Las 46 reclamaciones que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, llevó ante el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, crecen solo dos días después de su primer encuentro en la Moncloa. El Consejo de Ministros de este viernes ha decido impugnar ante el Tribunal Constitucional tres leyes catalanas: la del impuesto sobre las viviendas vacías, la de los gobiernos locales y la ley de igualdad entre mujer y hombre. Con las últimas tres recurridas, ya suman 30 las leyes catalanas que el Gobierno de Rajoy ha llevado ante el Constitucional.
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la impugnación de las tres leyes, dos de ellas al considerar que ha habido una invasión competencial desde la Generalitat. Catalá ha quitado hierro a la decisión, circunscribiéndola al “ejercicio normal de la Administración” cuando entiende que hay un conflicto de competencias, como es el caso de la ley de igualdad y de la de gobiernos locales. Como viene siendo costumbre del Ejecutivo central, también ha reclamado la suspensión de las normas, por lo que quedan sin validez hasta que el tribunal se pronuncie.
En el caso de la ley catalana sobre viviendas vacías, el Gobierno considera que duplica un gravamen que ya existe actualmente y por la que se imponen recargos de hasta el 50% del IBI. Esta norma, la 14/2015, había sido señalada por el Govern en los últimos días como una de las que estaban en peligro de ser suspendidas. Según explicó la semana pasada la consellera de Vivienda, Mertixell Borràs, la ley había permitido recaudar 11,3 millones de euros, lo que le permitía adquirir 260 pisos para destinarlos a alquiler social.
El Gobierno de Rajoy no ha recurrido sin embargo la ley contra la pobreza energética y los desahucios, surgida de la ILP de la PAH, una suspensión sobre la que las entidades sociales habían alertado. El Gobierno tenía previsto llevar la ley 24/2015 ante el Constitucional, pero finalmente cambió de criterio este jueves, después de una intensa campaña de presión de la PAH a los grupos parlamentarios tanto del Congreso de los Diputados como del Parlament catalán. Así, la 24/2015 aguanta una semana más, aunque el Gobierno todavía tiene de plazo hasta el 5 de mayo para recurrirla, por lo que si decidiera hacerlo podría en el Consejo de Ministros del próximo viernes.