La Delegación del Gobierno en Catalunya ha enviado este viernes una carta a la dirección general de la Policía de la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona para pedir explicaciones por la pancarta instalada en uno de los edificios laterales de la plaza de Catalunya durante el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto. La pancarta, colocada por activistas en la madrugada entre el jueves y el viernes, protestaba contra la presencia del rey Felipe VI en el acto bajo el lema en inglés “el rey español no es bienvenido a los países catalanes”.
Según asegura en la misiva la delegada del Gobierno accidental, Montserrat García, la pancarta ha supuesto una afectación a la seguridad de las autoridades presentes en la ceremonia. “Impedía el control de varias ventanas con vistas directas al acto, lo que puede dificultar la plena seguridad del acto y poner en riesgo a las propias víctimas, a Sus Majestades los Reyes y a las más altas autoridades del Estado presentes”, asegura la Delegación del Gobierno.
García asegura además que la Policía Nacional ha exigido la retirada de la pancarta, pero indica que este requerimiento ha sido desatendido. Por esta razón pide explicaciones al cuerpo policial autonómico, encargado de la seguridad de la plaza, y al Ayuntamiento, de quien es la competencia sobre elementos móviles en las fachadas.
Concretamente la delegada accidental reclama al director de la policía catalana que le informe de las actuaciones que los Mossos han llevado a cabo para garantizar la seguridad de la plaza y, al comisionado de Seguridad del ayuntamiento, que informe sobre si la pancarta tenía permiso municipal y si se ajusta a las ordenanzas municipales.
Los Mossos d'Esquadra intervinieron en varios momentos de la madrugada del jueves en el edificio donde se había colocado el mensaje político, llegando a descolgarse por la fachada para intentar retirarla. Sin embargo posteriormente informaron de que habían comprobado que la pancarta no ponía en riesgo la seguridad. Este viernes además la policía catalana ha emitido un comunicado en el que ha recalcado que, descartada la actuación de oficio al no valorar afectación para la seguridad, la competencia para instar a la retirada corresponde al consistorio.