La confianza contenida mostrada este miércoles por Oriol Junqueras sobre el futuro de los presupuestos es la imagen que mejor describe la sensación general en el Govern. La prueba de fuego de la legislatura vendrá en las próximas dos semanas, cuando la CUP tome la decisión sobre su voto a las cuentas y, aunque en el Ejecutivo de JxSí tienen sensaciones optimistas no se resiste a agitar el fantasma de la vuelta a elecciones para asegurarse los votos anticapitalistas.
“[Estos presupuestos] son tan necesarios que creo que todo el mundo hará los pasos que hagan falta para asegurar que esto salga bien”, ha asegurado Junqueras en los micrófonos de Rac1, no sin antes recordar que un 'no' de la CUP a los presupuestos significa el fin de la legislatura y, por tanto, que no haya referéndum.
El espantapájaros de las elecciones viene a sustituir a las negociaciones con la CUP, con quien no ha habido reuniones desde la entrada a trámite del proyecto. Así, la semana que viene las enmiendas de los grupos llegarán a las comisiones, donde se debatirán las cuentas por departamentos. Pese a que no ha habido acuerdos formales en esta materia entre los dos grupos independentistas, nada hace pensar que en este tramo las cuentas puedan quedar rechazadas.
La decisión final de la CUP llegará a finales de este mes, después de asambleas plenarias en el territorio que desembocarán en una reunión conjunta entre el consejo político de la formación y el grupo de acción parlamentaria, que reúne a otros componentes de la candidatura. Antes que eso, este jueves, la CUP explicará cómo afronta el año en una conferencia política, que no está prevista con un protagonismo central de lo económico pero donde inevitablemente planeará el debate presupuestario.
Los anticapitalistas han tensado la cuerda para mostrar firmeza respecto a sus reivindicaciones. En un toque de atención hacia sus socios, la CUP ha avisado este miércoles de que sus posiciones están “muy alejadas” de las del Govern en materia de educación. El diputado Carles Riera ha exigido al Ejecutivo que incluya las “reivindicaciones de mínimos” del sector educativo y las ha cifrado en unos 150 millones.
La parálisis de las negociaciones no se produce por falta de información entre las partes. El pasado 20 de diciembre la CUP registró sus enmiendas a las cuentas después de avalar el primer trámite parlamentario –JxSí no registró ninguna. Los anticapitalistas quieren reubicar 760 millones del proyecto de presupuestos para aumentar el gasto social y financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
La CUP quiere canalizar los recursos a reubicar a través de fondos interdepartamentales. Mediante la reversión de servicios externalizados, en especial en el ámbito sanitario, los anticapitalistas calculan que se podrían conseguir 293,9 millones, que se usarían para garantizar su gestión pública. Otros 54,1 millones se destinarían a Educación mientras que 45,4 irían a la RGC y 41 a fomentar el alquiler público de vivienda.
Las medidas cupaires estiman que se podrían rescatar otros 3 millones de euros si las retribuciones complementarias de los altos cargos se redujeran un 19%. Y entre las partidas que tendrían que disminuir están también las destinadas a protocolo y al CTTI, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat que depende de la conselleria de Presidència, muy cuestionado por la CUP.
Asimismo, los anticapitalistas están ultimando sus enmiendas a la la ley de medidas fiscales, cuyo plazo de registro finaliza la semana que viene. No renunciarán a intentar incrementar el IRPF a las rentas altas y a hacer más progresivos los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, pese a la negativa del PDECat y de ERC a considerarlo. Todos los intentos de esta legislatura para lograr que las rentas altas catalanas paguen más impuestos se han saldado con el veto de Junts pel Sí, PP y Ciutadans a las medidas progresivas propuestas desde los grupos de izquierda.