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La Generalitat retira a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo las competencias sobre los puntos de votación del 1-O

Clara Ponsatí, segunda por la izquierda, consellera de Enseñanza

Yeray S. Iborra / Pau Rodríguez

La Generalitat ha retirado a los funcionarios las competencias sobre los equipamientos dependientes de las conselleries de Enseñanza y Trabajo hasta después del 1-O. Dos misivas enviadas por sendos departamentos del Govern han revocado las competencias atribuidas a las personas responsables de los equipamientos hacia las titulares de los departamentos, Clara Ponsatí (Enseñanza) y Dolors Bassa (Trabajo).

Según han confirmado fuentes de la Generalitat, las escuelas y centros cívicos –además de algún albergue– en los que se prevé votar el domingo estarán bajo la tutela directa de las conselleres hasta el próximo 2 de octubre a las 7 de la mañana, una vez haya terminado la jornada del 1-O, en la que la Generalitat quiere celebrar un referéndum que jueces y fiscales han suspendido y ordenado impedir a la policía.

Las cartas enviadas por el departamento de Enseñanza, a las que ha tenido acceso este medio, desvelan que la resolución tiene efecto desde el recibimiento de la notificación hasta pasado el 1 de octubre. Según ha podido saber Catalunya Plural ya hay directores de colegio que han recibido la notificación.

La medida se ha llevado a cabo por la presión de algunos sindicatos y de la asociación de directores AXIA, que querían evitar represalias hacia los funcionarios por la apertura de colegios y centros cívicos para realizar la votación del domingo. “Nos alegramos del cambio de actitud de Enseñanza –ha celebrado CCOO en un comunicado– porque las declaraciones y escritos de la consellera no daban ninguna garantía jurídica a las direcciones”. 

Con esta instrucción de Enseñanza y Trabajo, la Generalitat pretende descargar de cualquier responsabilidad penal a los funcionarios responsables de los centros, que ahora recaerá sobre las conselleres. Y es que la Fiscalía advirtió a todos los directores de escuelas previstos como puntos de votación el 1-O de que podrían ser cómplices de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación si entregaban las llaves de los centros a la Generalitat.

Asimismo, con la asunción de competencias por parte de las dos conselleres, ambas asumen el mando de los centros ante la orden del TSJC a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Ciivl de cerrar los centros electorales el 1-O.

Esta misma semana, el conseller de Salud, Antoni Comín, ya había cesado a los máximos representantes de la Generalitat en los consorcios sanitarios de los que dependen los centros de salud designados como colegios electorales para el 1 de octubre nombrándose a él mismo como presidente para asumir la responsabilidad.

Al igual que hizo el departamento de Enseñanza con el Consorcio educativo de Barcelona, del que la consellera Clara Ponsatí asumió la dirección unos días atrás, la conselleria de Salud pretendía con esta acción hacerse con el control directo de los 80 ambulatorios y centros sanitarios designados por el Govern como colegios electorales en el referéndum del 1 de octubre.

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