La Fiscalía confía en que la declaración de los policías confirme el delito de rebelión que los acusados niegan

Las dos primeras semanas del juicio del procés han seguido el guion previsto: división de estrategias entre los independentistas, que, sin embargo, han negado al unísono la rebelión. Nadie esperaba un repentino reconocimiento de un alzamiento violento por parte de los acusados. La Fiscalía ha preguntado por ello, y salvo con Jordi Sànchez, ante las primeras negativas ha dejado de insistir. Y es que la baza del ministerio público para reafirmar la rebelión no era tanto el interrogatorio de los acusados sino el desfile de policías, mossos y guardia civiles que declararán como testigos y expertos, así como las pruebas documentales.

Será en esta fase del juicio donde tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones tratarán de demostrar que la negativa del delito de los acusados es insostenible y que hay suficientes pruebas para condenarlos. En el caso del Ministerio Público, la rebelión catalana no se explica por una entrada a tiros en el Congreso como el 23-F, sino en el impulso de las movilizaciones del 20-S y el 1-O contra la Guardia Civil y la Policía (a sabiendas de los incidentes que se producirían), así como en lo que considera un potencial uso intimidatorio de 17.000 agentes armados de los Mossos d'Esquadra para imponer el plan independentista.

Los acusados han negado la mayor. “Nunca imaginé que el 1-O pudiera haber tensión, agresividad, violencia o enfrentamientos. Como tampoco imaginé que una movilización de la ANC podía terminar con vehículos policiales dañados porque hasta el 20-S no había pasado nunca”, sintetizó el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez a preguntas de su abogado tras un minucioso interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza.

El fiscal entró de lleno en el relato de la violencia e insistió en preguntar a Sànchez sobre los coches destrozados el 20-S, el supuesto intento de asalto a la conselleria de Economía, y el impulso de la ANC y Òmnium a “ocupar” los colegios el 1-O para hacer frente a la labor policial para impedir el referéndum. El exlíder de la ANC, al que se piden 17 años de cárcel por rebelión, lo negó todo y enmarcó su actuación en el legítimo derecho de reunión y manifestación.

En cualquier caso, añadió Sànchez, no se pueden imputar a su persona ni a la ANC los destrozos y agresiones cometidas por otras personas. Sin mencionarlo expresamente, Jordi Sànchez empleó en toda su declaración como telón de fondo defensivo la negativa del tribunal alemán de Schleswig-Holstein a extraditar por rebelión a Puigdemont al no considerarlo responsable de los incidentes del 1-O.

Una muestra de que la Fiscalía abordó más la rebelión con Jordi Sànchez que con el resto de acusados por el mismo delito fue la respuesta de la defensa. El exlíder de la ANC y los exconsellers Rull y Turull comparten petición de pena por rebelión y abogado defensor, el penalista Jordi Pina. Curtido en mil batallas, el letrado sigue la máxima de no estropear interrogatorios del fiscal que han ido bien para sus clientes. Despachó en 15 y 20 minutos su turno de preguntas a Rull y Turull, frente a las más de dos horas de los fiscales, que se centraron más en la malversación que en la rebelión.

Sin embargo, Pina tuvo que preguntar a Sànchez durante una hora para fajarse de las preguntas sobre violencia que Zaragoza martilleó durante más de cuatro horas. “No abandonamos la acusación de la violencia”, reiteran fuentes de la Fiscalía a eldiario.es, que insisten en recordar sus bazas para “acreditar” la rebelión, entre ellas, los policías heridos el 1-O o los guardias civiles y la secretaria judicial que permanecieron durante horas en la conselleria de Economía el 20-S. Todos ellos describirán un ambiente hostil y tumultuario, que la Fiscalía cree que fue impulsado por los acusados.

Según los fiscales, además, el plan independentista violento que cristalizó en septiembre y octubre de 2017 ya se había previsto en tres documentos: el Llibre Blanc encargado por Artur Mas en 2012 a un grupo de catedráticos, expertos y tertulianos, que entonces no se consideró delictivo pero del que ahora se destaca el fragmento que destacaba “el apoyo de la sociedad civil movilizada como posible factor decisivo” para la independencia.

Asimismo, son relevantes para la Fiscalía el power-point sin sello oficial 'Enfocats', incautado en casa del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové. Los acusados han dicho desconocerlo y lo han tildado de “extravagante”, “apócrifo” o “estrambótico”, pero para los fiscales muestra “una exhaustiva guía del proceso a desarrollar” para lograr la independencia. Y, por último, está la célebre Moleskine de Jové, con detalladas anotaciones sobre la pasada legislatura.

La reunión con Trapero del 28 de septiembre

Las mismas fuentes fiscales recuerdan además otra de las patas de la rebelión: la reunión del 28 de septiembre de 2017 en la Generalitat a la que asistieron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y la cúpula de los Mossos, clave para determinar si la policía autonómica advirtió del riesgo de violencia en caso de seguir adelante con la votación del referéndum.

A preguntas del fiscal Fidel Cadena, Forn subrayó que los Mossos d'Esquadra no advirtieron al Govern de “un escenario de violencia generalizada” sino que “solo nos manifestaron su preocupación por incidentes puntuales”, tanto en el caso de que se celebrara el 1-O como si se suspendía. Además, Forn manifestó que todos los presentes estuvieron de acuerdo en que los Mossos debían impedir el 1-O, tal y como les había ordenado el TSJ catalán. Junqueras, que no contestó a la Fiscalía, también negó cualquier advertencia, a preguntas de su abogado.

La prueba del algodón para que el tribunal crea la versión de Forn o la de la Fiscalía vendrá con las comparecencias como testigos del resto de asistentes al encuentro, entre ellos el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero (que se enfrenta a 11 años por rebelión en la Audiencia Nacional); su exnúmero dos, el comisario Ferran López; y el excomisario jefe de Información, Manel Castellví.

Será uno de los momentos culminantes del juicio. En círculos judiciales se advierte de que la tabla de salvación de Trapero puede servir al mismo tiempo para condenar a los políticos. En su escrito de defensa, Trapero asegura que en la reunión los Mossos trasladaron su “preocupación por los eventuales problemas para la seguridad ciudadana que podían producirse” una vez los políticos habían decidido mantener el 1-O. Una demostración, según la defensa del exmajor, de que no había ningún concierto entre políticos y policías para llevar a cabo el referéndum.

Los errores de Cadena y Madrigal

Las defensas eran conscientes antes del juicio de que Zaragoza sería el hueso más duro de roer entre los fiscales presentes en el juicio. Por contra, a los abogados y abogadas les han sorprendido sobremanera los errores cometidos durante los interrogatorios por parte de los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal.

Más allá de los lapsus lingüísticos de Cadena –“Asociación” en vez de “Assemblea” para referirse a la ANC; confundir Oriol Pujol con Oriol Junqueras, o renombrar “Mercedes” a la intendente Teresa Laplana–, han llamado la atención entre las defensas sus errores fácticos, como cuando el fiscal situó a la Crida, movimiento político nacido en 2018, como impulsora de las concentraciones frente a los colegios el 1-O... de 2017. O como cuando se refirió a Santi Vila como conseller en septiembre de 2015, cuando el Govern de Puigdemont tomó posesión en enero de 2016.

Respecto a Madrigal, las defensas destacan el hecho de que confundiera la hoja de ruta del Govern de Puigdemont con la de la ANC de marzo de 2015. “La hoja de ruta que firmé no hacía referencia a movilizaciones. Usted habla de la ANC, no de nosotros”, reiteró Rull hasta en dos ocasiones. Madrigal también confundió la “Sindicatura de Cuentas” con la Sindicatura Electoral del 1-O y tuvo un lapsus al atribuir a la Generalitat las competencias en las autopistas. “Ya me gustaría, pero son competencia del Estado”, ironizó Rull.