El año que acaba de empezar será movido en los juzgados catalanes. Y no sólo por las derivadas judiciales del proceso soberanista. En 2017 se sentarán en el banquillo los protagonistas de algunos de los casos de corrupción más destacados de los últimos años, empezando por el más emblemático: el caso Palau, que se juzgará entre marzo y junio.
Fèlix Millet y su mano derecha al frente del Palau de la Música, Jordi Montull, ya han reconocido que expoliaron de la institución cultural 3,3 millones de euros. Según el fiscal, el saqueo asciende hasta los 18 millones, sólo mediante la desaparición de dinero en efectivo (sin contar obras particulares y viajes pagados con el dinero del Palau). Millet se habría quedado con 7 millones y Montull con 1,3. Afrontan penas de 37 y 25 años de cárcel, respectivamente. Con todo, se desconoce el destino de los restantes 9,6 millones porque los bancos no conservaron la documentación para saber quién cobró decenas de cheques en ventanilla.
En la vista oral del caso Palau, que llegará casi ocho años después del primer registro, no sólo se repasarán las tropelías de Millet y Montull. También se juzgará la posible financiación irregular de Convergència a través del Palau, algo que el partido siempre ha negado. Según el juez instructor, el Palau sirvió de tapadera para camuflar hasta 6,6 millones que Ferrovial abonó a Convergència en concepto de comisiones a cambio de obras públicas como la Línea 9 del Metro o la Ciudad de la Justicia.
El extesorero de CDC, Daniel Osàcar, se enfrenta a dos años y tres meses de cárcel, aunque se han salvado los líderes de Convergència de la época. “La lógica apunta a que [Osàcar y Millet] debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado”, apunta el escrito de acusación del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled.
Caso Pretoria: prohombres del PSC y el pujolismo
En marzo, coincidiendo con el caso Palau, se juzgará en la Audiencia Nacional el caso Pretoria. Entre les once acusados figuran el exdiputado del PSC, Luis Andrés García, Luigi –considerado el cerebro de la trama–; el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet por el PSC, Bartomeu Muñoz; y dos nombres destacados del pujolismo: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Los tres últimos se exponen a penas de seis años y diez meses de prisión, mientras que la petición de la Fiscalía para Luigi alcanza los ocho años de cárcel.
Todos ellos están acusados de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, supuestamente cometidos entre los años 2000 y 2009 en torno a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. El juez Pablo Ruz calcula que esta red defraudó unos 45 millones.
Caso Adigsa: el 3% que denunció Maragall
“Ustedes tienen un problema que se llama 3%”. La célebre expresión que lanzó el expresident Pasqual Maragall al por entonces jefe de la oposición, Artur Mas, hacía referencia al presunto cobro de mordidas por parte de dirigentes de CiU a cambio de contratos públicos durante el último gobierno de Pujol. La Fiscalía presentó la querella en 2005 y el caso se juzgará en mayo de este año, aunque queda lejos de mostrar un sistema generalizado de cobro de comisiones en la Generalitat pujolista.
En el banquillo se sentarán tres empresarios y cuatro excargos vinculados a CDC de la empresa de vivienda de la Generalitat, Adigsa, acusados de articular un “sistema de contratación paralelo” para rehabilitar pisos oficiales a cambio de comisiones. El fiscal pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Fundación afín a Unió
La otra pata de la extinta CiU, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), tampoco se escapa de los juzgados en 2017, y no sólo por el concurso de acreedores en el que está inmersa. En enero se juzgará el caso de la Fundació Catalunya i Territori, afín a UDC. El fiscal pide penas de hasta 17 años de prisión para tres exresponsables de la fundación acusados de una estafa continuada a través de un entramado financiero que también desvió supuestamente fondos en beneficio de Unió.
Exjefes del ente municipalista de CiU
En octubre será el turno de pasar por el banquillo de Josep Maria Matas y Xavier Solà, exresponsables de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el ente que agrupa a ayuntamientos ligados a la extinta CiU y al nacionalismo catalán. El fiscal pide cinco años y medio de cárcel para ambos y les acusa de embolsarse cerca de un millón de euros de fondos de la ACM, parte de ellos de origen público.
Casos abiertos durante 2017
Todos los casos repasados ya tienen fecha de juicio. Otras carpetas de corrupción se seguirán investigando durante 2017, y en otras con la instrucción terminada se tendría que fijar fecha de juicio. Por ejemplo, el caso ITV, que afecta al hijo del expresident y exsecretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrusola. Por otro lado, la investigación sobre toda la familia sigue en la Audiencia Nacional. Mientras, un juez de El Vendrell (Tarragona) seguirá investigando la presunta financiación irregular de CDC. Y en Sabadell (Barcelona), el exalcalde del PSC, Manuel Bustos, tiene siete causas abiertas por corrupción.