“Si alguien conocía al major Trapero sabía que debía abstenerse de hacerle cualquier sugerencia sobre el procés. Ni le hicieron ninguna ni él las habría atendido”. Así de claro se ha mostrado este martes el director general de los Mossos d'Esquadra entre 2014 y 2017, Albert Batlle. En su declaración como testigo en el juicio al major en la Audiencia Nacional, el ahora teniente de alcaldía de seguridad de Barcelona ha negado cualquier vinculación de Trapero con el independentismo.
Batlle ha explicado que cuando dimitió en julio de 2017 en desacuerdo con la vía unilateral, pidió al secretario general de Interior Cèsar Puig y al major que se mantuvieran en sus cargos para “garantizar el normal funcionamiento” de la policía autonómica así como con las relaciones con el Poder Judicial. “El major es un policía profesional, no hay ninguna duda”, ha apostillado Batlle. Casi tres años después, la Fiscalía pide para Puig y Trapero once años de prisión por rebelión.
Las palabras de Batlle desmienten la principal tesis de la Fiscalía. Toda la acusación del Ministerio Público parte de la hipótesis de que Trapero se alineó con los intereses soberanistas del Govern de Carles Puigdemont, lo que se materializó en un operativo que facilitó el referéndum del 1 de octubre de 2017 en vez de impedirlo, en contra de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En lo que va de juicio, los mayores testigos de cargo contra el major –como el coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo del 1-O Diego Pérez de los Cobos o el autor de la mayoría de atestados del Instituto Armado sobre el procés, el teniente coronel Baena– habían secundado sin matices la supuesta vinculación del major con el independentismo. No obstante, cuando les tocó responder a la letrada del major, Olga Tubau, todos ellos tuvieron que reconocer que no había pruebas documentales que sustentaran su acusación de connivencia entre Trapero y el independentismo, reduciéndola a una mera opinión personal.
Por si ser el jefe político de Interior que propuso el nombramiento de Trapero com major no fuera suficientemente relevante, el perfil de Batlle no es nada sospechoso de complicidad con el independentismo: tras media vida militando en el PSC y en puestos relevantes en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Govern 'tripartit', Batlle volvió al Ejecutivo catalán en 2014 como independiente de la mano del conseller de Interior Ramon Espadaler (Unió). Se mantuvo como jefe político de la policía catalana con el conseller Jordi Jané hasta que en julio de 2017 abandonó el Govern en desacuerdo con la vía unilateral. Ahora es teniente de alcaldía de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona y formó parte de las listas del PSC–Units per Avançar, herederos de Unió.
De hecho, Batlle ha vinculado los meses que pasaron desde que propuso a Trapero como major en febrero de 2016 a su nombramiento efectivo en abril de 2017 a las reticencias que el ahora acusado levantaba en varios sectores del Govern y del independentismo debido a su posición contraria al procés. “Me va a permitir que lo diga, cuando lo nombraron major se hablaba de 'puñalada trapera'. No hubo simpatías por parte del movimiento más radical del independentismo ni con Trapero ni conmigo mismo”, ha aseverado a preguntas de la letrada Tubau.
En contra de lo apuntado por los fiscales al inicio del juicio, cuando relacionaron el nombramiento de major con su supuesta connivencia con el procés, Batlle ha enmarcado el ascenso de Trapero a razones únicamente operativas y al hecho de que hasta entonces no había un major en los Mossos. “El cuerpo ya estaba desplegado en toda Catalunya estaba muy maduro, había incidentes en orden público que habían afectado al cuerpo y Trapero hizo un buen trabajo para cambiar las cosas”, ha argumentado Batlle.
Al igual que hiciera en el Supremo, Batlle no ha tenido problemas en explicar que dimitió del cargo por “incomodidad” con la vía unilateral del Govern. “Tenía discrepancias con cómo se iban haciendo las cosas y no contaba con la confianza política de gran parte del Govern”, ha agregado. Y en el último capote que ha echado a Trapero, Batlle ha desvinculado por completo al major y a los Mossos de la situación política: “Yo dimití con la confianza de que Mossos cumplirían siempre con la legalidad. Puedo decir que cuando los Mossos han actuado como policía judicial actuaban bajo las órdenes de jueces y fiscales. Yo lo tenía clarísimo y lo tenían clarísimo los operativos”.
Después de Batlle ha sido el turno del comisario de los Mossos Joan Carles Molinero. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha comenzado preguntándole por la actuación y decisiones de los altos mandos de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 ante la concentración multitudinaria a las puertas de la conselleria de Economía de la Generalitat. Molinera ha indicado que “era imposible llegar hasta ellos por la masa compacta” que se subió a los coches de la Guardia Civil, y que por ello enviaron a agentes de paisano para controlarlos.
Sobre el 1-O, ha enfatizado lo mismo que testificó en el Supremo sobre que el plan de actuación de los Mossos estaba dirigido a “dar respuesta a la petición de los órganos judiciales para neutralizar” el referéndum, pero que su “mayor preocupación” era la posibilidad de “problemas de orden público” en los colegios electorales, ya que “colectivos organizadores plantearon la resistencia pasiva” ante la actuación policial. “Los Mossos actuaron con la máxima profesionalidad que pudieron”, ha añadido.
Ante las dudas mostradas por el fiscal Carballo sobre por qué el plan de actuación de los Mossos, en el que se plasmó poner un binomio de agentes en las puertas de los colegios para intentar cerrarlo antes de pedir auxilio a otras unidades o a los Cuerpos del Estado, no se “adaptó ante estas circunstancias”, el comisario ha enfatizado que era un plan coordinado con la Policía y Guardia Civil y aprobado por el coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos.