“Una declaración de independencia no implica inmediatamente la creación de una Catalunya independiente ni su continuidad o exclusión de la Unión Europea”. Así expone un documento de la conselleria de Economía de la Generalitat las consecuencias de una declaración de independencia.
El mismo texto ve el cambio de sedes sociales de los bancos como posible “presión” para evitar dicha declaración y explica que las empresas carecen de razones para marcharse, pues los indicadores que maneja el Govern asegurarían mejores condiciones económicas en un Estado catalán.
El texto, enviado a las delegaciones del Govern en el exterior, adelantado por TV3 y recogido por Europa Press, también destaca que para que la hipotética república catalana quede fuera de la Unión Europea o del euro, España tendría antes que reconocer la independencia. Algo que –destaca el texto– “no sucederá a corto plazo”.
Este es uno de los argumentos que el Govern esgrime para asegurar que “en el periodo de transición” los depósitos de todos los bancos con domicilio fiscal en Catalunya estarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español, que cuenta con una garantía europea que los garantiza en su totalidad hasta 100.000 euros por depositante y entidad financiera.
“Los depósitos de todas las entidades de Cataluña están, por tanto, plenamente garantizados. El Banco Central Europeo es (y continuará siendo) el supervisor único del sistema financiero europeo, incluido el catalán, y aportará toda la liquidez que sea necesaria hacia estos bancos”, sostiene el texto.
El documento también hace mención a las decisiones del Banco Sabadell y de Caixabank de trasladar sus sedes sociales fuera de Catalunya, que considera que “son legítimas y responden principalmente a la voluntad de evitar fugas de depósitos no catalanes y de tranquilizar a sus accionistas”. En la misma línea, el texto expone que la decisión de las empresas “puede responder a un intento de hacer presión política hacia el Govern para evitar una declaración de independencia”.
La misiva considera que “no hay ningún motivo” para que las empresas se marchen de Catalunya, ya que asegura que todos los indicadores económicos y las medidas políticas hasta la fecha hacen pensar que las empresas tendrán un marco normativo, económico y laboral mejor en un nuevo Estado catalán.