El pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado este jueves por unanimidad pedir al fiscal que exija “la responsabilidad penal” que corresponda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no acatar las resoluciones del tribunal.
El Constitucional ha acordado la nulidad de las conclusiones de la denominada “Comisión de estudio del proceso constituyente”, cuya votación no paró Forcadell pese a la prohibición dictada previamente por el tribunal. En concreto, la presidenta no incluyó la votación en el orden del día del pleno, pero una vez iniciado Junts pel Sí y la CUP pidieron que se votaran las conclusiones, petición basada en el Reglamento de la Cámara y que avaló Forcadell. Por contra, los miembros de la Mesa de Ciutadans, PSC y CSQP censuraron la actuación de Forcadell.
El Gobierno planteó antes del verano al Constitucional para que declarara nula la resolución aprobada por los independentistas. Pero fue un paso más allá y también requirió al Alto Tribunal que analizara si la presidenta Forcadell incurrió en “responsabilidades penales”, es decir, si delinquió, al no impedir que los grupos independentistas forzaran el debate y la votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán.