La jueza avala el despliegue policial frente a la sede de la CUP el 20-S por basarse en el “seguimiento de actividades” del 1-O
Carpetazo a la investigación sobre las más de seis horas que agentes de la Policía Nacional pasaron frente a la sede de la CUP el pasado 20 de septiembre. El partido asambleario sostenía que la actuación policial podría incurrir en varios delitos al haberse llevado a cabo sin orden judicial, pero la jueza no ha visto ningún indicio delictivo y ha decretado el archivo de la causa.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, Silvia López, concluye que la intervención policial fue llevada a cabo “en el legítimo ejercicio” de las funciones que la Policía Nacional tenía encargadas por la Fiscalía Superior de Catalunya para impedir el 1-O. La CUP recurrirá el archivo del caso.
En concreto, indica la jueza, la orden del fiscal de incautar cualquier tipo de propaganda política, también de particulares, sobre el 1-O. Dicha orden que afectaba a los particulares no se incluyó una vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya asumió el mando para frenar el 1-O el 27 de septiembre. El alto tribunal catalán se centró únicamente en colegios electorales y propaganda de la Generalitat, no de particulares.
La jueza enmarca la actuación policial “dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando a cerca de las actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre”, siguiendo las directrices de la Fiscalía.
Así, la magistrada expone que el pasado 20-S dos agentes de la Policía llevaron a cabo desde las 8:00h. tareas de vigilancia a la sede de la CUP. Al comprobar, sobre las 13:00h., que de la sede salían carteles políticos sobre el 1-O y se cargaban en maleteros de coches, los agentes procedieron a identificar a los conductores de los vehículos.
A esa hora se desplegaron agentes antidisturbios en las calles próximas a la sede, lo que provocó una concentración de militantes cupaires –y también de políticos de otros partidos como Xavier Trias del PDeCAT o Jaume Asens de BComú– para protestar por la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Finalmente, la Policía no entró en la sede de la CUP.
Las fuerzas policiales, según la denuncia de los asamblearios, pretendían llevar a cabo un registro de las oficinas de la CUP sin orden judicial, pero una concentración espontánea repelió a los agentes, que se acabaron marchando pasadas las 20:00h.. Todo ello ocurrió el pasado 20 de septiembre, jornada en que se produjeron varios registros en sedes de la Generalitat.
“Los agentes actuaron de modo proporcionado y ajustado ante la presencia masiva de personas ante la sede de la CUP que se congregaron, precisamente, para impedir su actuación. En ningún caso llevaron a cabo actos de violencia física o química, o emplearon fuerza para impedir la congregación, evitando así cualquier actuación que supusiera una mayor alteración del orden público”, concluye la magistrada.
Con todo, el caso podría no terminar con el archivo decretado por la jueza. Y es que la intervención policial de material de propaganda de la CUP para el 1-O en los dos vehículos comportó la identificación de los conductores de los coches y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, que podrían comportar una denuncia hacia los dos conductores.
