Adiós a la legislatura que rompió el independentismo

Ha hecho fortuna la cita de Tolstoi en el inicio de Ana Karenina que asegura que “todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”, porque captura un fenómeno frecuente que cualquiera ha observado alguna vez. Los catalanes, por ejemplo, lo han podido ver en la legislatura que este martes acaba, durante la que han sido testigos de las mil formas, algunas de ellas increíblemente sofisticadas, que ha utilizado la familia independentista para pelearse, ponerse la zancadilla y hacerse la puñeta los unos a los otros a lo largo de casi tres años.

Si el periodo 2015-2017 fue el de la ruptura con el Estado, con el orden constitucional español o de Catalunya en dos mitades, la última legislatura ha sido la de la ruptura interna entre independentistas. La batalla electoral entre la corriente que viene de Convergència y la de ERC, y también de estas con la CUP, no es nueva. Pero la bronca nunca había sido tan dura, tan pública y tan fratricida como en los últimos años, con acusaciones cruzadas que incluso ponen en duda las intenciones independentistas o el compromiso con la libertad de los presos del contrario.

El vicepresident Pere Aragonès firmó este lunes el decreto que convoca las elecciones para el 14 de febrero, después de que el Parlament se disolviera automáticamente tras dos meses sin poder investir a un president. Los independentistas llegan a los nuevos comicios en una situación muy diferente a la de diciembre de 2017, cuando planteaban la votación como una reválida del referéndum y un acto de rechazo al 155. La ruptura interna del secesionismo es ahora tan profunda que en la precampaña ambas formaciones agitan el espantajo de que el contrario firme una coalición no independentista en el Govern, pese a que ni las encuestas ni los juegos de alianzas apuntan en esa dirección.

Desde Junts hace tiempo que afirman sin medias tintas que ERC buscará un tripartito con el PSC y los 'comuns' si la suma da, algo que tanto republicanos como socialistas descartan. Mientras, los de Oriol Junqueras aluden a los acuerdos de Junts con el PSC en la Diputación de Barcelona para sembrar la duda sobre un posible acuerdo 'sociovergente' en la Generalitat. Son dardos clásicos entre rivales de cualquier competición electoral pero, entre dos formaciones que han sido socias y aspiran a volver a serlo, demuestra hasta qué punto se han deteriorado sus relaciones.

Del 155 a la COVID-19

La legislatura tardó en arrancar. Desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 18 de mayo del año siguiente el Parlament fue incapaz de nombrar a un nuevo president, por el veto impuesto por la justicia a Carles Puigdemont y, posteriormente, por el encarcelamiento de Jordi Turull, a quien se impidió presentarse a la segunda sesión de su investidura. El independentismo había prometido la “restitución” del anterior Govern, pero la presión del artículo 155, que el Gobierno central se negaba a levantar hasta que no se formase un nuevo ejecutivo catalán sin presencia de encausados, acabó haciendo que Junts per Catalunya y ERC eligieran a Quim Torra y, este, aceptara nombrar un gabinete con todos sus miembros limpios de causas penales.

Fue en aquella primera etapa, previa a la formación del Govern, cuando se produjo una de las heridas más profundas entre los independentistas. Después de que el Constitucional prohibiera explícitamente la investidura telemática de Puigdemont, Junts consideraba que el Parlament debía continuar adelante y votarlo de todas formas. ERC, en cambio, se mostró partidaria de ir cuanto antes a lo que entonces llamaron un “Govern efectivo”, es decir, que sirviera para recuperar las competencias autonómicas y echar a andar la legislatura.

Los caminos entre los socios se bifurcaron entonces, sobre todo en la Cámara, que posteriormente tuvo que ver como la justicia apartaba a los presos de sus escaños antes de ser condenados, ponía trabas al voto a distancia de Puigdemont y Comín, o impedía que ciertas resoluciones, sobre la independencia pero también sobre asuntos diferentes, como la monarquía, fueran votadas y aprobadas en el Pleno. Ante todas esas situaciones, Junts y ERC apostaron por respuestas diferentes, al menos de palabra, y acabaron llegando a soluciones de compromiso que no contentaron a ninguna de las partes y las enfrentó aún más.

El choque definitivo llegaría con otra causa penal, en este caso la inhabilitación de Torra por el delito de desobediencia al haberse negado en un primer momento a retirar una pancarta sobre los presos del Palau de la Generalitat durante periodo electoral, tal y como le reclamaba la Junta Electoral. El president trató de evitar que el Parlament le retirara el acta de diputado, para lo que consiguió incluso que el Pleno se lo reafirmara mediante una resolución. Pero la Junta Electoral continuó adelante y los funcionarios de la Cámara acabaron ejecutando la sentencia y retiraron el escaño.

Torra y Junts acusaron a ERC y, en concreto, al presidente del Parlament, Roger Torrent, de haber “desprotegido la institución” de la presidencia, motivo por el cual anunció que convocaría elecciones una vez los presupuestos estuviesen aprobados. Era el 29 de enero de 2020 y la OMS ya lanzaba advertencias sobre una emergencia sanitaria internacional que, por el momento, no ocupaban las primeras páginas de los diarios.

Presupuestos, regulación del alquiler y pandemia

El balance legislativo de este periodo es de 12 leyes impulsadas por el Govern y 20 por los grupos, una cifra que sin ser de récord no ha evitado que la legislatura quede como infructuosa. Pese a un arranque en parálisis por parte del Ejecutivo, Junts y ERC finalmente han conseguido superar algunas pruebas de la legislatura, como aprobar unos presupuestos, en la primavera pasada, que sirvieron para liberar unos recursos que el sistema necesitaba después de tres años de inanición.

Sacar adelante unas cuentas era un empeño del vicepresident Aragonès, centrado en ofrecer una imagen de gestión, y conseguir el voto favorable de los 'comuns' le servía también para exhibir la capacidad de llegar a acuerdos más allá del independentismo. A cambio, el Govern aceptó acometer una reforma fiscal que tocaba el tramo autonómico del IRPF para hacerlo más progresivo y reducía exenciones en figuras como la de sucesiones. El Govern siguió además impulsando fiscalidad verde mediante tributos propios, como ya había hecho en los anteriores presupuestos.

Otro de los hitos en el ámbito legislativo fue la ley de contención de precios del alquiler, presentada por los grupos de Junts, ERC, Catalunya en Comú y la CUP tras un acuerdo con entidades por el derecho a la vivienda. La norma introdujo unos topes en el precio de los arrendamientos de viviendas que han sido celebrados por entidades como el Sindicat de Llogaters y la PAH, que colocó a Catalunya como pionera en esta cuestión a la espera de que el Gobierno central presente su propia normativa. Meses antes, el Govern también había introducido una normativa restrictiva contra las llamadas VTC, servicios que prestaban empresas como Cabify o Uber.

El ritmo legislativo no era ni mucho menos frenético, pero la llegada de la pandemia cambió el compás. De las normas que entraban a la Cámara como proyectos que debían recorrer cada trámite parlamentario, el Govern catalán pasó a tirar de decreto como nunca antes en pleno Estado de Alarma. En los últimos meses el Parlament ha validado 67 decretos-ley firmados por Torra, hasta septiembre, o por Aragonès a partir de entonces. Entre los más importantes de estos la mayoría han estado relacionados con la situación sanitaria, bien para inyectar recursos gracias a la flexibilización del límite de déficit por parte del Gobierno central, o bien para la ampliación de hospitales, como el Parc Taulí de Sabadell o el Josep Trueta en Girona, ambos licitados después del verano.