La Guardia Civil sigue analizando la documentación incautada en la conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017. Entre los documentos hallados en el departamento que lideraba Oriol Junqueras, los agentes encontraron reseñas de los viajes que el equipo del exvicepresident realizó para reunirse con el gobernador del Banco Central de Eslovenia (BCE), la secretaria de Hacienda de la región belga de Flandes, la agencia del tesoro de Irlanda o fondos de inversión y agencias de calificación internacionales en Londres. Ahora la Guardia Civil ha pedido al juez que requiera a la Generalitat toda la información sobre estos viajes.
En un nuevo informe remitido al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, la Guardia Civil justifica las nuevas diligencias por la relación de estos viajes con la creación de las denominadas estructuras de estado y el plan independentista del Govern. “Todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones relacionadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente”, destaca el informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso este diario.
La Guardia Civil solicita al juez que obligue a la Generalitat a identificar “las personas que autorizaron los viajes con el visto bueno, en su caso, del superior jerárquico”, así como a proporcionar el orden del día de las reuniones y el número de asistentes y sus funciones en cada una de las seis visitas al extranjero. Los investigadores también solicitan una memoria justificativa de los viajes y que el juez calcule “el coste total de los viajes”, requiriendo a la Generalitat “todas las facturas y justificantes de pago de los billetes de avión, gastos de alojamiento, dietas abonadas, o cualquier otro tipo de gasto asociado a los desplazamientos”.
Se trata de seis viajes que varios colaboradores de Junqueras –pero no el exvicepresidente– hicieron los años 2016 y 2017. En enero del año pasado, el exsecretario de Economía –y actual vicepresidente del Govern– Pere Aragonès, junto a la exdirectora general de Análisis Económico, Natalia Mas Guix; el exdelegado del Govern en Austria Adam Casals y la abogada Ana Stanic, viajaron a Eslovenia.
En el país balcánico se reunieron, según una nota sin firma pero con membrete de la dirección general de Análisis Económico, con el gobernador del Banco Central esloveno, Bostjan Jazbec, varios exaltos cargos del organismo así como dos exministros. En el documento de la Generalitat que resumió el viaje se detalló la “total disposición” del gobernador esloveno para “apoyarnos cuando el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) trate el tema de Catalunya”. De hecho, Jazbec habría mencionado que “comentaría el encuentro con Catalunya” en la siguiente reunión del BCE, que reúne a todos los gobernadores de bancos centrales de la zona euro cada quince días en Frankfurt.
Londres, Noruega e Irlanda
Un mes antes de viajar a Eslovenia, Aragonès y Guix, junto al exconseller Raül Romeva, viajaron a Londres. En la capital inglesa, según otro documento oficial incautado, se reunieron con representantes financieros de la City londinense para “explicar la hoja de ruta política y el estado de la economía catalana y las finanzas de la Generalitat. Los encuentros se celebraron con los bancos y fondos de inversión DBRS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, PIMCO e Invesco.
Por las mismas fechas y con el mismo objetivo, el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo; el exsecretario de Exteriores Jordi Solé y la exresponsable de asuntos públicos de la delegación del Govern en Dinamarca, Diana Coromines, viajaron a Noruega. Allí se reunieron con representantes de la agencia noruega de garantía de créditos a la exportación y de Export Credit Norway, una organización de ayuda a la exportación.
Los otros tres viajes investigados corresponden a una visita a la agencia del tesoro de Irlanda que realizaron Aragonès, Mas y el economista Jaume Domènech en octubre de 2016. Se reunieron con seis agencias públicas que velan por las finanzas y el desarrollo de la economía irlandesa. Un mes después, un equipo de seis cargos de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), encabezados por el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, viajaron a Bélgica para recibir asesoramiento de primera mano de sus homólogos flamencos. Asimismo, Salvadó acudió a Eslovenia en enero de 2017, después del viaje de Aragonès.
Además del coste de los viajes, la Guardia Civil propone al magistrado requerir documentación a las empresas que contrató la Generalitat –IBM y SAP– para crear un nuevo programa informático para gestionar los impuestos autonómicos. Los pagos a estas empresas ya fueron reclamados a la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda el pasado mes de marzo. La Guardia Civil incardina el despliegue tributario de la Generalitat en la hoja de ruta independentista, aunque la propia ley que regulaba la supuesta hacienda de una Catalunya independiente no llegó a rebasar las competencias autonómicas.
En lo que la Generalitat sí habría traspasado su ámbito de competencias sería en la proyección de un catastro propio, según la Guardia Civil. En otro informe, los agentes piden al juez requerir a la Generalitat toda la documentación vinculada a la planificación, desarrollo o asesoramiento sobre la creación del “catastro catalán”.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga a Puigdemont y los exconsellers, ha preguntado al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer si las partes personadas en la causa tuvieron acceso a los pinchazos telefónicos a altos cargos catalanes en los términos que marca la ley de enjuiciamiento criminal. El artículo 588 ter i de dicha norma obliga a retirar de los archivos entregados a las partes las conversaciones que reflejen “aspectos de la vida íntima de las personas”.
Tal y como explicó este diario, la defensa del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, pidió a Ramírez Sunyer que quedaran fuera de la causa tanto su comentario machista en el que abogaba por nombrar consellera de Educación a la candidata que tuviera “las tetas más gordas” como el resto de pinchazos telefónicos “que no tienen relevancia penal”.
En un certificado, el sustituto de la secretaria judicial del juzgado de instrucción –que ha sido recusada por varias defensas– reconoce al Supremo que Ramírez Sunyer entregó a todas las partes el conjunto de las grabaciones remitidas por la Guardia Civil, pero matiza que el magistrado sólo escuchó las conversaciones incluidas en los atestados policiales sobre el 1-O. Los pinchazos fueron a su vez remitidos al Tribunal Supremo.
Las conversaciones de los investigos que no tratan sobre el 1-O todavía no se han eliminado de la causa porque la defensa de Salvadó no ha respondido a la petición que el juez realizó el pasado mes de abril sobre las conversaciones concretas que se solicitaban suprimir, añade el nuevo secretario del juzgado de Ramírez Sunyer.
Por otro lado, el juez Ramírez Sunyer ha requerido al Tribunal Constitucional que identifique a las personas, además de Puigdemont y los exconsellers, a las que se les notificó las resoluciones en las que se suspendía la celebración del referéndum y varias mociones del Parlament a favor del 1-O. El objetivo del juez es “individualizar el delito de desobediencia”, en una causa en la que permanecen imputados una treintena de personas entre altos cargos, técnicos de la Generalitat y empresarios.