El juzgado bloquea las cuentas a los altos cargos del Govern procesados por malversación en el 1-O
Los 17 altos cargos del Govern y empresarios procesados por malversación de fondos públicos en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona tienen desde este martes las cuentas corrientes bloqueadas, han informado fuentes de las defensas a este diario. El embargo se produce después de que la secretaria judicial, testigo clave de la acusación por rebelión en el Supremo, constatara que los procesados habían aportado 3,7 de los 5,8 millones de euros de fianza que les impuso la jueza.
El inicio del embargo a los altos cargos para asegurar la cantidad impuesta como fianza se produce cuando la jueza Alejandra Gil todavía no ha resuelto los recursos de los procesados. Los altos cargos pidieron rebajar la fianza hasta los 3,7 millones –cantidad que sí han aportado a través de la caja de solidaridad– ya que los 2,1 millones restantes ya habían sido abonados por los exconsellers en la causa del Tribunal Supremo, por lo que entendían que se trataba de una fianza repetida.
En su auto de procesamiento, la jueza advertía a los altos cargos que debían aportar la fianza –de forma solidaria–, y que si no lo hacían se procedería al embargo de sus bienes. En este sentido, el juzgado ha solicitado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación. Antes de proceder al embargo de pisos y otros bienes, un tasador debe valorar las propiedades de los procesados, trámite que todavía está un curso.
En una diligencia del pasado 13 de mayo, la secretaria del juzgado, Montserrat del Toro, dio cuenta a la magistrada de que empezarían los trámites para embargar a los procesados para completar los 2,1 millones de euros que faltaban de fianza. Esta cantidad corresponde a presuntos gastos del Govern en favor del 1-O que ya fueron abonados por los consellers en el Supremo, como por ejemplo los relativos al envío de sobres y notificaciones a través de Unipost.
Del Toro, cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20-S en la conselleria de Economía es una de las patas de la acusación por rebelión, valoró que los 2,1 millones cuestionados por las defensas eran una cantidad depositada como fianza “en un procedimiento distinto del que se instruye aquí, ante un órgano judicial distinto de este juzgado instructor y respecto a unos hechos que ninguna resolución judicial firme haya declarado coincidentes con los investigados en este sumario”, en referencia a la causa del Supremo.
Asimismo, la secretaria judicial ha procedido a bloquear las cuentas no solo antes de que la jueza resuelva los recursos sobre la fianza, sino también incluso antes de que haya terminado el plazo para recurrir su diligencia del 13 de mayo, algo que han lamentado las defensas. Argumentan las defensas que es la jueza, y no la secretaria judicial, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado.
En conjunto, los 17 procesados por malversación, en una causa que acumula 30 procesados, son el secretario de comunicación del Govern, Antoni Molons; el exsecretario general de Presidencia, Joaquim Nin; el director general de comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; los informáticos del departamento de Trabajo David Palanques y David Franco; el director general de patrimonio, Francesc Sutrias; y el director general de relaciones institucionales Aleix Villatoro.
También están procesados por este delito el exdirector de la delegación del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj; el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo; la directora de servicios de Vicepresidencia, Natalia Garriga; el exdirector general de Unipost, Pablo Raventós; la directora general de servicios de T-Systems, Rosa Maria Rodríguez; el administrador de la revista El Vallenc, Francesc Fabregas; el director de Estrategia del CTTI, Josué Sallent; el responsable de informática del departamento de Exteriores, Xavier Puig; y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal.
