Los testigos de las defensas siguen compareciendo en el juicio del procés. Este lunes se han combinado testimonios de calado político con otros súmamente técnicos a cuenta de la presunta malversación del 1-O. Respeto a los primeros, ha destacado el diputado electo en el Congreso de Catalunya en Comú Jaume Asens, quien ha reivindicado el apoyo de su partido y del Ayuntamiento de Barcelona al 1-O como una “movilización con apariencia de referéndum” y ha criticado las “cargas indiscriminadas” de la Policía.
En su declaración como testigo, Asens ha relatado al tribunal el “acuerdo político” por el que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat cerraron el apoyo de los 'comuns' al 1-O. El respaldo de Ada Colau al 1-O era ampliamente buscado por el Govern de JxCat y ERC, ya que de esta forma el Ejecutivo de Puigdemont podía presumir de que sectores no independentistas también secundaban la votación.
Según Asens, dicho acuerdo no implicó ninguna cesión de medios humanos o materiales a la Generalitat para la votación. “Llegamos a acuerdo político con la Generalitat para apoyar el 1 de octubre”, ha contestado Asens a preguntas de Vox. El diputado electo ha defendido que los 'comuns' llamaran a votar porque “la vida política de la ciudad no estaba en suspenso y los derechos estaban plenamente vigentes”.
“Más que un referéndum era una acción de desobediencia civil y una movilización, una movilización con apariencia de referéndum y por eso llamamos a participar”, ha expresado Asens, que ha contado cómo presenció sobre el terreno las “cargas indiscriminadas” de la Policía en el colegio Ramon Llull de Barcelona tras intentar sin éxito mediar con el mando al frente del operativo. El consistorio ejerce la acusación popular en la causa que investiga la intervención policial.
“Presencié cargas indiscriminadas, golpes contra gente indefensa y vi como se disparaban pelotas de goma sin advertencias previas ni a la distancia reglamentaria que establecen los protocolos. Hubo pánico y ansiedad” ha recordado. Respecto la protesta del 20-S, Asens, como el resto de testigos propuestos por la defensa de Jordi Cuixart, ha negado que la concentración buscara “impedir” el registro en la conselleria de Economía o “asaltar” el departamento, tal y como sostiene la Fiscalía.
En la misma línea se ha expresado el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, quien ha definido la concentración como “un acto más de protesta que para impedir el registro”. El dirigente sindical ha comparado la concentración en la Rambla de Catalunya con un piquete sindical en el que “en ningún momento se pretendía interrumpir el trabajo de la policía pero sí protestar porque los registros y detenciones eran desproporcionados”.
Y el exvicepresidente de Òmnium Cultural Joan Vallvé, exdiputado de CiU y propietario de la gestora de fondos Gaesco, ha defendido que la protesta fue “pacífica” y que por ello los comercios de la zona permanecieron abiertos “sin ningún problema”. Por la mañana, la exdiputada de la CUP Mireia Boya había relatado uno de los episodios menos conocidos y más acalorados del 20-S: su oposición a la desconvocatoria de la protesta que realizaron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Según ha explicado Boya, cuando los ‘Jordis’ le explicaron que iban a desconvocar la concentración, tanto ella como su colega diputada de la CUP Eulàlia Reguant mostraron su oposición. “Les dijimos que no éramos nadie para desconvocar y discutí con Jordi Sànchez, que estaba convencidísimo que se tenía que desconvocar”, ha recordado. Finalmente, las dos diputadas de la CUP accedieron a que se desconvocara la protesta porque los ‘Jordis’ llamaron a una nueva concentración para el día siguiente ante la sede del TSJC. “La gente necesitaba tener la posibilidad de seguir protestando”, ha alegado Boya.
Negativas a la malversación
En los tramos más técnicos de las testificales de este lunes, dos altos funcionarios de la Generalitat han desvinculado al Govern de la acusación por malversación, delito al que también se exponen los tres exconsellers que no están en prisión provisional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, además de los exconsellers presos.
El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha asegurado que no se destinaron fondos públicos a la votación. Ni a través de ninguna conselleria ni de cualquier ente público de la Generalitat. “No existe afectación presupuestaria, reserva de crédito, factura pendiente, ni compromiso de gasto ni afectación al presupuesto de la Generalitat”, ha sostenido.
“Nunca hubo la intención de destinar un euro al proceso refrendario”, ha afirmado respecto a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, expresión que ha hecho extensiva al resto de conselleries. “No aparece ninguna vinculación con el referéndum del 1-O” ni “ningún encargo formal específico” en relación a las papeletas y las notificaciones a miembros de las mesas incautadas en la sede de Unipost en vísperas al referéndum, ha concluido.
Por su lado, la directora de contratación pública de la Generalitat, Mercè Corretja, ha explicado que el acuerdo de Govern del seis de septiembre de 2017 que habilitaba al Ejecutivo catalán a gastar dinero en el 1-O era de aplicación inviable porque los expedientes de contratación necesitan como mínimo seis meses para tramitarse. “No se podía dar un nombre a un objeto de contratación y luego variar, con el mismo nombre, el contenido, porque algún órgano de control se habría dado cuenta”, ha detallado a preguntas de si la Generalitat podría haber enmascarado gastos para el 1-O en contratos corrientes.
Asimismo, Corretja ha defendido que bajo la intervención financiera de la Generalitat vigente desde 2016 la Generalitat remitió al ministerio de Hacienda “toda la información sobre los gastos”, por lo que las cuentas catalanas “quedaron bloqueadas”. También ha testificado la secretaria general de la conselleria de Educación, Núria Cuenca, que ha explicado que la Generalitat valoró en 268.000 los daños causados por la intervención policial en los colegios el 1-O.