La Fiscalía de Bruselas no quiere prisas para decidir sobre la euroorden de los exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín. A petición del ministerio público, la Justicia belga ha aplazado para el próximo 16 de mayo la primera de las vistas para evaluar la extradición que reclama el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha pedido más datos al juez Pablo Llarena, y, según fuentes fiscales belgas, en función de la celeridad del Supremo en responder a su petición de información en mayo se podría pedir un nuevo aplazamiento.
Este miércoles Serret, Comín y Puig han comparecido ante el tribunal de primera instancia que deberá decidir obre las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por el magistrado Llarena. La sesión ha durado un cuarto de hora: la Fiscalía ha pedido un aplazamiento, la defensa no se ha opuesto y, junto al juez, las partes han acordado la nueva fecha del 16 de mayo.
El abogado de los exconsellers, Paul Bekaert, ha explicado que, al no disponer de todos los datos, la Fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre la extradición. Fuentes del ministerio público belga han evitado precisar qué tipo de información adicional han reclamado al Supremo.
Tras la vista del próximo mes de mayo, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto la defensa de los exconsellers como la acusación podrán recurrirla.
Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los que la llamada 'Court d'appel', esto es, un tribunal de apelación, emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva. En conjunto, el procedimiento puede alargarse hasta dos meses, aunque también podía llegar a los 90 días si se dan circunstancias excepcionales.
De los tres exconsellers que permanecen en Bélgica, Comín es el único al que Llarena reclama por un delito de rebelión, al que se le suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados y reclamados por delitos de desobediencia y malversación. Los tres están en libertad pero ninguno puede abandonar Bélgica y deben comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran.