Hace dos semanas que los impulsores de la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC- alertan del riesgo de que el gobierno de Mariano Rajoy suspenda la ley con un recurso al Tribunal Constitucional. El miércoles estuvieron en el Congreso, donde reunieron el apoyo de todos los grupos menos el PP, lo que se ha repetido este jueves en el Parlament de Catalunya. Todos los demás partidos catalanes han mostrado públicamente su apoyo a la ley fruto de una ILP que el Parlament aprobó por unanimidad. El PP catalán, en cambio, ha optado por no sumarse a este pronunciamiento público, pero negocia con la Generalitat y el gobierno de Rajoy salidas para evitar la suspensión de la ley.
Tras la reunión con los grupos parlamentarios catalanes, en la que también les han informado de su ronda de encuentros en Madrid, la PAH ha asegurado que tras la campaña de presión al PP ahora el partido estudia no suspender esta norma. Desde el PP catalán aseguran que trabajan para evitar “un choque” entre el Estado y la Generalitat. “El PP votó a favor de gran mayoría de la ley y estamos trabajando intensamente para que los posibles conflictos competenciales no perjudiquen en nada a las personas que lo están pasando mal”, ha asegurado el diputado conservador Fernando Sánchez Costas.
El PP, a pesar de votar a favor de la ley, se abstuvo en la votación de dos artículos, que eran los que consideraban conflictivos a nivel competencial. Desde la PAH explican que desde el PP se han comprometido a tomarse una semana de margen -la impugnación estaba prevista inicialmente para este mismo viernes, pero se puede producir hasta el 5 de mayo- para estudiar soluciones. Una posibilidad sería impugnar sólo los artículos que cuestionan y no el conjunto de la ley. Desde el PP no confirman que esta sea su apuesta y dicen que todavía se está estudiando.
Recurso sin suspensión
Desde la PAH también apuntan que en la reunión con el PP en el Congreso les plantearon la posibilidad de que la ley se recurra sin exigir su suspensión preventiva, en respuesta a la incoherencia que, según los impulsores de la ley, representaba recurrirlo todo por dos artículos. Esta propuesta la discutió Rajoy unas horas más tarde con el presidente Carles Puigdemont en su reunión del mismo miércoles. La ley contra los desahucios fue una de las cuestiones que el president catalán llevó a su reunión en Madrid, en el que el líder del Ejecutivo español se mostró abierto a negociarlo todos menos una consulta. Puigdemont le pidió a Rajoy que si estudiaba recurrir la ley al Constitucional, no hiciera uso de su potestad para reclamar la suspensión temporal.
El gobierno de Rajoy ya ha recurrido leyes contra los desahucios de Andalucía, Navarra, Canarias y Euskadi y en todos los casos el Ejecutivo invocó el artículo 161.2 de la Constitución para lograr la suspensión cautelar de los artículos recurridos. Esta es una potestad, según recordó Puigdemont, exclusiva del presidente del Ejecutivo que no pueden invocar, por ejemplo, los presidentes autonómicos. De no aplicarse este artículo, pensado para casos excepcionales, la ley seguiría vigente a la espera del dictamen del TC y no quedaría anulada a la espera de la respuesta del alto tribunal.
Desde la PAH buscan dar “un mensaje de esperanza”. “Todavía estamos a tiempo de evitar la suspensión de la ley en vigor más garantista del estado en materia de emergencia habitacional y pobreza energética”, dicen en un comunicado que llama a actuar a la ciudadanía, el Parlamento, la Generalitat y el Congreso. Desde el PP catalán, el diputado Sánchez Costas alerta de que “la decisión final no estará en ningún caso condicionada por amenazas ni chantajes”. La PAH mientras tanto seguirá haciendo campaña de presión al PP este viernes.