El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que envió a juicio al expresident Artur Mas y a las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega permite entender algunos detalles de cómo se organizó la votación del 9–N, más allá de la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional –que los políticos siempre han negado. Por ejemplo, que los 7.000 ordenadores portátiles que la Generalitat distribuyó en febrero de 2015 entre los colegios públicos de Catalunya ya se habían usado. En concreto, los estrenaron los voluntarios que participaron en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.
Según el TSJC, el Govern camufló la adquisición de los ordenadores para la consulta como una compra “recurrente” del departamento de Enseñanza. Una portavoz de la conselleria ha negado que Enseñanza comprara ordenadores expresamente para el 9-N y ha precisado que el departamento cedió, para su uso durante la votación, “unos ordenadores adquiridos previamente y que respondían a unas necesidades detectadas de centros educativos”. “Después de la jornada, todos los ordenadores se enviaron a los centros educativos”, ha añadido. En total, la Generalitat pagó a Telefónica 2,8 millones de euros por los portátiles.
El TSJC no lo ve igual que la conselleria. “Puede cabalmente inferirse que la adquisición de los portátiles no vino motivada por previas necesidades de la enseñanza pública, que las tiene, sino por el proceso participativo”, reza el auto que envió a juicio al expresident de la Generalitat, Artur Mas; a la exvicepresidenta, Joana Ortega; y a la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.
La Generalitat encargó el 23 de octubre de 2014 los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas de votación y otros centros públicos para el 9–N. El “suministro urgente” de 7.000 ordenadores se justificó por “necesidades previas y recurrentes” del departamento de Enseñanza, según el TSJC. La compra se enmarcó dentro del contrato de colaboración que firmaron en 2012 el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y Telefónica.
La compañía entregó los 7.000 ordenadores entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Parte de ellos se depositaron en almacenes territoriales de la Generalitat y otros en almacenes de la empresa Fujitsu. El alto tribunal catalán destaca que los portátiles quedaron “a la espera” de que se les instalaran los programas informáticos que iban a ser utilizados en la votación.
Los 7.000 ordenadores del pedido de la Generalitat coinciden con las 6.695 mesas de votación del 9–N. Además, parte del resto de portátiles del pedido se instalaron en el CTTI. “Parece, pues, evidente la correlación entre el número y tipo de ordenadores y el número de mesas y puntos de votación”, zanja el TSJC.
Además, la Generalitat, después de desembolsar 2,79 millones de euros por los portátiles, gastó otros 14.387 euros para vaciar su contenido y transportarlos a las escuelas. Los ordenadores se repartieron en febrero de 2015 entre centros distintos de aquellos donde se habían utilizado el 9–N.
Con todo, de la compra de ordenadores y demás gastos que realizó la Generalitat no puede deducirse que los tres políticos acusados malversaran fondos públicos. El motivo es que todas las compras se hicieron antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional. Mas, Rigau y Ortega sí irán a juicio por desobediencia y prevaricación. Se exponen a penas de hasta diez y nueve años de inhabilitación, respectivamente
La compra de ordenadores supuso el 59% del gasto público que efectuó la Generalitat para el 9–N, que ascendió a 4,71 millones de euros. La segunda partida más relevante fue la destinada a la campaña de publicidad: 806.403,52 abonados a Media Planning Group, participado por la familia Rodés, mientras que la productora Imagina, vinculada al grupo Mediapro, de Jaume Roures, recibió 21.767 euros.