Los jefes de Policía y Guardia Civil relatan “ataques” de votantes y culpan a los Mossos de facilitar el 1-O
Los jefes de Policía y Guardia Civil en Catalunya el 1-O, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, han puesto el broche este jueves al relato de violencia que han hilado los testigos propuestos por la Fiscalía esta semana en el Tribunal Supremo. Comisario de Policía (ya jubilado) y teniente general de la Guardia Civil han asegurado que los agentes recibieron “ataques muy violentos” en algunos colegios ante una “pasividad” general de los Mossos d'Esquadra, a los que han culpado de facilitar el 1-O.
Siguiendo la línea del coordinador policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, Gozalo ha calificado de “prebélico” el lenguaje que políticos y activistas de los CDR emplearon en los días previos el 1-O porque llamaban a “defender las urnas y la república”. La consecuencia de esas llamadas fue “actitud violenta y manifiesta” en algunos colegios. “Hubo agresiones, empujones, nos tiraron vallas, patadas”, ha dicho Trapote, que ha concretado que hubo 65 policías heridos.
No obstante, ambos mandos se han contradicho cuando han sido preguntados sobre si creían que había una organización detrás de los actos de resistencia pasiva previos a las agresiones en los colegios. “Tampoco hace falta un máster”, ha dicho Gozalo, que también ha rechazado al término “escudos humanos” cuando Vox le ha preguntado por esta expresión repetida varias veces por las acusaciones. “Eran gente que armónicamente y conjuntamente se unían los brazos, no escudos”. En cambio, Trapote ha avalado la tesis de reparto de papeles entre activistas en los colegios para torpedinar la actuación policial.
“Si era difícil entrar, a veces era peor salir, era más complicado porque, como consecuencia de haber hecho una intervención dentro del centro, los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, estaban enrabietados, y las reacciones eran más violentas”, ha relatado Trapote. Por su lado, Gozalo ha dicho que muchos votantes “tenían ganas” a la Guardia Civil por la operación contra el referéndum del 20-S.
Ambos han defendido la actuación policial del 1-O. “El uso de la fuerza fue congruente, racional y proporcionado y fue el mínimo imprescindible”, ha afirmado Trapote, para a renglón seguido proclamar que “la Policía no se dedica a golpear de manera gratuita”. Sobre el uso de gas pimienta por parte de la Guardia Civil en el pueblo de Aiguaviva (Girona), Gozalo ha negado que fuera gas pimienta y ha dicho que se trató de “espray de defensa personal”.
En lo que ha habido unanimidad absoluta es en alinear a los Mossos con el plan para celebrar el 1-O. Según Gozalo, sospecharon de los Mossos desde el 19 de septiembre, cuando la Policía autonómica tardó 40 minutos en auxiliarles durante el registro de Unipost y él vio que “algo estaba fallando”. Pese a ello, siguieron reuniéndose con los Mossos y el 29 de septiembre acordaron que Policía y Guardia Civil actuarían a requerimiento de la policía catalan. Todo se rompió el 1-O, cuando los Mossos desplegaron un dispositivo “escasísimo”, en palabras del teniente general.
Seguimientos y cadena de mando
Trapote no solo ha acusado a los agentes de la policía catalana de actitud pasiva y de no generar colegias, sino que ha dicho que el 1-O mossos hicieron seguimientos a sus unidades, opusieron en ocasiones resistencia cuando iban a intervenir y rechazaron ayudarles. No obstante, el clima de desconfianza mutua entre policías se ha relevado cuando Trapote también ha relatado que las brigadas de información de la Policía confeccionaron actas que recogían “qué tipo de servicio” estaba realizando los Mossos d'Esquadra, de los que se analizó si “estaban en contacto con las mesas de votación y si nos han puesto algún problema”. ¿Quién seguía a quién?
Tal y como ayer hicieran con Pérez de los Cobos, Las defensas aprovechan la declaración de los dos jefes policiales para indagar en la cadena de mando de las intervenciones del 1-O. Trapote ha confirmado que todas las decisiones sobre cuándo, cómo y en qué centros intervenir recayeron sobre las “jefaturas de unidad de intervención”, que en el caso de Barcelona corresponden a ocho inspectores jefes de los antidisturbios.
