Primera querella de la Fiscalía contra un miembro del Govern de Carles Puigdemont por el referéndum. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este martes al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) de una querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs (PDECat), por la licitación de las 8.000 urnas para el referéndum. La querella ya se ha presentado ante el TSJC, que ahora deberá decidir si la acepta.
La denuncia de la Fiscalía sube un escalón en la judicialización del proceso soberanista. Además de los delitos de desobediencia y prevaricación –por los que fue juzgado Artur Mas y está imputada Carme Forcadell–, la querella también incluye el presunto delito de malversación. Este delito, de llegar a una condena, podría implicar penas de cárcel.
Los querellados son Borràs y el secretario general de la conselleria, Francesc Esteve. Asimismo, se advierte de que la denuncia podría ampliarse “contra quienes durante la instrucción resulten igualmente responsables”.
En concreto, el texto de la querella acusa a Borràs y a Esteve de iniciar los trámites para hacer un “referéndum vinculante secesionista” a sabiendas de “la falta de legitimidad de la Generalitat y el Parlament” para convocarlo y de que es contrario a la ley. La Fiscalía añade que la licitación de la compra de urnas evidencia la “pertinaz, inequívoca e irreversible” voluntad de los querellados de llevar a cabo su proyecto independentista “por la vía de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución”.
Sobre el presunto delito de malversación, el ministerio público subraya que si la Generalitat termina comprando las urnas generaría un gasto público “orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas” por ser contrarias al Constitucional, “y por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública”.
La Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella porque el anuncio de licitación para la compra de urnas “supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista” en Catalunya, algo contrario a los “expresos mandatos” del Tribunal Constitucional.
La compra de 8.000 urnas por parte de la Generalitat se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 9 de mayo. El anuncio de la conselleria de Gobernación –de ahí que la querella vaya dirigida contra Borràs y Esteve– detalló que se trataba de dos lotes a los que se destinarán 200.000 euros públicos: 184.000 euros para “urnas electorales transparentes” y 16.000 para “urnas de cartón”. Las empresas que quieran optar al concurso tienen de plazo hasta el día 30 de este mes para presentarse.
La Fiscalía concreta los “expresos mandatos” del Constitucional contrarios al referéndum que los futuros querellados habrían vulnerado, como por ejemplo la anulación de las resoluciones sobre el referéndum aprobadas por JxSí y la CUP en el último Debate de Política General.
El primero de los mandatos constitucionales presuntamente desobedecidos es la anulación de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, texto que según el ministerio público es “de imposible encaje en el ámbito competencial” catalán y supone “una pura vía de hecho” hacia la independencia. Sin embargo, en esta resolución no aparece ninguna referencia al referéndum, que fue añadido al plan soberanista diez meses más tarde, en la cuestión de confianza que superó Puigdemont.