La declaración como imputado de la antigua mano derecha de Mas devuelve el 3% a la agenda
La entrada de agentes de la Guardia Civil en el Parlament y la Generalitat el pasado 20 de julio fue una de las imágenes del verano. Su operación no estaba relacionada con el proceso soberanista, sino que buscaba reconstruir la agenda desaparecida de Germà Gordó, la poderosa exmano derecha de Artur Mas en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y la Generalitat e imputado por su presunto papel clave en la trama corrupta del 3% que afecta a CDC.
Gordó, exsecretario del Govern y exconseller de Justicia, está citado a declarar este jueves a las 12h. como imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación. Será ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dada su condición de aforado como diputado en el Parlament. Gordó fue expulsado de JxSí y del PDECat cuando se conoció su imputación, pero se aferró a su escaño para no perder el aforamiento y a día de hoy es diputado no adscrito.
Si Gordó decide contestar las preguntas de las partes (como imputado puede no hacerlo), el magistrado Carlos Ramos, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo o la abogada Montserrat Vinyets, que ejerce la acusación popular en nombre de la CUP, le inquirirán sobre su agenda desaparecida.
Los investigadores tiran del hilo de la agenda de Gordó para contrastar los encuentros que el exconseller habría mantenido con empresarios del 3%, que han señalado a Gordó como el “Gerardo” o “Gregorio” con el que, usando estos nombres en clave, se reunieron. De hecho, Anticorrupción define a Gordó como “el conseguidor” del 3%.
El intento en julio de los investigadores para encontrar un rastro físico de la agenda de Gordó terminó sin éxito: la agenda de reuniones y contactos privados de Gordó tanto en el cargo de secretario del Govern (2010-2012) como en el de conseller de Justicia (2013-2016) está desaparecida (y que, quizás, nunca llegó a existir). Tampoco constaba ni en la conselleria ni en el Palau de la Generalitat el libro de visitas de Gordó. Los investigadores solo se llevaron una lista de sus actos públicos como conseller.
Según ha podido saber este diario, para intentar reconstruir su agenda, además de la declaración como Gordó como imputado, el magistrado Carlos Ramos ha citado como testigo en los próximos días al sucesor del diputado en la Secretaría de la Generalitat, Joan Vidal de Ciurana (uno de los cargos que abandonó la Generalitat tras la crisis de gobierno del pasado mes de julio).
También ha sido citada a declarar como testigo este jueves una colaboradora de Gordó en la Secretaría del Govern y la conselleria de Justicia, su secretaria personal, Marta Roma. De momento, el juez no ha acordado citar a Raquel Viloca, hija del extesorero de CDC, Andreu Viloca –imputado en el juzgado de El Vendrell por el 3%–, y que, según el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), tenía como función “asistir al conseller Gordó en la organización y gestión de su agenda”.
Cinco obras comprometen a Gordó
El magistrado Ramos, igual que el juez de instrucción de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, sospecha que Gordó habría mediado para conseguir “cuantiosas donaciones” para CDC a través de sus fundaciones por parte de constructoras que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas. También que Gordó llegó a negociar las cuantías personalmente.
Hay cinco obras públicas que mantienen a Gordó bajo sospecha: el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.
Según el auto por el que el juez Ramos acordó su imputación, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.
En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.
Finalmente, Gordó habría obtenido “diversos regalos personales” de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa. En el sumario del caso también constan las gestiones que Bassols hizo con Gordó y Artur Mas para lograr un cargo en el Govern para su esposa, la magistrada Núria Bassols.
En su comparecencia parlamentaria del pasado mes de mayo, Gordó admitió haberse reunido “con empresarios”, aunque no precisó cuáles, y añadió: “Siempre he actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.
