Nuevo movimiento a cuenta de la malversación en el 1-O. La Fiscalía ha pedido al juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum que encargue un informe pericial al Ministerio de Hacienda para concretar las partidas de los presupuestos de la Generalitat que se destinaron a la votación y otro para cuantificar el coste que supuso el uso de instalaciones públicas, como escuelas, para el 1-O.
En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la fiscal encargada de la investigación de los preparativos del 1-O solicita al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer requerir a Hacienda para que sus técnicos elaboren un informe con el objetivo de determinar “la cuantía que fue empleada para la celebración del referéndum, desde qué departamentos se aprobó el gasto y con cargo a qué cuentas o partidas presupuestarias”.
La petición fiscal, registrada el pasado 31 de julio, no ha obtenido por el momento respuesta del instructor. Tampoco la otra propuesta del ministerio público para cuantificar el coste que supuso para las arcas públicas el uso de colegios, escuelas o centros sanitarios “para un uso ilegal” como la celebración del referéndum.
Fuentes jurídicas recuerdan que, tras la polémica entre el exministro Cristóbal Montoro, que negó el gasto público en el 1-O, y el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo desistió de solicitar un informe pericial sobre el gasto público en el referéndum. Un dictamen que es habitual en todas las causas con malversación de dinero público. El procesamiento de los exconsellers por este delito está sustentado en diversos informes de la Guardia Civil, que elevan el gasto público en el 1-O a 3,2 millones de euros.
Por contra, la Generalitat ha asegurado hasta ahora en todos los informes remitidos que no ha incurrido en gastos públicos en el 1-O. Lo ha afirmado tanto en el Tribunal Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, donde permanecen imputadas una cuarentena de políticos, altos cargos, funcionarios y empresarios por el 1-O.
En este sentido, sobre los encargos que hizo el Govern a la empresa postal Unipost para enviar las tarjetas censales y las notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O, que la Guardia Civil ha cifrado en cerca de un millón de euros, el juez ha pedido a la administración concursal de la compañía (en quiebra desde hace meses) que detalle si la administración catalana ha abonado las cinco facturas sospechosas.
En concreto, se trata de una factura de 196.696 euros girada al departamento de Cultura, otra de 193.889 euros al departamento de Vicepresidència, una de 192.711 euros al departamento de Salud, una de 197.492 a la conselleria de Trabajo y una de 198.871 al departamento de Presidència. En su declaración como imputados, varios responsables de Unipost declararon que estas facturas no se llegaron a abonar por parte de la Generalitat.
Por otro lado, el Govern ha facilitado al juez el coste de los viajes de varios miembros del equipo de Oriol Junqueras al extranjero, entre ellos el por entonces secretario de Economía y ahora conseller, Pere Aragonès, y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó. El coste de los viajes y alojamiento a Eslovenia, Flandes, Irlanda e Inglaterra asciende a 6.283,33 euros. Pese a sospechas que Aragonès acudió a Eslovenia para recibir asesoramiento sobre el funcionamiento del banco central de una Catalunya independiente, el juez ha excluido el delito de malversación en su exposición razonada por la que pide al TSJC investigar al conseller de Economía.
La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, está en el punto de vista de los investigadores por haber negado en varios certificados aportados al juzgado el uso de fondos públicos para el referéndum. Vidal declarará como imputada el próximo 25 de septiembre, después de que su comparecencia se suspendiera antes del verano a petición de su defensa.