El exdelegado del Govern en Bruselas atribuye a informes sobre el Brexit y Trump los pagos que la Guardia Civil vincula al 1-O

El exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, ha negado este martes ante el juez que pagara 119.700 a una fundación holandesa para observadores internacionales del 1-O, tal y como asegura la Guardia Civil. En su declaración como imputado este martes ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Altafaj ha vinculado estos pagos con informes de asesoría sobre la victoria de Donald Trump, las relaciones con Rusia o el terrorismo yihadista.

La investigación de la Guardia Civil, por orden del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer y del Tribunal Supremo, ha descubierto varias transferencias y pagos, que ascienden a 365.433,07 euros, supuestamente destinados a honorarios, hoteles y viajes para los observadores internacionales de la votación.

En esa cantidad se incluyen dos transferencias por 119.700 euros que la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea que dirigía Altafaj abonó en septiembre a The Hague Centre for Strategic Studies, una de las entidades sospechosas de recibir los fondos para los observadores. La Delegación de la Generalitat en la UE realizó los pagos, bajo el genérico concepto de “contrato de servicios”.

Tanto la interventora de la Generalitat como Altafaj certificaron antes de realizar la transferencia que esos gastos no respondían “a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”, tal y como les obligaba la orden de Hacienda impuesta en vísperas del 1-O. La fundación se contrato, según la interventora, para recibir asesoramiento “para fijar la posición de la Generalitat ante las iniciativas legislativas” de la Unión Europea.

Según fuentes presentes en la declaración, Altafaj ha dicho que tanto estas transferencias de 119.700 euros como un pago de 47.365 euros que no se ha llegado a abonar por el 155 tenían que pagarse a The Hague Centre. No obstante, ha rechazado que estuvieran relacionadas con el 1-O, sino que, según su versión, estaban vinculadas con distintos informes sobre el Brexit, la victoria de Donald Trump, las relaciones de la UE con Rusia o el terrorismo yihadista. Todo ello en el contexto del plan estratégico 2015-2018 de la Generalitat en materia de exteriores.

Hoteles y vuelos

Por otro lado, la investigación ha desvelado que con la tarjeta Dinners Club del exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, se pagaron 17.703,36 euros en hoteles para un total de 47 observadores del 1-O. En conjunto, el gasto en vuelos y hoteles para los observadores ascendió a 85.370 euros. Además, la Guardia Civil destaca que se abonaron otros 112.993,18 euros a los observadores en concepto de honorarios.

En su declaración como investigado en una causa que sigue abierta por varios delitos, entre ellos rebelión, sedición y malversación, Royo ha reconocido los pagos, pero ha negado que fueran para observadores internacionales. Ha explicado, según las mismas fuentes, que los “delegados parlamentarios” de distintas regiones europeas que vinieron a Catalunya para el referéndum no realizaron labores de observación del referéndum.

Asimismo, ha explicado que los pagos no fueron ordenados por la Generalitat, sino que fueron acordados por el propio consejo del Diplocat, donde, además del Govern, participan varios ayuntamientos como el de Barcelona y el de Lleida, las diputaciones provinciales, sindicatos, entidades del tercer sector, bancos y el F.C. Barcelona. La mayor parte de la declaración de Royo, según las mismas fuentes, se ha centrado en explicar que el Diplocat no forma parte de ninguna conselleria del Govern, sino que es un consorcio público privado con personalidad jurídica propia.

En este sentido, Royo ha asegurado que los gastos de viaje y hoteles abonados por el Diplocat vinculados al 1-O son los mismos que se realizan para las elecciones autonómicas o por Sant Jordi, cuando, según Royo, el consorcio invita a libreros de todo el mundo para que pasen el día del libro en Bararcelona. En todo caso, ha recordado, no recibió ninguna notificación personal del Constitucional que le advirtiera sobre ningún aspecto relacionado con el 1-O.