Oriol Pujol usará la última reforma del PP en el Código Penal para intentar no ir a prisión por las ITV

Fue un cambio que pasó inadvertido. Entre las reformas en el Código Penal implantadas por el PP en 2015 y que supusieron el endurecimiento de las penas o la introducción de la prisión permanente revisable también figuraba un nuevo artículo, el 80.3. A este artículo se agarrará ahora Oriol Pujol Ferrusola para intentar no ir a prisión pese a aceptar una pena de dos años y medio de cárcel en el caso de corrupción de las ITV en virtud de su pacto con la Fiscalía Anticorrupción suscrito este miércoles.

El ingreso en prisión de los condenados a más dos años de cárcel dejó de ser obligatorio gracias a este nuevo artículo, que autoriza “excepcionalmente” a suspender las penas de prisión que individualmente no superen los dos años. En otras palabras, las penas no se suman sino que se aplican por separado. De esta forma, que la pena en conjunto sume más de dos años no implica automáticamente el ingreso en prisión.

En concreto, el artículo 80.3 del Código Penal reza: “Excepcionalmente, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen”.

El pacto al que, tras meses de negociaciones, han llegado los seis acusados por las ITV este miércoles tiene varias implicaciones. La primera es que todos ellos se ahorran someterse a un juicio por jurado popular. Pujol Ferrusola quería evitar a toda costa sentarse en el banquillo, entre otros motivos, por el desplome de simpatía que ha sufrido su familia entre la sociedad catalana –y por lo tanto, entre los potenciales miembros de un jurado– debido a la fortuna oculta andorrana por la que está imputado en la Audiencia Nacional junto a sus padres y hermanos.

Al no haber juicio por las ITV, se dictará una sentencia de conformidad que no será recurrida ni por la Fiscalía ni por las defensas, por lo que será firme y en consecuencia agilizará la ejecución de las condenas y el pago de las multas. Más de cinco años de investigación se ventilarán en una breve vista ante la magistrada, sin tener que designar a los miembros del jurado popular que habrían sido los encargados de enjuiciar el caso.

Así, Pujol Ferrusola, se convertirá en el primer miembro de la familia condenado por corrupción en un caso, el de las ITV, que supuso su dimisión como secretario general en la antigua Convergència y diputado de CiU en el Parlament. Se frustró así su carrera política, en la que aspiraba a liderar, como hizo su padre, el partido del nacionalismo catalán conservador.

Una vez sea firme la sentencia, será el momento de ejecturarla. Para ello se convocará otra vista después del verano, en septiembre u octubre, han explicado fuentes jurídicas. En este punto es donde aparece el artículo 80.3, la carta que jugará Pujol Ferrusola para suspender su pena en caso de que la Fiscalía solicite su ingreso en prisión. Hace un año, cuando se firmó el primer acuerdo del caso, Anticorrupción anunció su intención de pedir el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola, pero este miércoles ha evitado confirmarlo.

Pujol Ferrusola ha admitido tres delitos en el caso ITV. Gracias al pacto con la Fiscalía, por cohecho será condenado a ocho meses de prisión; por el tráfico de influencias, a cinco meses; y por la falsedad documental, a un año y cinco meses. Al ser las tres penas inferiores a dos años, su defensa, que ejerce el penalista Xavier Melero, solicitará la individualización de las mismas en base al 80.3 y la suspensión de su ingreso en prisión. Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 5 años y dos meses de cárcel (dos años por tráfico de influencias; un año y dos meses por cohecho; y dos años por falsedad).

Respecto al resto de elementos para suspender la pena –circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, sobre todo, el esfuerzo para reparar el daño causado–, Pujol Ferrusola ha aceptado un decomiso de 311.000 euros y una multa de 76.000 euros. El hijo del expresident ha reconocido que cobró comisiones de empresarios afines a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas.

A cambio, su esposa, Anna Vidal, se salva de entrar en prisión: ha aceptado una pena de multa de quince meses sustituible por 83.250 euros. Además de las ITV, entre las operaciones en que Pujol ha reconocido haber intervenido figuran las deslocalizaciones industriales de Sharp y Yamaha. El resto de empresarios y políticos del caso han sido condenados a penas menores: dos años para Sergi Alsina y cinco meses sustituibles por una multa para Sergio Pastor, Ricard Puignou y Josep Tous. Todos ellos deberán pagar cerca de 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos que han aceptado.