Los presos del procés están a la espera de que las juntas de tratamiento de las tres prisiones donde se encuentran repartidos les clasifique en grados penitenciarios, lo que determinará si pueden reclamar permisos o beneficios penitenciarios. El equipo jurídico de Esquerra asume que lo más probable es que a los encarcelados se les aplique de entrada un segundo grado, el ordinario, lo que no les permitiría acceder a beneficios esta Navidad. Distinto opina la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), que ha reclamado que se les clasifique ya en tercer grado.
El proceso para clasificar a los presos arranca esta semana con un informe de la Junta de Tratamiento de la prisión, que propondrá clasificar a los presos en segundo grado, el ordinario, o en tercero, que permite salir a diario de la cárcel para trabajar. A partir de aquí puede formularse recurso tanto por parte de las defensas como de la Fiscalía. Desde Esquerra avanzan que, de ser clasificados en segundo grado, tienen previsto recurrir la decisión para tratar de obtener un tercer grado para los presos que defienden, que son Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Con todo fuentes jurídicas republicanas recuerdan que es muy infrecuente que las juntas de tratamiento propongan terceros grados para los presos en su primera clasificación, y no prevén que en este caso sea diferente. Por esta razón, la formación republicana está decidida a elevar su reclamación del tercer grado hasta el Tribunal Supremo, que como órgano sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación de los presos.
Los republicanos creen asimismo que, en caso de que sus cuatro presos queden en un segundo grado, serían de aplicación los beneficios penitenciarios contemplados en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que faculta a las prisiones para conceder permisos de día para realizar actividades y volver a la cárcel a dormir. En todo caso los abogados de la defensa recuerdan que esta opción siempre se impulsa por parte de la propia junta de tratamiento y que, por parte de los presos, solo se puede aportar documentación que certifique la idoneidad de las salidas, lo cual tienen previsto hacer.
Por su lado, la defensa de los políticos de JxCat presos por el Supremo ha defendido que se debe clasificar en tercer grado a Sànchez, Turull y Rull, y ha añadido que es el departamento de Justicia, en manos de ERC, quien tiene la “decisión final” sobre ese asunto. En concreto, la secretaría de medidas penales y reinserción de Justicia tiene dos meses de plazo para ratificar la propuesta que ultimarán esta semana las tres juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric.
En un inusual comunicado remitido a los medios, Jordi Pina, abogado de los tres presos, ha lamentado las informaciones que “pretenden justificar y normalizar” la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario. Pina se ha referido así a las informaciones procedentes de los servicios jurídicos de ERC que apuntan la previsión de que los presos sean clasificados en segundo grado -el ordinario-, aunque, si es así, recurrirán ante la justicia para reclamar que se les conceda el tercero, que permite salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.
La defensa de los políticos de JxCat asegura tener el “firme convencimiento” de que la clasificación de sus clientes debería ser el tercer grado, teniendo en cuenta sus “circunstancias personales”: entorno social, posibilidad de encontrar empleo y ni peligrosidad ni riesgo de reincidencia ni responsabilidad civil pendiente de pagar.
“Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respecto hacia la labor de los profesionales de los centros penitenciarios que deben emitir los preceptivos informes”, añade el comunicado de la defensa, que lamenta “las informaciones que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario”, en referencia a las valoraciones realizadas por los servicios jurídicos de ERC.