Los exresponsables de la Associació Catalana de Municipis (ACM), los exconvergentes Josep Maria Matas y Xavier Solà, que afrontan 5 años y medio de cárcel acusados de embolsarse 1 millón de euros de la entidad, ultiman un pacto con la Fiscalía para librarse de prisión a cambio de reconocer el desvío y devolver el dinero.
La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona tenía previsto este lunes iniciar el juicio por el desvío de fondos pero la vista se ha suspendido hasta mañana a la espera de que la ACM, entidad que renunció a ejercer acciones como perjudicada en la causa, dé su visto bueno a un pacto extrajudicial por el que consideraría saldada la deuda de Solà por los al menos 189.912 euros que, según la Fiscalía, éste se quedó ilícitamente.
Las defensas de Matas -que en 2014 acabó de devolver los 771.993 desviados de la ACM mediante facturas falsas- y Solà buscan un pacto con la Fiscalía por el que ambos acusados evitarían su ingreso en prisión, con penas de dos años de cárcel como máximo, a cambio de reconocer que se embolsaron ilegalmente dinero de la entidad municipalista mediante facturas falsas y sueldos inflados.
El acuerdo, no obstante, está pendiente de que la ACM acepte pactar son Solà una “reparación extrajudicial” por el desvío de fondos en que éste, que fue responsable de los servicios jurídicos de la entidad y después número dos del Departamento de Cultura, podría devolver al menos parcialmente las sumas de que presuntamente se apropió.
Los responsables actuales de la ACM dan por bueno ese pacto extrajudicial con Solà, aunque deberá ser avalado esta noche por los órganos colegiados de la entidad municipalista, que agrupa a ayuntamientos nacionalistas.
La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si acepta el pacto extrajudicial, en una causa en la que la ACM renunció a ejercer acciones legales para recuperar el millón de euros desviados y a personarse como acusación particular, como perjudicada, en la causa contra Matas y Solà, que se abrió a raíz de una querella presentada por el ministerio público.
El acuerdo que buscan Matas y Solà, que en principio este martes deberán ratificar ante la Audiencia de Barcelona, pasaría por imponer penas de hasta dos años de cárcel -que evitarían su cumplimiento efectivo al carecer de antecedentes- siempre que los procesados reconocieron el desvío de fondos.
La Fiscalía acusa a ambos exresponsables de la ACM, militantes de la extinta CDC, de los delitos de malversación y falsedad continuada por haber utilizado sociedades instrumentales para apropiarse de fondos de la entidad, parte de ellos de origen público, mediante facturas falsas por servicios cuyo precio estaba inflado o no correspondía con ninguna prestación real.
Además, el ministerio público cree que Matas incrementó “desproporcionadamente” su salario de secretario general de la ACM, que entre 2009 y 2011 se triplicó hasta los 273.800 euros anuales, a espaldas de los órganos de gobierno de la asociación.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Matas destinó el grueso de los fondos sustraídos de la ACM a incrementar su patrimonio inmobiliario y a la compra de vehículos de alta gama, mientras que Solà los gastó en adquirir una segunda residencia en Cadaqués (Girona).
Por ese motivo, el ministerio público reclama a los acusados que devuelvan a la ACM las sumas sustraídas: 189.912 euros en el caso de Solà y, en el de Matas, los 771.932 desviados mediante facturación mendaz más los importes que la sentencia establezca por el incremento salarial que se concedió.