Voces del mundo del Derecho siguen denunciando el deterioro de los derechos fundamentales que, a su juicio, la Fiscalía y los distintos cuerpos policiales llevan a cabo con la excusa de la suspensión del referéndum del 1 de octubre por parte del Tribunal Constitucional (TC).
La Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), en un informe, ha advertido de los “atentados” a cinco derechos fundamentales que creen que se están produciendo estos días y que vulneran el derecho a la libertad de expresión e información, a un juez ordinario, el derecho de reunión y manifestación y el del ejercicio libre de la representación política. Los togados barceloneses añaden: “Convocar y participar en un referéndum no es delito”.
El punto de partida de los abogados para denunciar las actuaciones policiales y de la Fiscalía, como las identificaciones a ciudadanos por colgar carteles de partidos a favor del 1-O o las citaciones a más de 700 alcaldes, es la suspensión de la ley del referéndum y de su decreto de convocatoria que acordó el Tribunal Constitucional hace dos semanas.
Esta suspensión, remarcan los abogados, es temporal. El TC no ha decidido todavía sobre si el referéndum es constitucional. Y aunque el 1-O fuera inconstitucional, añaden, el referéndum no podría calificarse de “ilegal”, ya que el TC no determina la legalidad o ilegalidad de las leyes, sino su adecuación a la Constitución.
Además de suspender el 1-O, el TC apercibió a más de 1.000 dirigentes –los 948 alcaldes de Catalunya, el Govern en pleno y 62 altos cargos de la Generalitat– de su deber de impedir o paralizar cualquier acción para impulsar el referéndum, bajo advertencia de que el alto tribunal podría pedir a la Fiscalía querellarse contra ellos si lo desobedecían.
Fiscalía “extiende indebidamente” la suspensión del 1-O
Recuerdan los letrados que el alcance de la suspensión del Constitucional del 1-O se limita a los poderes públicos y a estos 1.000 políticos apercibidos personalmente. Sin embargo, a juicio de los abogados, la Fiscalía y algunos cuerpos policiales “están extendiendo indebidamente la decisión del TC a particulares, entidades, partidos políticos, empresas privadas y de comunicación”, algo que, según el criterio de los letrados, “está vulnerando derechos fundamentales”.
Los togados ponen cinco ejemplos de cada uno de los derechos que creen vulnerados. Así, los abogados consideran que las instrucciones de la Fiscalía para citar a interrogar a más de 700 alcaldes, al haber ya causas judiciales por los mismos hechos, exceden las competencias del ministerio público y vulneran el derecho a un juez ordinario recogido en el artículo 24.2 de la Constitución.
Añaden los letrados que la orden de la Fiscalía a las policías locales –no así a Mossos, Guardia Civil o Policía Nacional– para que requisen urnas y carteles del 1-O “no tiene amparo legal” ya que las policías locales solo pueden actuar como policía judicial en infracciones penales relativas a los delitos menos leves, las antiguas faltas.
Esta orden de la Fiscalía a los cuerpos policiales, que adelantó en exclusiva eldiario.es, ha hecho que los agentes identifiquen y retengan a ciudadanos mientras colgaban carteles de partidos políticos o entidades sobre el 1-O, lo que para los togados supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Cualquier limitación de este derecho, recuerda la Comisión de Defensa del Icab, debe ser acordada por un juez, es decir, no la puede decidir la Fiscalía o los cuerpos policiales.
Los abogados también consideran vulnerados los derechos de reunión y manifestación por las suspensiones de actos en Madrid o Gijón a favor del derecho a decidir; y el de libre ejercicio de representación política por la investigación de la Fiscalía a más de 700 alcaldes y la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament.
“Es una paradoja –lamenta la Comisión de Defensa– que las resoluciones que originan la vulneración de derechos emanen del órgano que los ampara y protege, el Tribunal Constitucional”.
Guía jurídica para ciudadanos de cara al 1-O
Además de denunciarlos, los togados se han puesto manos a la obra para que la ciudadanía sepa qué hacer si, por ejemplo, un policía le requiere el DNI mientras está colgando carteles a favor del 1-O.
La Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, con el apoyo de colectivos como el centro Irídia, Lafede.cat, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y Defender a Quien Defiende han editado una guía de consejos legales para los ciudadanos de cara al 1-O
Las entidades, que también han lanzado el manifiesto #SomDefensores al que han dado apoyo varios colectivos de DDHH internacionales, consideran que la respuesta del Estado al referéndum “supone un grave retroceso en materia de garantía de derechos humanos y libertades individuales y colectivas en Catalunya, y un deterioro de la democracia y del estado de derecho en su conjunto”.