La Fiscalía ha reclamado inhabilitar durante un año y ocho meses al president de la Generalitat, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos y pancartas independentistas de los edificios públicos durante la precampaña electoral de las pasadas elecciones generales, en contra de lo ordenado por la Junta Electoral Central (JEC). El Ministerio Público también solicita que el president pague una multa de 30.000 euros.
En su escrito de acusación, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusa a Torra de un delito de desobediencia por “desatender abiertamente” la orden de la Junta Electoral de no exhibir simbología independentista en los edificios públicos. De hecho, sostiene que Torra mostró un “desprecio absoluto a acatar la orden” de la JEC cuando sustituyó la pancarta del lazo amarillo con otra con un lazo blanco y rojo pero que rezaba el mismo lema pidiendo “libertad presos políticos”.
El fiscal repasa en su escrito todas las maniobras y los distintos recursos que realizó Torra para intentar sortear la orden de la JEC “a pesar de saber que era firme y de su obligación a cumplirla”. Y afea además a Torra haber llevado la cuestión al Síndic de Greuges pese a que la “opinión” del Defensor del Pueblo catalán “resultaba de todo punto intrascendente cuando no inane” al tratarse de una mera orden administrativa de la JEC.
Es más, el fiscal destaca que Torra se escudó para no retirar los lazos en un informe del Síndic que ya conocía días antes, y que le recomendaba seguir las órdenes de la JEC. Cabe recordar que finalmente la Generalitat sí cumplió con la orden de la JEC casi una semana después y despejó de todos los edificios públicos la simbología independentista.
Bañeres recuerda que la pena de inhabilitación, en caso de imponerse, debe ser para cualquier cargo público –de local a nivel europeo–y que además “conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y de los honores que le sean ajenos, así como la imposibilidad de obtener los mismos durante el tiempo de condena”.
El escrito de acusación del fiscal es un paso previo antes del juicio a Torra, después de que el magistrado del TSJC Carlos Ramos cerrara hace diez días la instrucción de la causa y dejara al president a un paso del banquillo. Por su lado, Torra ha recusado al magistrado Ramos, del que sostiene que ha tenido “absoluta falta de imparcialidad” en la investigación del caso.