La Generalitat de Catalunya tiene desde este viernes unos nuevos presupuestos, después de tres años sin poder aprobarlos. El Govern de JxCat y ERC ha conseguido el aval del Parlament a sus cuentas gracias a la abstención de Catalunya en Comú, que han apelado a la responsabilidad y al momento excepcional por la crisis sanitaria. Con todo, tal y como ha criticado la oposición, el Ejecutivo reconoce que la ley económica aprobada este viernes se ha quedado parcialmente desfasada por la crisis del coronavirus y el vicepresident Pere Aragonés se ha comprometido a actualizarlos a lo largo del ejercicio para adaptarlos al nuevo escenario.
Tanto los partidos del Govern como los 'comuns', sin embargo, defienden la aprobación estas cuentas para que los servicios públicos puedan recibir más financiación desde este mismo momento y aunque luego haya que modificar partidas. “Esperar para hacer unos nuevos presupuestos sería pasar otro año sin presupuestos”, resumía la líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach. Los defensores de esta ley económica exhiben sus números: prevén 3.000 millones nuevos en total, 900 de los cuales son para sanidad, que permitirá contratar a 1.400 profesionales sanitarios más o financiar un programa específico para reducir las listas de espera.
“Evidentemente tendremos que compensar, no estábamos preparados para esta crisis del coronavirus, ni aquí ni en ninguna parte. Triplicar la capacidad de camas de UCI multiplica los gastos del departament de Salut, y tendremos que hacer todos los ajustes que sean necesarios en el presupuesto para compensar esto”, aseguraba por la mañana, durante la sesión de control, la consellera de Salut, Alba Vergés. Pero estos necesarios cambios, que reconoce el propio Govern, no es obstáculo para que los partidos que gobiernan hayan defendido la necesidad de aprobar, cuanto antes, unas cuentas que actualizaran las aprobadas hace cuatro años.
Presupuestos en “papel mojado”
La oposición considera, en cambio, que los presupuestos para 2020 nacen muertos y que era mejor opción que Aragonés los hubiera retirado para rehacerlos. “Debatir y votar unos presupuestos presentados en enero, cuando era inimaginable la situación que hoy vivimos, puede ser útil para que los diputados mostremos nuestra capacidad retórica o para el Govern, pero es inútil para los catalanes”, ha asegurado el diputado de Ciudadanos José María Cano, que ha indicado que las cuentas son desde su aprobación “papel mojado”.
La formación de Inés Arrimadas consiguió postergar la votación final sobre las cuentas casi un mes, con un recurso ante el Consell de Garanties Estatutaries en el que defendían que la ley económica no cabía en el Estatut. Los juristas del Consell rechazaron de plano los argumentos de Ciudadanos, pero el partido consiguió de esta forma que las cuentas alargaran su tramitación y que no hayan podido entrar en vigor hasta ahora.
Por su parte, también el PSC ha defendido que el proyecto de Aragonés no tiene recorrido y que la crisis sanitaria hace necesario rehacer las previsiones. “Hoy se aprueban unos presupuestos estériles, que no servían para nada. No servían en febrero para anticipar los problemas a medio plazo, y no servirán para resolver los problemas hoy”, ha defendido la diputada Alicia Romero.
Los socialistas habían ofrecido antes del debate a JxCat y ERC firmar un “pacto transversal” en materia económica, que pudiera incluir a los partidos y también a sindicatos, patronales y otros agentes económicos. El plan del PSC incluye 44 medidas, entre las cuales se propone generar un fondo catalán para la reconstrucción tras la crisis, donde se puedan integrar el conjunto de ayudas sociales, avales y créditos extraordinarios ofrecidos desde el sector público.
Los subgrupos de la CUP y el PP se oponen igualmente a estos presupuestos por considerarlos inviables tras la crisis sanitaria. Los anticapitalistas han asegurado que las cuentas diseñadas por el Govern habían quedado “obsoletas y caducadas”, además de criticar que destinan 10.500 millones a pagar deuda, de los cuales ellos proponen desviar un 5% a una renta básica.
Mientras, el PP ha cargado contra los gastos “destinados al procés”, considerando que hace falta utilizar esos recursos para política social y económica. Para los populares, estos presupuestos “no dan respuesta” a las necesidades que Catalunya ya tenía y “mucho menos la dará para los que tenemos por delante por la emergencia sanitaria”, según ha explicado el diputado Santi Rodríguez.
En sentido contrario, la diputada Albiach ha defendido la posición de Catalunya en Comú, favorable a dar luz verde a la ley económica porque, según ha considerado, “la única forma de garantizar los servicios públicos es a través de los presupuestos, es decir, a través de los impuestos”. “Dejamos que estos presupuestos salgan adelante porque van acompañados de una reforma fiscal que es progresiva y que es valiente”, ha apuntado la líder de los 'comuns' que, como el Govern, está a favor de un “plan de choque” económico basado en estos presupuestos.
En su turno de intervención, Albiach ha pedido además a los partidos independentistas que, cuando llegue la tramitación de los presupuestos generales del Estado, ERC y JxCat sigan su ejemplo en el Congreso y no obstaculicen las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez.
Aragonés defiende la utilidad de las cuentas
El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, responsable de economía, ha defendido las cuentas presentadas como “la primera piedra del rescate económico y social” que a su juicio será necesario tras la crisis sanitaria. El líder de ERC defiende un plan de “reconstrucció” –concepto que el president Quim Torra rechaza– basado, en el primer momento, en mejorar los recursos del sistema sanitario y asistencial y en garantizar la liquidez de familias y empresas. Después de eso, Aragonés defiende un replanteamiento general de la economía catalana, en materias como la reindustrialización, la transición ecológica o la investigación, un plan que asegura que debe basarse en un consenso lo más amplio posible entre los partidos.
Tras agradecer la postura favorable de los 'comuns', el vicepresident ha lamentado que tanto el PSC como la CUP rechacen los presupuestos. “Esperaba que estos dos grupos hubieran tenido una postura más responsable”, ha dicho, acusándolos de “inmobilistas” por rechazar unas cuentas que “destinan 3 de cada 4 euros a gasto social”.
El líder republicano se ha dirigido explícitamente al PSC, a quienes les ha trasladado que el Gobierno central tendrá su apoyo en sus reclamaciones en la Unión Europea, pero les ha reclamado que de la misma forma, los socialistas deben canalizar fondos a las autonomías a través de transferencias y no a través de deuda. “No tendría ningún sentido forzar a la Generalitat y otras comunidades a pagar intereses por una crisis sanitaria”, ha asegurado.