“Me costaba verme en un periodo de tensión política”. Así ha resumido la exconsellera de Enseñanza Meritxell Ruiz la incomodidad de los miembros del Govern cesados por Carles Puigdemont en julio de 2017 ante la precipitación de la vía unilateral en la política catalana. Además de Ruiz, este martes han testificado en el Tribunal Supremo otros tres cargos que abandonaron el Govern a tres meses del 1-O: los extitulares de Empresa e Interior, Jordi Baiget y Jordi Jané; y el exsecretario Joan Vidal de Ciurana.
Todos ellos abandonaron el Ejecutivo bien por discrepancias abiertas con la vía unilateral bien por la negativa a asumir las consecuencias que ahora sufren los consellers que les sucedieron en el cargo. Joaquim Forn y Santi Vila se sientan en el banquillo del Supremo y se enfrentan a 16 y 7 años de prisión respectivamente, mientras Clara Ponsatí permanece en Escocia y será arrestada si vuelve a España.
El más claro en verbalizar el desencuentro con Puigdemont ha sido Jané. El exconseller de Interior, hombre de la vieja guardia de Convergència, ha enmarcado su cese en la “situación de no acuerdo” entre Generalitat y Gobierno central que se vislumbraba en julio de 2017. Por aquel entonces Puigdemont ya había puesto fecha y pregunta para la votación del 1-O. “Habiendo cumplido mi mandato, decidí no continuar”, ha zanjado Jané.
El exconseller ha perfilado una situación política en la que, si bien desde la Generalitat se priorizaba llegar a un acuerdo con el Gobierno para acordar un referéndum, los acontecimientos llevaron al Ejecutivo catalán a ir cuesta abajo y sin frenos hacia el 1-O. Así, ha recordado que Puigdemont presentó la votación en junio en una comparecencia “sin valor jurídico ni publicación oficial” y lo ha enmarcado en una “búsqueda de futuros acuerdos” con el Gobierno.
“Se puede plantear un tipo de salida desde un ámbito y ofrecer desde otros una distinta para buscar al final una salida acordada”, ha aseverado Jané, dando a entender, como han hecho los acusados, que una cosa eran las gesticulaciones y los discursos políticos rimbombantes –empezando por la Declaración Unilateral de Independencia–, pero que en realidad lo que se buscaba era una negociación política a la antigua usanza entre Gobierno y Generalitat. En la misma línea se ha expresado Vidal de Ciurana, que ha definido la vía unilateral como una herramienta “para presionar en la negociación de un referéndum acordado”.
“No se me planteaba la vía unilateral. La vía que estaba encima de la mesa era la de intentar llegar a una solución acordada por todos los medios”, ha apostillado Jané. En cualquier caso, ha añadido, tanto Puigdemont como Junqueras estaban de acuerdo con que los Mossos no se debían apartar “de la legalidad vigente” y de la Constitución. Puigdemont, en julio de 2017, vinculó su cese a un “fin de ciclo”, tras el que se iniciaba una “nueva etapa” en la “legislatura autonómica” que se terminaría el 1 de octubre.
Baiget y el núcleo duro
En sendas declaraciones de menos de diez minutos, Ruiz y Baiget han secundado las tesis de Jané. “Cuando pones fecha y plazo es evidente que se incrementa la tensión”, ha sostenido Ruiz, que ha admitido que cuando cesó del cargo se estaba “entrando en un periodo de más tensión dialéctica y a mí me costaba verme en esa tensión política y dialéctica”. “Yo podía aportar poco a este escenario”, ha agregado. La extitular de Enseñanza se ha desvinculado de la senda que tomó el Govern tras su cese: “Hasta que deje de estar en el gobierno siempre estuvimos hablando de referéndum pactado, luego no sé…”.
El partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular en el juicio, había propuesto las comparecencias de los exconsellers, aunque no ha empleado mucho tiempo en preguntarles pese al interés político de sus declaraciones. En especial la de Baiget, que más que por un desacuerdo con la vía unilateral –que también– fue cesado diez días antes por criticar en una entrevista en El Punt Avui el hecho de que la toma de decisiones se produjera fuera del Govern en reuniones informales.
Estos encuentros informales entre Puigdemont, Junqueras y otros dirigentes del PDeCAT, ERC y asesores y empresarios afines como Oriol Soler, David Madí o Francesc Vendrell fueron denominados en 2017 “sanedrín”, “núcleo duro” o “estado mayor” del procés. Este martes han sido objeto de una sola pregunta de Vox, de la que Baiget se ha librado con facilidad negando que él formara parte de cualquier “núcleo duro”. Con todo, ha admitido que hubo una “causa efecto” entre la entrevista y su cese.
Mossos propuestos por Vox niegan un asedio el 20-S
También habían sido propuestos por Vox un intendente y un sargento de los Mossos d'Esquadra que ejercieron labores de mediación en la protesta del 20 de septiembre en la conselleria de Economía. Lejos de sustentar las tesis de las acusaciones, sus explicaciones han sido de descargo hacia Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados de promover la manifestación para impedir los registros, así como de un supuesto intento de asalto al departamento. “La ANC no decidía, quien decidía era orden público de los Mossos”, ha afirmado el sargento.
En intendente ha destacado que Sànchez y Cuixart colaboraron con la policía autonómica cuando les pidieron desconvocar la concentración. “A partir de las diez de la noche se pide a los ‘Jordis’ que desconvoquen y colaboran en todo lo que pueden, aunque su ascendencia es relativa porque no forman parte de un cuerpo jerárquico”, ha aseverado. Los líderes de Òmnium y la ANC desconvocaron la marcha al filo de la medianoche.
Asimismo, ha contradicho el relato de la secretaria judicial y ha afirmado que no salio del edificio por una azotea sino por “patios que se comunican” propios del interior de las manzanas del barrio del Eixample de Barcelona. Y ha explicado que el registro no terminó a las 22:00h., como dijo la funcionaria, sino pasadas las 23:00h. debido a problemas informáticos con el clonado de ordenadores.
Ha defendido además que salir por la puerta del edificio era “totalmente factible” aunque no era suficiente solo con pasillo de voluntarios. Sin embargo, ha indicado que estaban disponibles equipos de antidisturbios de los Mossos y del equipo de escoltas. También ha desmentido al teniente de la Guardia Civil que aseguró que que tuvieron que aguantar la puerta con sus manos porque la multitud se les echaba encima. “Mientras yo estaba no, en ningún momento”, ha zanjado el mosso.
El testimonio político más destacado de la jornada en el Tribunal Supremo no ha declarado El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedudi no testificar porque el juzgado de instrucción 13 de Barcelona pidió su imputación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), finalmente rechazada por el tribunal catalán competente para aforados. Ante el alegato de Aragonès, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha indicado que aunque fue rechazada, la exposición razonada que mandó el juzgado de Barcelona al TSJC “puede dibujar un escenario” en el que el vicepresident tenga interés en no declarar, por lo que le exime de testificar.
Por otro lado, el último testigo previsto para este martes, el exdirector general de los Mossos d’Esquadra Albert Batlle, comparecerá finalmente este miércoles a las 13:00h., ya que hoy no ha acudido al Tribunal Supremo. Según ha explicado Marchena, Batlle había sido citado para dos días distintos “por un error en la recepción de la citación”.