Las investigaciones contra las amenazas y los delitos de odio que se cometen a través de las redes sociales quedan a menudo en un cajón debido a la imposibilidad de identificar a sus autores. Uno de los mayores escollos es la falta de colaboración de las compañías tecnológicas, la mayoría con sede en EE. UU., para proporcionar los datos de los usuarios que se amparan en el anonimato o en pseudónimos de las redes para cometer agresiones racistas y homófobas.
Para revertir esta dinámica, la Fiscalía ha propuesto un cambio en la ley para obligar a las empresas tecnológicas a dar, cuando así se lo requiera un juez, los datos de los usuarios investigados por delitos presuntamente cometidos a través de las redes sociales. El Ministerio Público además quiere que en caso de no cooperar con las investigaciones se pueda sancionar a las compañías.
La propuesta parte de la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona que comanda el fiscal Miguel Ángel Aguilar. Este servicio, pionero en España y que nació en 2009, ha focalizado su atención en los últimos tiempos en los delitos de odio que se cometen a través de Internet. El pasado mes de febrero Aguilar presentó la primera querella de la historia judicial española por las denominadas ‘fake news’. En concreto, contra un tuitero que difundió un vídeo falso sobre menores no acompañados.
Si bien en este caso sí se logró identificar al presunto autor, en muchas ocasiones resulta imposible, lo que genera frustración entre los fiscales. Todo ello mientras no dejan de aumentar los hechos delictivos cometidos a través de las redes en los últimos años. En 2019, de las 39 denuncias que recibió la Fiscalía de delitos de odio de Barcelona, casi la mitad eran hechos cometidos en redes sociales.
Tras la negativa inicial de las compañías, que aducen que no están obligadas a dar los datos, las investigaciones terminan con una comisiones rogatorias enviadas a EE. UU. –país donde están las sedes de la mayoría de redes sociales– en las que se solicita identificar a los perfiles investigados. Sin embargo, la justicia estadounidense no facilita los datos personales de los usuarios amparándose en la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de su Constitución, aunque el delito se haya cometido en España.
De ahí la necesidad de un cambio legislativo que ha propuesto Aguilar. Se trataría, en suma, de actualizar la legislación igual que se hizo hace unos años cuando se introdujo en la ley de Enjuiciamiento Criminal la obligación para las compañías de facilitar las comunicaciones telefónicas o telemáticas a requerimiento judicial.
La petición de Aguilar se produce además en un contexto de aumento de las denuncias interpuestas por racismo, xenofobia y homofobia. Los datos de la provincia de Barcelona indican que en 2019 las denuncias ante los cuerpos policiales por racismo o xenofobia crecieron un 43%(pasaron de 68 en 2019 a 97) mientras que las relacionadas con la discriminación por orientación sexual crecieron un 59% (de 59 a 95).
En la Fiscalía se explica este aumento por varios motivos. En primer lugar, por la cifra sumergida de este tipo de delitos que antes no se denunciaban y ahora sí va saliendo más a la luz debido una mayor sensibilidad de la población y el apoyo de entidades sociales. Además, la tecnología y las cámaras de seguridad que abundan en comercios y la vía pública han dado más herramientas para identificar a sus autores.
En el caso de las denuncias por discriminación por orientación sexual la Fiscalía sí constata un aumento de hechos delictivos no solamente atribuible a una cifra sumergida, por lo que reclama a las administraciones públicas más campañas de sensibilización y sobre igualdad.
Por contra, las denuncias recibidas por los cuerpos policiales relacionadas con la discriminación política, que en los últimos años se habían disparado debido al proceso soberanista, disminuyeron un 26% en 2019, pasando de 203 el año anterior a 147. La mayoría de denuncias se concentraron en octubre, cuando se hizo pública la sentencia del procés. Pese al descenso, la ideología continuó como el primer motivo de discriminación del total de denuncias.
Otra de las reformas legislativas que solicita Aguilar es la aprobación de leyes estatales y autonómicas de igualdad de trato para poder sancionar administrativamente discriminaciones que no tienen suficiente entidad como para encauzarse por la vía penal –como por ejemplo un propietario que se niega a alquilar un piso a dos personas por su origen migrante. Se busca así que los microracismos y microhomofobias no queden impunes aunque no tengan la entidad suficiente para ser delito.