Por primera vez un miembro de la familia Pujol Ferrusola entrará en la cárcel para cumplir una condena por corrupción. La Audiencia de Barcelona, tal y como pedía la Fiscalía, ha ordenado el ingreso en prisión de Oriol Pujol Ferrusola para que cumpla la condena de dos años y medio de cárcel que él mismo aceptó. El hijo del expresident puede interponer un recurso contra esta resolución en los próximos tres días, aunque fuentes judiciales apuntan a que es muy difícil que prospere vista la contundencia del auto de este miércoles.
La entrada en prisión del quinto hijo del expresident por haber cobrado comisiones ilegales –tal y como el propio Pujol Ferrusola admitió en su pacto con Anticorrupción– es un nuevo capítulo del ocaso imparable de la familia que controló la Generalitat durante 23 años. Jordi Pujol padre, Marta Ferrusola y sus siete hijos siguen imputados en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra, en un caso que sigue en instrucción tras más de cuatro años y por el que Jordi Pujol junior estuvo siete meses en prisión provisional, que abandonó después de abonar una fianza de medio millón de euros.
En el caso de Oriol Pujol, su estrategia de buscar un acuerdo con la Fiscalía que le ahorrara el juicio de las ITV no ha evitado su ingreso en prisión. Tras el pacto con Anticorrupción, el único hijo del expresident que se dedicó a la política aceptó la sentencia que lo condenó a dos años y medio de cárcel por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, así como una multa de 76.000 euros, que ya ha pagado.
Lo que Pujol Ferrusola quería evitar a toda costa y sí ha conseguido era evitar el ingreso en prisión de su mujer, Anna Vidal, también condenada a penas menores por enmascarar como trabajos de asesoría pagos de 381.450,4 euros que no eran otra cosa que comisiones de empresarios afines por, concluyó la sentencia, la “inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol Ferrusola” para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas y las deslocalizaciones de empresas como Sharp o Yamaha.
“Los hechos son muy graves –sostiene el auto de la magistrada–presidenta del jurado, Carmen Zabalegui, que ordena el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola– porque el penado, en vez de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó de los mismos en su propio beneficio”. “No se trató de una acción aislada”, añade la magistrada, “sino que era una manera de actuar desde su privilegiada posición política y actividad pública que se prolongó entre 2010 y 2012 y solo terminó cuando la estratagema fue descubierta”.
La magistrada define los sobornos y corruptelas de Pujol Ferrusola como “un ataque muy importante a nuestro Estado de Derecho”, y, tras ponderar las circunstancias personales esgrimidas por la defensa del hijo del expresident, concluye que prima la gravedad de los delitos a los que ha sido condenado. “No existe ningún elemento extraordinario que aconseje la suspensión de la pena”, zanja.
La defensa del hijo del expresident había pedido al tribunal suspender la entrada en la cárcel de Pujol Ferrusola porque el ingreso en prisión perjudicaría “gravemente” a su entorno familiar, así como a su arraigo social y laboral “en plena reconstrucción”. Pujol Ferrusola, que ahora trabaja como autónomo, paga los estudios y la mutua privada de sus hijos y su mujer, indicó la defensa, que añadió que el expolítico de CDC también realiza un voluntariado.
La Fiscalía rechazó todos los argumentos de Pujol Ferrusola y expuso que su situación “no es distinta a la de muchos otros ciudadanos, sin que concurra ninguna circunstancia excepcional a tener en cuenta”, para evitar su ingreso en prisión. La fiscal Teresa Duerto le recordó además que en España hay sanidad pública y que Vidal cuenta con estudios superiores suficientes para encontrar un trabajo que sustente a la familia mientras su marido esté en prisión.
“Es de dominio público que la Pujol Ferrusola no se trata de una familia con escasos recursos económicos”, concluyó la fiscal, que desveló que Oriol Pujol ha adquirido una segunda residencia en la Cerdanya para negar que el ingreso en prisión del hijo del expresident deje desamparados a su mujer y a sus hijos. La defensa también pedía que Pujol Ferrusola no pisara la cárcel en base a la última reforma del Código Penal que el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta en 2015.