Jordi Cuixart pide su traslado a una cárcel catalana para proteger su derecho a la defensa y a la vida familiar
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha solicitado a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, que depende del ministerio del Interior, su traslado a una cárcel catalana para facilitar su derecho a la defensa y conciliar su vida familiar. Cuixart, procesado por rebelión, está encarcelado en Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.
La petición del presidente de Òmnium versa sobre dos aspectos. En primer lugar, su defensa, que ejerce la letrada Marina Roig, argumenta que una vez finalizada la fase de instrucción y dictado el auto de procesamiento ya no existen motivos para su encarcelamiento en una cárcel madrileña, más próxima para estar a disposición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El traslado a un centro penitenciario catalán permitiría a la defensa un acceso más fluido a Cuixart para preparar un juicio aún sin fecha, añaden desde Òmnium.
Asimismo, Cuixart asevera que, de no atenderse su petición, se estaría vulnerando los derechos de su hijo, de un año de edad, a relacionarse con su padre. Unos derechos, recuerda el dictamen del abogado Carlos García Castaño, reconocidos tanto por la legislación española como por la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas firmada por España, que obliga a los estados a respetar los derechos del menor separado de uno de sus padres a relacionarse con ellos así como el contacto regular con él.
Los viajes periódicos del hijo de un año de Cuixart a la cárcel para ver a su padre –Soto del Real se encuentra a 700 kilómetros del domicilio familiar tienen efectos físicos y emocionales para el menor, añade la defensa. Otros políticos presos con hijos menores de edad –Oriol Junqueras, Raül Romeva y Josep Rull– prevén seguir los pasos de Cuixart en los próximos días, según publica este martes el diario ARA. El pasado mes de enero el juez Llarena ya denegó el traslado de Junqueras a una cárcel catalana.
La petición presentada ante Instituciones Penitenciarias por García Castaño está acompañada por dos dictámenes elaborados por el profesor Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB), y otro firmado por el abogado Albert Parés, premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía española.
“La actual situación de esta prisión preventiva, se hace equivalente, de facto, a una política de dispersión y alejamiento que no puede tener lugar”, asegura el dictamen de Rivera. Añade el documento que con el traslado a una cárcel catalana “todas las funciones” de la prisión provisional se mantendrían. Además, se lograría mitigar la “nocividad familiar” respecto al hijo menor de edad Cuixart. “No es solo un derecho del progenitor encarcelado de ver perturbado lo menor posible su mundo relacional, es sobre todo un derecho de su hijo”, concluye el informe.
