El Congreso recuerda a una jueza de Barcelona que a Borràs (JxCat) debe investigarla el Supremo porque es aforada
La instancia judicial que debe investigar a los diputados del Congreso es el Tribunal Supremo. Así se lo han recordado la Mesa y el secretario general de la Cámara a la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que mantiene abierta una causa desde hace diez meses por los supuestos contratos a dedo que habría otorgado la actual diputada en el Congreso Laura Borràs (JxCat) cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En el marco de la causa contra abierta contra Borràs, la jueza, a través del secretario del juzgado, pidió el pasado 31 de mayo al Congreso una “certificación acreditativa de la condición de diputada” de Borràs. Se trata, según fuentes judiciales, de un paso previo a enviar la causa al Tribunal Supremo mediante una exposición razonada, un escrito en el que la jueza mostrará al Alto Tribunal los indicios que haya obtenido contra la diputada. Luego, si acepta el escrito, el Supremo deberá pedir autorización al Congreso para interrogar a Borràs.
Sin embargo, la Cámara le ha indicado a la jueza que no sigue el camino adecuado. En un acuerdo al que ha tenido acceso eldiario.es, la Mesa del Congreso ha comunicado a la jueza de Barcelona que el escrito para solicitar la condición de diputada de Borràs debe cursarlo el Tribunal Supremo “en caso de que éste lo estime pertinente”. “La relación entre las Cortes y el Poder Judicial debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos”, recuerda el secretario general del Congreso.
La jueza investiga la contratación de servicios informáticos para web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Borràs, dirigía la institución, entre 2013 y 2018. Los Mossos registraron el pasado mes de noviembre el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y la ILC por orden de la jueza. Las pesquisas se centran en tres contratos presuntamente troceados para que la cantidad fuera inferior a 18.000 euros y evitar así la convocatoria de un concurso público.
Cuando estalló el caso en noviembre pasado, Borràs ya era consellera y diputada de JxCat en el Parlament, por lo que la instancia competente para investigarla sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En comparecencia en el Parlament, Borràs defendió que toda la actividad de la ILC se ajustó “a la legalidad” y afeó las “absurdidades difamatorias” que, a su juicio, solo buscaban “hacer daño”.
En el plano judicial, la defensa de Borràs, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante la jueza –adelantado por El Món– en el que argumenta que la magistrada no es competente para investigar a la diputada. Según ha tuiteado Borràs, la jueza la investiga por ser “una conocida independentista”.
