El Constitucional ha suspendido por unanimidad la declaración secesionista del Parlament catalán y ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carmen Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión.
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central de la propuesta, lo que, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, supone la suspensión automática de la misma durante un plazo máximo de cinco meses.
El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento. De ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.
A todos se les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
El Gobierno había pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones. Además de Mas i Forcadell, el Ejecutivo central pide apercibir a los miembros de la Mesa del Parlament y los consellers del Govern de que una eventual desobediencia les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones.
La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado este mediodía ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la resolución independentista del Parlamento de Catalunya. El Consejo de Ministros ha celebrado esta mañana una reunión extraordinaria para culminar los trámites para recurrir ante el TC la propuesta independentista catalana, autorizando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que presente ese recurso.
Después de que el Parlamento de Catalunya aprobase el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP la declaración independentista que pretende avanzar hacia una “república catalana”, el Gobierno solicitó de inmediato el informe preceptivo del Consejo de Estado para recurrir al Tribunal Constitucional. Este martes, esa institución avaló por unanimidad ese recurso al considerar que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para ello.
El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se fundamenta en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación “producirá la suspensión” de la resolución recurrida. Una vez que el Gobierno presente ese recurso, habrá un pleno de ese tribunal que, con toda probabilidad, suspenderá la resolución del Parlamento catalán. La impugnación del ejecutivo determinará la suspensión de la misma de forma automática.