El Gobierno cede y acepta ahora condiciones de la Generalitat para mantener el diálogo en Catalunya y que los componentes del Govern ligaban a su posición en el Congreso respecto a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. El Ejecutivo acepta ahora que haya un “relator” que siga las reuniones de la mesa de partidos que acordaron pero en la que encallaron algunos detalles. Moncloa exigía que se limitara al ámbito catalán mientras que la Generalitat quería que fueran partidos nacionales. El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que el “ámbito” de esa mesa debe ser “catalán”.
Los partidos independentistas han puesto toda la carne en el asador para lograr que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte sentarse a hablar sobre el encaje territorial catalán. Tanto ERC como el PDeCAT han marcado como plazo el inicio del juicio a los líderes independentistas, que comenzará el 12 de febrero, para que el Ejecutivo central responda a sus demandas. Si eso no ocurre, ambos partidos mantendrán la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, de forma que estos quedarán vetados.
La petición de mínimos de los partidos que sostienen al Govern es la que ya viene siendo trasladada por Pere Aragonès (ERC) y Elsa Artadi (JxCat) a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las al menos dos reuniones mantenidas entre los tres. Los independentistas quieren que el Gobierno acepte una mesa de diálogo entre los partidos de ambos ejecutivos donde puedan debatirse las diferentes opciones de autogobierno para Catalunya, sin excluir ninguna. Exigen, además, que en esa mesa se siente una figura que haga el papel de intermediador, notario o árbitro.
Hasta ahora el Gobierno había rechazado la figura de un “mediador internacional”, pero no se había pronunciado sobre lo que considera una “rebaja” a una figura que “de fé” de lo que ocurre en esas reuniones. La vicepresidenta se ha posicionado a favor de aceptar “la figura de alguien que sea capaz de decir, nos convocamos, ayudar, como un relator en un congreso, alguien que entiende de política, no ajeno a la situación de Catalunya en España”.
Esa opción ya la había abierto el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a primera hora de este martes. En una entrevista en TV3, el socialista ha reconocido que la Generalitat y el Gobierno han estudiado la opción de nombrar a alguien que dé “fe” del contenido de las conversaciones que mantienen durante sus encuentros, algo que Iceta ha llamado un “notario”.
Los independentistas barajan ya ciertos nombres como posibles intermediarios, que entienden que debería ser alguien imparcial y con voluntad de solucionar el conflicto catalán. Para ello han mirado a alguien del ámbito de Podemos o de los 'comuns', aunque reconocen que no tiene por qué ser un político y que podría ser también alguna figura internacional especializada en conflictos o derechos humanos. También aseguran que no batallarán por la denominación de ese actor imparcial.
El Gobierno de Sánchez no quiere que la mesa de partidos que están negociando sea de ámbito estatal, tal y como reclamaba la Generalitat, y la circunscriben al ámbito catalán. Sin embargo, Calvo no ha descartado que haya representantes del PSOE, aunque pone el énfasis en el peso del PSC: “Mi partido tiene que estar representado de una manera importante por el PSC. Los socialistas tenemos una situación diferente a los demás, tenemos dos partidos, evidentemente tendremos que contar mucho con el PSC”, ha afirmado antes de la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Aunque el cambio de posición del Ejecutivo se produce justo después de que ERC haya registrado su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno trata de desvincular los 'gestos' a la Generalitat de la tramitación de las cuentas públicas.
Sin embargo, las fuerzas independentistas –imprescindibles para que los presupuestos se puedan tramitar– sí vinculan las negociaciones sobre la fórmula para buscar un encaje para Catalunya de su posición en la tramitación parlamentaria.
Borrell avisa de que se podrá “suspender la terapia del ibuprofeno”
Para JxCat, la aceptación de la mesa de diálogo entre partidos de ámbito estatal y con mediación sería suficiente para replantearse el veto a las cuentas de Sánchez. ERC mantiene, en cambio, una posición más dura, y exige además de lo anterior que el Gobierno envíe alguna indicación a la Fiscalía para que rebaje la petición de condena contra los líderes independentistas que se enjuiciarán. Una petición, esta última, que para el Gobierno, el PSOE y el PSC siempre han quedado fuera de todas sus líneas rojas.
Mientras el independentismo pisa el acelerador en el Congreso para que el Gobierno se mueva, este mismo martes por la tarde se celebrará la segunda reunión del llamado “Espacio del Diálogo”, convocado por el president Torra a petición de Iceta. En el Palau de la Generalitat se reunirán JxCat, ERC, PSC y Catalunya en Comú con el objetivo de explorar consensos sobre el autogobierno. Un foro al que, hasta la fecha, no han sido capaces de sumar a Ciudadanos, al PP ni a la CUP.
Mientras la vicepresidenta del Gobierno trata de buscar una solución para mantener el diálogo y sacar adelante los presupuestos, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha advertido a los independentistas de que si ponen condiciones “imposibles” -como la autodeterminación“ se tendrá que ”suspender la terapia del ibuprofeno. Aunque ha abogado por no poner “cortapisas al diálogo”, Borrell ha asegurado que los socialistas no harán “ninguna concesión” al margen de la constitución“: ”El ibuprofeno quizás no tenga efectos tan rápidos como los que tiene en el cuerpo humano“, ha reconocido Borrell, informa EFE.