceso constituyente y de transición”.

Este documento reconstruido forma parte de un nuevo informe que la Guardia Civil ha aportado al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O y que compromete en especial al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó. De Aragonès el Instituto Armado destaca su liderazgo en cuatro “proyectos clave” del futuro estado catalán –sostenibilidad económica, banco central, inversiones y competencia–, mientras que a Salvadó le sitúan como “responsable de preparar” el escenario post 1-O.

Las ocho páginas recompuestas se inician con los planes para después del 1-O. En una primera fase, el documento aboga por “desplegar el conjunto de gestos trascendentes que solemnizan la importancia del momento” en caso de que los resultados del referéndum sean “favorables”. Después se iniciaría una segunda fase, consistente en la “declaración formal” de la independencia y varios “gestos simbólicos”, como la retirada de “símbolos estatales” de la Generalitat y el Parlament. Los planes no se cumplieron y la bandera española siguió izada en el plaza Sant Jaume el 27 de octubre, cuando se declaró la independencia.

En tercer lugar, los planes independentistas pasaban, tal y como marcaba la ley de transitoriedad jurídica aprobada en el Parlament, por desplegar varios decretos ley claves para la república. Es el caso de los miembros del nuevo Poder Judicial catalán –Tribunal Supremo y Fiscal General de Catalunya– y las leyes por las que se creaba el Banco Central catalán o el régimen tributario. Antes de aprobarlos se debía “identificarlos”, con Carles Viver Pi Sunyer, el asesor del Govern para la independencia e investigado por el juzgado de instrucción 13.

La última fase incluía el inicio de un proceso constituyente así como un “proceso de negociación multilateral” en distintos ámbitos: institucional, económico y sectorial, así como una “mesa de negociación” con el Estado. De hecho, el documento tilda de “imprescindible” realizar “una oferta de diálogo”. Tras las tensiones internas del independentismo que siguieron al 1-O y las diferencias entre los que querían convocar elecciones y proclamar la DUI, los planes teóricos del Govern terminaron en el mismo lugar donde los encontró la Guardia Civil: una papelera.

Cada una de las cuatro fases se componía de distintas “tareas a desarrollar”, según otros documentos incautados en el despacho de Salvadó el 20-S. En el ámbito jurídico e institucional, el documento muestra, según la Guardia Civil, que la Generalitat estaba preparada para “adaptar” el nuevo estado a la normativa local, autonómica, estatal y europea, los tratados bilaterales y multilaterales y suceder en las organizaciones internacionales al Estado. También quedaban contempladas la sucesión de funcionarios y personal de todas las administraciones y las normas de carácter sectorial, así como un inventario que valoraba en 19.134 millones los bienes inmuebles del Estado en Catalunya.

El documento incluye los distintos grados de preparación de la independencia. Mientras los decretos ley de la república estaban “preparados”, otros aspectos estaban en estado “crítico”. Es el caso de de la política de defensa o del sistema nacional de inteligencia, de los que se reconocía que el departamento desconocía “el alcance de los análisis o planificaciones realizadas”.

En este sentido, también se consideraba crítico diseñar nuevas unidades dentro de los Mossos d'Esquadra, como las de registro de identidad, control de fronteras y extranjería, salvamento marítimo, control de armas y explosivos, ciberdelincuencia o aduanas. El informe también incluye anotaciones manuscritas de Salvadó sobre reuniones de trabajo y de partido relacionadas con la confección de la estructuras de Estado y el despliegue de la República, que según la Guardia Civil el Govern tenía el propósito de desarrollar “plenamente” en un plazo de medio año.

Más allá de los documentos internos, el nuevo informe de la Guardia Civil vuelve a poner el foco sobre el vicepresidente, Pere Aragonès, después de que la Fiscalía rechazara el primer intento del juez Ramírez Sunyer para que fuera imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Así, el informe insiste en que Aragonès, que fue secretario de Economía en la conselleria de Oriol Junqueras, trabajó en un proyecto de “sostenibilidad económica” de una hipotética Catalunya independiente y en la creación del banco central catalán, la autoridad catalana de inversiones y mercados y la autoridad catalana de la competencia.

La Guardia Civil enmarca estos tres encargos en los viajes que Aragonès realizó a Irlanda, Londres y Eslovenia y que según los investigadores sirvieron “para explicar el contexto político de Catalunya, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos que contemplaban”.

“Aragonès conocía, además, el programa de visitantes internacionales en colaboración con el Diplocat”, añade el informe de la Guardia Civil, que basa sus indicios en la documentación intervenida tanto a Salvadó –ahora diputado de ERC e investigado por el juez Ramírez Sunyer– como a Josep Maria Jové, exnúmero dos de Economía y ahora diputado de ERC. Los tres formaban el núcleo de confianza de Junqueras en el departamento.

El juez Ramírez Sunyer ha conseguido que Jové esté a las puertas de ser imputado por el TSJC, el tribunal que investiga a los aforados. No obstante, la Fiscalía frenó la imputación a Aragonès y exhortó al juez a hallar nuevos indicios. Y Salvadó, pese a formar parte de los investigados por los preparativos del 1-O desde el inicio de la causa, no fue incluido por el juez en la exposición razonada por la que pidió al TSJC imputar a Aragonès y a Jové.