La estrategia de Cuixart ante el Supremo: “El juicio será una expresión de lucha por la democracia”
“Hicimos lo que debíamos y lo volvería a hacer tantas veces como haga falta”. Así se expresaba el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una entrevista con eldiario.es el pasado mes de septiembre. La convicción de que el Estado ha decidido usar la justicia penal para desactivar a sus adversarios, en este caso los independentistas, ha llevado a Cuixart a apostar ante el juicio al 'procés' del Tribunal Supremo por una defensa que, sin olvidar los elementos técnicos y estrictamente jurídicos, ponga la política en el primer plano del procedimiento judicial.
El marco de esta estrategia lo ha plasmado uno de los abogados de Cuixart, Benet Salellas, en el libro Jo acuso: la defensa en judicis polítics (Pagès Editors, 2018). En el epílogo de la obra, el propio Cuixart define su juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por rebelión, como “una expresión más de la lucha por la autodeterminación de Catalunya y la defensa de la democracia y los derechos civiles que nos han gravemente arrebatado”.
A diferencia de otros procesados en la causa del 'procés' que confían en que lograrán la absolución en base al Código Penal y a la jurisprudencia existentes, Salellas tiene claro que hace falta algo más. Y no es solo la movilización de los independentistas, que a lo largo de la instrucción de la causa han salido a la calle en numerosas ocasiones para reclamar la libertad de los presos y prevén volver a hacerlo durante el juicio.
“La única posibilidad que tenemos de que el Supremo absuelva y el propio tribunal desactive el juicio político que ha promovido es con una sociedad española movilizada. No basta con que la sociedad civil catalana esté activa como hasta ahora porque si el juicio se ha enviado a Madrid es precisamente porque allí hay menos movilización”, asevera Salellas.
Para el letrado es necesaria “la implicación de todos los demócratas del Estado” ya que la causa especial 20907/2017 que juzgará el Supremo “pone en riesgo el sistema democrático”. De ahí la necesidad de una retroalimentación entre lo que ocurra dentro y fuera de la sala de vistas.
“La afectación a derechos fundamentales básicos como la libertad de expresión, la libertad de manifestación o la participación política está afectada de una manera tan grave que si el juicio termina en condena, como pretenden las acusaciones, quien habrá perdido no será el soberanismo, sino que se habrá construido un espacio de limitación de derechos que afectará a todos los demócratas en España. Nos estaremos acercando cada vez más a la pendiente resbaladiza del autoritarismo de Estado”, sostiene Salellas.
¿La presencia de Vox como acusación popular recibirá alguna respuesta por parte de Cuixart en el juicio? Salellas declina precisar aspectos concretos de cara a la vista oral –los escritos se presentarán la próxima semana–, pero recuerda que Cuixart ya ha exigido, sin éxito, la expulsión del partido ultraderechista de la causa. Con todo, sí avanza que desde la defensa se cuestionará el papel del partido como acusación, algo que “cuesta entender a nivel internacional”, apunta Salellas, así como que el tribunal pueda “aceptar los planteamientos de Vox sobre el 'procés'”, algo que, según el abogado, “alejaría al Supremo de posiciones de moderación y lo llevaría hacia posiciones reaccionarias que no había tenido nunca”.
Asumir la desobediencia civil
Salellas, exdiputado de la CUP, se encuadró el verano pasado en el equipo de defensa de Cuixart que lidera la letrada Marina Roig. También forman parte del mismo el penalista Àlex Solà, que representó a los vecinos de Barcelona en el caso Palau, y el abogado suizo Olivier Peter, quien seguramente será el portavoz de Cuixart fuera del Supremo durante el juicio.
La apuesta de Cuixart por una defensa política se basa también en su condición de activista presidente de una entidad de la sociedad civil que no ha ocupado cargos públicos ni en el Govern ni en el Parlament. “Al no militar en ningún partido, la defensa de Cuixart sirve para aglutinar la transversalidad de todo el movimiento soberanista porque nadie puede siquiera interpretar o encorsetar su posición en una estrategia partidista”, reflexiona Salellas.
De ahí que tanto en su declaración como acusado como en los testigos y pruebas periciales que propondrá de cara al juicio, Cuixart no sólo intentará desmontar técnicamente la acusación por rebelión desmintiendo que el 20-S frente a Economía o el 1-O sean un alzamiento violento propio de la rebelión. También llenará de contenido político la vista oral dentro y fuera del salón de plenos del Supremo, acompañándolo de actos para dar a conocer el proceso judicial que organizará Òmnium Cultural, pensados especialmente para la opinión pública internacional. Difícilmente se repetirán los acatamientos cerrados de la Constitución de hace unos meses.
“Asumir la desobediencia civil, que por definición es pacífica, como instrumento de transformación social, y con todo lo que comporta de resistencia no violenta, supone también asumir las consecuencias. Así, hace falta reivindicarla como prueba de la verdadera salud de un estado de derecho social y democrático”, escribe Cuixart en el libro.
Esa reivindicación de la desobediencia civil y de los derechos de libertad de expresión y de manifestación, además de un alegato de defensa, serán herramientas de Cuixart para interpelar al tribunal, a las acusaciones y a la opinión pública en la vista. Este es otro de los elementos de la defensa política que se destaca en el libro: el acusado juega al ataque, toma la iniciativa y pasa a ser un sujeto activo en el procedimiento y no un objeto que simplemente se defiende de las acusaciones.
En este sentido, Salellas recuerda en el libro lo que el propio Tribunal Supremo sentenció en 2009 para absolver a los miembros de una fundación vasca por una campaña en favor de la desobediencia civil que la Audiencia Nacional, por contra, había encuadrado en la estrategia de ETA en en la célebre causa 18/98: “La desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática”. Una frase que de buen seguro volverá a aparecer en el juicio y que, en opinión de Salellas, “el Supremo parece haber olvidado”.
