El Supremo manda al banquillo a los líderes del 'procés' y emplaza a la Fiscalía a presentar acusación
El Tribunal Supremo ha dejado a los líderes soberanistas a un paso del juicio cuando se cumple un año de la declaración unilateral de independencia. La sala del Alto Tribunal que juzgará a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y a otros 15 dirigentes secesionistas ha dictado el auto de apertura de juicio oral, con el que da cinco días a la Fiscalía y al resto de acusaciones –la Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox– para presentar sus escritos de acusación. Al tiempo, declara sobreseída la causa contra Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras.
La sala ha confirmado este jueves el cierre de la instrucción de la causa del 1-O y ha descartado así practicar las casi 300 nuevas diligencias solicitadas por las defensas en los últimos días, entre las que figuraban la declaración de varios testigos así como saber si el Gobierno valoró elevar la alarma antiterrorista por el referéndum e incluir en la causa autos del juez que investiga las cargas de la Policía del 1-O en Barcelona. Los independentistas podrán volver a pedirlas en sus escritos de defensa para intentar, ya durante el juicio, desmontar la rebelión y la violencia del 'procés'.
En un auto redactado por el presidente de la sala penal del Supremo, Manuel Marchena, se descarta reabrir la fase de instrucción para realizar todas esas diligencias. Argumentan los magistrados que no es el momento procesal para hacerlas, ya que la apertura de juicio oral “no es una segunda oportunidad para reactivar la tarea de instrucción”. Y añaden que, de acceder a realizarlas, se alargaría de forma “inadmisible” la celebración del juicio. “La práctica de centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable”, señalan los togados.
La sala descarta pronunciarse sobre las peticiones que le habían realizado las defensas sobre vulneraciones de derechos fundamentales que habría cometido el juez Llarena durante la fase de instrucción. También rechaza, tal y como le habían pedido los abogados de los independentistas, valorar si en la causa concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión. Todas stas cuestiones, responden los magistrados, se dirimirán en el juicio, y ya han sido objeto de autos anteriores sobre los recursos de apelación contra las decisiones de Llarena.
Y sobre las quejas de las defensas porque no podían acceder a todos los documentos de la causa colgados en la nube virtual, los magistrados descartan que genere indefensión ya que todos los documentos que se han colgado a la nube antes estaban disponibles en papel.
Ahora el balón de la causa del 'procés' pasa al tejado de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. Deberán concretar si, como vienen manteniendo durante la fase de instrucción, los hechos del otoño soberanista del año pasado sustentan una acusación por rebelión, delito penado con un mínimo de quince años de prisión.
La presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado también tendrá sus consecuencias políticas. El PDeCAT y ERC, claves para que el Gobierno puede aprobar sus presupuestos en el Congreso, han condicionado su apoyo a las cuentas a un movimiento de la Fiscalía respecto a los presos, que pasaría por rebajar la calificación de rebelión. El Ejecutivo ha rechazado las pretensiones secesionistas para influir directamente en la Fiscalía, si bien este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió que la rebelión era difícil de aplicar al 1-O.
Una vez las acusaciones hayan presentado sus escritos, será el turno de los abogados y abogadas de los dirigentes secesionistas, que tendrán otros cinco días para remitir sus escritos de defensa. Con todo, este plazo podría quedar en suspenso ya que las defensas prevén volver a cuestionar, tal y como les permite la ley de enjuiciamiento criminal, la instrucción de Llarena y pedir para ello una nueva vista en el Supremo.
