Una situación “crítica” que requiere seguir con las restricciones y medidas más duras, pero con dificultades legales para implantarlas. Este es el diagnóstico de la Generalitat de Catalunya sobre la segunda ola de la pandemia, que ha impactado con dureza en la comunidad. A la espera de nuevas medidas que siguen en estudio y se anunciarán a finales de semana, los responsables de Salud del Govern ya han avanzado que no se dará marcha atrás con el cierre de bares y restaurantes.
La consellera portavoz del Govern, Meritxell Budó ha señalado una dificultad para tomar más restricciones: el decreto del estado de alarma, que según Budó “se ha quedado corto” como paraguas legal y no permite a las autonomías decretar restricciones más duras sin autorización judicial. Budó ha reclamado una modificación del texto que permita al Govern aplicar nuevas medidas, por ejemplo para limitar la movilidad, sin necesidad de ser autorizados por el Gobierno central o por los juzgados. Para esta modificación del decreto, Budó ha apelado a la negociación entre los partidos para formar una mayoría que apruebe la prórroga del estado de alarma en el Congreso.
“Si nos encontrásemos en el caso de tener que reducir la movilidad, por ejemplo, con confinamientos domiciliarios, necesitaríamos que el Gobierno central nos autorizase o acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”, ha considerado la consellera portavoz, que ha alegado que “en una situación como la actual” las autoridades sanitarias “necesitan tomar decisiones rápidas” que pedir autorización ralentizaría. “Por lo tanto el mecanismo que nos tenía que permitir este decreto se ha quedado corto”, ha concluido Budó.
Budó ha dejado abierta la puerta a que la Generalitat tome nuevas decisiones en los próximos días, pero ha preferido no entrar a especular ninguna para evitar el ruido generado en los últimos días por declaraciones de diferentes miembros del Govern. El domingo el conseller de Interior habló de confinamientos de fin de semana, una opción que la propia Budó admitió que estaba sobre la mesa un día después. Este martes además la opción de imponer un confinamiento total ha tomado fuerza en el departamento de Salut, que de la misma forma se niega a valorar posibilidades hasta no tener decididas nuevas medidas.
Por la tarde, el secretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, ha indicado que se tomarán “nuevas medidas” a finales de semana, pero al igual que Budó ha evitado concretarlas. “No entraré en el detalle de las nuevas medidas, las estamos trabajando de forma técnica y hablar de ello solo sería especular”, ha aseverado Ramentol, que con todo ha avisado de que se tomarán decisiones: “Necesitamos nuevas medidas”.
La razón que ha esgrimido Ramentol es que los contagios continúan creciendo en Catalunya. El cierre de bares y restaurantes de hace diez días ha provocado, según Ramentol, que el crecimiento de la pandemia “se desacelere”, pero en cualquier caso ha servido para doblegar la curva de contagios. “Podremos dar marcha atrás cuando la situación esté controlada, y ahora no es así”, ha zanjado Ramentol, que ha dado por hecho que se mantendrá el cierre de bares y restaurantes una vez este viernes expire el plazo inicial de 15 días de duración de la medida.
“Las cifras de contagios son insostenibles”, ha alertado Ramentol, para a renglón seguido advertir de que el sistema sanitario “no puede aguantar más días las cifras de crecimiento”. “Tenemos que doblegar la curva, no solo allanarla”, ha apostillado. “Quedará tiempo hasta que podamos volver a una cierta estabilidad”, ha avisado el director de la unidad de seguimiento de la COVID-19 del Govern, Jacobo Mendioroz.
A nivel epidemiológico preocupa en especial a Salud que de las más de 30.000 PCR que se realizan en Catalunya arrojan un porcentaje demasiado alto de positivos –del 12%–, y que la transmisión del virus empieza a afectar a las personas de más edad, lo que a su vez tensiona más el sistema sanitario y las UCIs de la comunidad. Según las proyecciones de Salud, si no se toman más restricciones en los próximos días habrá más ingresados en las UCIs por COVID-19 que por otras dolencias, algo que no ocurría desde la primera ola. Estamos subiendo a 200 defunciones diarias y el crecimiento está disparado, las medidas de hace diez días tienen un pequeño efecto pero la situación es insostenible“, ha diagnosticado Mendioroz.
Por territorios, el cierre de bares y restaurantes y las demás restricciones se han notado en especial en Barcelona ciudad, donde la tasa de reproducción del virus ha pasado de 1,54 a 1,39. Por contra, los contagios y la transmisión han subido en el sur del área metropolitana, hasta una tasa de 1,8, así como en Tarrragona, la Catalunya Central y Terres de l'Ebre. Un 12% de la residencias catalanas tiene algún positivo de COVID.
A nivel legal, la reclamación de un decreto de estado de alarma que dote a Catalunya de un catalogo de actuaciones más profundo ya fue hecha este lunes por los dos partidos del Govern, JxCat y ERC. Tanto los republicanos como los posconvergentes entendían que el Gobierno había dejado a la Generalitat poco margen de actuación, por lo que reclamaban más competencias. “Es la Generalitat quien tiene más conocimiento de causa sobre el terreno y sobre los datos que tenemos”, aseguraba la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. “Necesitamos un decreto mucho mejor, que de instrumentos a la Generalitat”, remachaba Elsa Artadi, su homóloga de Junts. Además, ambas formaciones ven excesivos los seis meses que el Gobierno pide de prórroga con poderes especiales.
Otra de las cuestiones que este Budó ha debido aclarar este martes es el marco normativo del teletrabajo, después de que consellers de JxCat y ERC se hayan contradicho sobre si en Catalunya las empresas tiene la obligación de habilitar el trabajo a distancia. “Respecto al teletrabajo, la Generalitat no tiene ahora mismo capacidad para regular este ámbito en los centros privados, porque no tenemos las competencias que quisiéramos tener”, ha rectificado Budó al conseller de Trabajo, Chakir El Homrani. “Ahora bien, las empresas deben promover y priorizar el teletrabajo”, ha añadido. La consellera portavoz ha acabado con un declaración salomónica para concordar las dos posturas cuando ha asegurado: “Es cierto que no es una norma laboral, se decir, no es una obligatoriedad laboral, pero sí es un deber de las empresas promoverlo”.