Las particulares explicaciones de los exconsellers sobre quién pagó el 1-O han continuado en la fase testifical del juicio del procés. Si Santi Vila apuntó, como había hecho Carles Puigdemont en Alemania, que el referéndum lo costearon “mecenas catalanistas”, los testigos han dibujado un plan de financiación más o menos acordado entre la Generalitat y empresarios, pero del que ha quedado un rastro documental confuso y no siempre vinculado a las cuentas públicas catalanas, controladas antes y después del 1-O por el Ministerio de Hacienda.
A diferencia de los acusados, los testigos están obligados a decir la verdad. Tras dos jornadas de negaciones de la malversación plagadas de situaciones más propias de un guion de cine que de aspectos contables, la gota que ha hecho colmar la paciencia de la Fiscalía (y del tribunal) ha sido el testimonio este miércoles del responsable de difusión y publicidad de la Generalitat, Jaume Mestre. El fiscal Jaime Moreno ha conseguido acorralar a Mestre con las facturas del anuncio del 1-O de la Generalitat que emitieron TV3 y Catalunya Ràdio (los grandes medios privados se negaron).
Pese a ser el responsable de la publicidad institucional del Govern, Mestre ha respondido con sucesivos “no lo sé” y “no lo conozco” a las preguntas del fiscal sobre el anuncio del 1-O. Moreno se ha sacado entonces un as de debajo la puñeta: la presidenta en funciones de la corporación de los medios públicos catalanes, Núria Llorach, señaló a Mestre como el responsable de la Generalitat que pidió directamente a TV3 y Catalunya Ràdio que emitieran el anuncio después de que dos empresas renunciaran a elaborarlo y a comercializarlo. Así consta en el requerimiento que Llorach respondió al juzgado de instrucción 13 de Barcelona a finales de 2017 y que acompaña a esta información.
Pero además, Llorach concretó el dinero. Llorach afirmó que la campaña “fue de pago” y que los medios públicos catalanes enviaron al departamento de Presidència de la Generalitat dos facturas, el 14 de septiembre y el 5 de octubre, por un valor total de 277.804,36 euros. En mayo del año pasado, cuando acudió a declarar ante el juez de Barcelona como testigo, Llorach dijo que la Generalitat se negó a abonar las facturas que le giró TV3 por el anuncio del 1-O porque lo consideró un servicio público, similar a las campañas de tráfico, cuya emisión no se paga. Llorach ha terminado imputada en Barcelona, lo que ha hecho que se niegue a declarar en el Supremo.
“No sé si era de pago, no traté con Núria Llorach, no recuerdo haber visto facturas”, ha respondido Mestre a sendas preguntas del fiscal Moreno. La evidente contradicción ha motivado que el fiscal pidiera investigar a Mestre por el delito de falso testimonio. El tribunal presidido por Manuel Marchena ha respondido que resolverá cuando dicte sentencia. Con todo, Mestre ha sido el primer testigo del juicio del procés al que Marchena ha advertido de la posible comisión del delito de falso testimonio durante su interrogatorio.
Para culminar su declaración y tras verse contra las cuerdas, Mestre ha dicho que solo habló de la campaña del 1-O con el que entonces era su jefe, el secretario general de difusión, Antoni Molons –también imputado en Barcelona. No era la primera vez que Molons aparecía en el juicio del Supremo. El diseñador gráfico Enric Vidal identificó el martes a Molons como el “tal Toni” que a través de un teléfono prepago lo citó en un hotel para darle un pen–drive con carteles institucionales del 1-O.
Luego Vidal llevó los carteles a imprimir a tres imprentas y le pasaron un presupuesto, pero no recuerda su importe. El responsable de una de las imprentas, Enrique Mary, explicó que Vidal le indicó que cobrara “a la Generalitat” 17.250 euros por los carteles, pero que no se llegaron a facturar al Govern porque los carteles no se entregaron. A diez días del 1-O, los carteles fueron incautados por la Guardia Civil. Además, Mary indicó que antes de recibir el pen-drive de manos de Vidal, recibió la llamada de un trabajador de Òmnium Cultural, cliente habitual de su empresa, que le preguntó por un presupuesto relacionado con la impresión de la cartelería del 1-O.
Tampoco era la primera vez que se dibujaba un posible vínculo entre Òmnium y el Govern para pagar el 1-O: el uso de la entidad como “sociedad interpuesta” del Govern fue una de las líneas de investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, pero finalmente fue descartada tras incautarse de toda la contabilidad de la entidad y constatar que Òmnium no recibe subvenciones públicas.
El “tal Toni” y Unipost
Fuentes de las defensas vinculan la reacción de Moreno este miércoles con Mestre con los pocos éxitos que cosechó la Fiscalía en jornadas anteriores para acreditar la malversación. En este sentido, cabe resaltar la declaración de los exresponsables de Unipost, cuya partida conforma el 31% del total de los 3,1 millones presuntamente malversados, según la Fiscalía.
El exresponsable de repartos de Unipost, Francisco Juan Fuentes, afirmó que frenó el envío de cartas a los miembros de las mesas del 1-O porque la Generalitat las entregó sin albarán. En consecuencia, añadió, no se emitió factura alguna. Sin embargo, sí explicó parte de los sobres llegaron a las oficinas de Unipost porque “un tal Toni” lo llamó en nombre de la Generalitat para recoger sobres del 1-O “al lado de un bar”, un método totalmente inusual.
Fuentes no relacionó al “tal Toni” con Molons, imputado en Barcelona y que abrirá las testificales de este jueves. Pero más que el relato más o menos verosímil de los testigos, la clave sobre el presunto millón de euros destinado a Unipost es el hecho de que su administradora concursal (la compañía quebró tras el 1-O) haya certificado que no ha cobrado de la Generalitat y que no reclama el dinero, lo que ayuda más a las defensas que a las acusaciones.
Factura, cobro y malversación
¿Si no hay factura o la factura no se cobra ni se reclama, como en el caso de Unipost, hay malversación? Para la Fiscalía y la Abogacía sí: gracias a la nueva redacción del delito de malversación vigente desde 2015, a su juicio basta con que se acredite una administración desleal de los recursos públicos por parte de la administración. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos para que fueran colegio electoral, así como los gastos previstos y comprometidos pero que no se llegaron a ejecutar ante la negativa de los proveedores o la marcha atrás del Govern.
No obstante, ninguna de las dos acusaciones han reclamado al Supremo que fije una responsabilidad civil a los acusados por el gasto público en el 1-O –el juez Llarena, al procesar a los dirigentes soberanistas, la fijó en 2,1 millones. Esto implica que la cantidad malversada la tendrá que concretar y reclamar a los políticos el Tribunal de Cuentas en otro procedimiento en vez del Supremo, aunque este último condene por malversación.
Asimismo, este martes el exsecretario general del Diplocat Albert Royo ha cuestionado que los gastos que sí están plenamente acreditados porque sí se llegaron a pagar sean dinero malversado. En concreto, casi 200.000 euros que las acusaciones creen destinados al pago del viaje y alojamiento de observadores internacionales del 1-O.
Royo ha admitido los pagos, pero ha negado que fueran para observadores. Ha dicho que se destinaron a dos misiones, una de “visitantes internacionales” que periódicamente organiza el Diplocat a diputados de regiones europeas; y otra para que un grupo de académicos “analizara el contexto político de Catalunya”. El problema para Royo es que ambos equipos fueron presentado por la Generalitat como la primera “misión internacional de observación electoral” del 1-O.